Es de viva actualidad la llegada esta semana de una sesentena de jóvenes inmigrantes senegaleses sin papeles a Guissona, este pueblo que ha conseguido una presencia destacada a la vida comercial de todo Catalunya gracias a los establecimientos "Bon Àrea". La empresa, nacida y desarrollada en Guissona en torno a su cooperativa, da trabajo actualmente cerca de 6.000 personas en las diferentes unidades que conforman el conglomerado "bonÀrea Agrupa".
La llegada de inmigrantes en el municipio no es ninguna novedad, de hecho su economía se ha fundamentado de manera muy sustancial en el trabajo de extranjeros. Los datos poblacionales lo certifican de manera lo bastante clara. El año 2000, cuando la estructuración societaria de la cooperativa estaba en proceso de nacimiento, en Guissona vivían 3.339 personas, de las cuales 224 (7% del total) eran extranjeros, y de estas las procedentes de África sumaban la cifra de 155 (5%). Diez años más tarde (en el 2010), la población era de 6.267, prácticamente se había doblado, y de estos los que tenían nacionalidad extranjera eran casi la mitad, el que quiere decir que se habían multiplicado por 14. El salto de la población vino sobre todo de europeos.
Situados con datos recientes, en el 2022 en Guissona vivían 7.390 personas, de las cuales con nacionalidad extranjera 3.925 (un 53% del total), de los cuales 965 africanos (un 13% del total). En concreto, las comunidades dominantes están, en primer lugar, la ucraniana y la rumana, con más de 1.000 cada una de ellas, y la tercera, la senegalesa, con más de 500 personas.
A remolque de las llegadas masivas de migrantes a las islas Canarias, se espera que la llegada de los 60 senegaleses sin papeles en las dos últimas semanas pueda subirse hasta el centenar antes de acabar el año. El estado español no sabe qué hacer y los va asignando en la península. En el caso de Guissona, los afectados disponen de una muleta por el hecho de que existe una comunidad numerosa de su país, de modo que resulta más fácil que encuentren familiares y amigos en disposición de ayudarlos a hacer el aterrizaje en el "mundo desarrollado" que estaban buscando al marcharse.
La política de un problema difícil de solucionar, como es la denominada inmigración ilegal, consiste en chutar el balón adelante y alguien lo resolverá en el futuro
En el Ajuntament de Guissona, con una dilatada experiencia en la gestión de la llegada de trabajadores extranjeros, se le ha añadido trabajo con el caso de que nos ocupa, dado que se trata en su mayoría de personas sin papeles y sin derecho de asilo, lo que implica que no pueden trabajar legalmente porque no se pueden contratar. Los servicios sociales del consistorio están desbordados. De momento, el ayuntamiento les dará ayudas para comida y, según informa el diario El Segre, los empadronará en un centro cultural del pueblo a fin de que puedan acceder a servicios básicos como la sanidad. Sobre la vivienda, parece que los nueve llegados viven inicialmente en casas de amigos y familiares.
Así, particulares, ayuntamiento y entidades como la Cruz Roja o Cáritas, con medidas excepcionales, procuran a los inmigrantes subsistencia (comida), techo y servicios sociales básicos. De hecho, en el ámbito local de Guissona, con criterios humanitarios, se están poniendo parches a una situación sobrevenida, en la cual ni la Generalitat ni siquiera el gobierno central, que es el titular de las competencias, saben exactamente como gestionar. A la larga, la solución es, como ya hay precedentes en España, regularizar la situación de estas personas, de manera que puedan acceder a contratos laborales. Mientras tanto, la política de un problema difícil de solucionar, como es la denominada inmigración ilegal, consiste en chutar el balón adelante y alguien lo resolverá en el futuro. En las comarcas de Lleida, sobre todo en las frutícolas en temporada, tienen una larga experiencia en este tipo de problemas y en cómo gestionarlos.
El episodio que comentamos relativo a Guissona existe y se puede extender en el futuro como una mancha de aceite en otros lugares|sitios del país. No es un hecho puntual, sino que más bien es un fenómeno en vías de crecimiento, entre muchas otras cosas, agravado por la crisis climática. Si lo tomamos como ejemplo es porque da mucho de sí, no solo en términos humanitarios (mecanismos de regulación de la inmigración, presión sobre servicios sociales, etcétera), sino también en términos económicos y demográficos.
Para apuntarlo de manera sintética y no como crítica empresarial, sino simplemente como constatación: en Guissona, una plaza con gran potencia económica, no había población autóctona para cubrir las necesidades de mano de obra y se tuvo que recurrir a la inmigración. Como resultado del gran aumento de la actividad, el PIB total del municipio ha crecido mucho. Pero la renta familiar disponible por habitante está completamente estancada entre los 14.000 y 15.000 €, y sigue siendo un 16% más baja que la catalana.
Eso con inmigración regular, legal. Con la no regular, estos registros están destinados a bajar, y no solo en Guissona.