Si Catalunya vive su particular intrahistoria sobre los encuentros y desencuentros entre Junts pel Sí y la CUP para investir al president de la Generalitat antes de que se inicie la campaña de las generales el 4 de diciembre próximo, el Madrid político ha aparcado durante unos días el debate soberanista para rescatar de las hemerotecas el atentado del 11M. Y, sobre todo, las manifestaciones de 2003 bajo el paraguas del no a la guerra. La gran inestabilidad que reflejan las encuestas y el aparente techo electoral del partido del Gobierno, que no logra perforar la barrera psicológica de los 130 escaños (actualmente tiene 185), han puesto en alerta al equipo de campaña del PP tras el atentado de París.
Muchos de los colaboradores de Rajoy, hoy con un puesto en el Consejo de Ministros, recuerdan muy bien lo que supuso el atentado del 2004, pero de una manera muy especial la gestión que hizo el gobierno presidido por José María Aznar, y la prepotencia con que se manejó durante un año toda la participación de España en la guerra de Iraq. También, la contundente respuesta ciudadana que llenó las calles de las principales ciudades españolas bajo el lema "No a la guerra", en febrero del 2003, y que prolongó durante un año el sentimiento pacifista.
De ahí que Rajoy no quiera hablar hasta después del 20D de la participación de España en la guerra de Siria y que huya como gato panza arriba del belicismo de París y del reiterado lenguaje que practican sus autoridades: "Estamos en guerra". Aunque el mando de la OTAN desplaza fuera de Madrid el centro de decisión, un titular de "España entra en guerra" es uno de los mayores pánicos escénicos que son capaces de imaginar. Este perfil bajo que Rajoy ha ordenado a sus ministros en esta cuestión también quiere evitar que en las semanas que faltan se puedan organizar manifestaciones contra el PP o ser objeto de una campaña por sus posiciones belicistas. Después del 20D será otra cosa, se repite.
En esta obsesión por gestionar este asunto al milímetro de lo políticamente correcto (lamentablemente, más allí que aquí) se ha tratado de hacer un primer cinturón parlamentario lo más amplio posible. Tan solo se ha descolgado Podemos y los líderes institucionales de organizaciones afines, como las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau. No deja de ser llamativo que en este manejo sospechosamente partidista de una cuestión tan seria para la ciudadanía haya quedado fuera de la información institucional el president de la Generalitat en funciones, Artur Mas, o los partidos que ganaron las elecciones el pasado 27S. El mejor servicio que los gobernantes pueden prestar a los ciudadanos es aparcar sus diferencias políticas en otros ámbitos cuando de lo que se está hablando es de unidad contra el terrorismo.