Inicios del año 2024. Recapitulemos. El siglo XXI no es, de momento, nada propicio a las democracias. Desde finales del siglo XX, ha habido retrocesos tanto en el número de democracias como en la evolución interna en una buena parte de estados (Turquía, Hungría, Polonia, el Sahel africano, Cáucaso, Hong Kong, Myanmar, etc.). A todo ello se le añaden cambios como la ampliación de los estados BRIC, liderados por China y la India, así como el papel creciente de Corea del Sur, Irán o Indonesia. Hoy se percibe un panorama mundial lleno de interrogantes (por ejemplo, un triunfo de Trump en las próximas elecciones presidenciales de los EE.UU. tendría consecuencias a escala global). Previsiblemente, a partir del año 2025 el mundo cambiará, no necesariamente a mejor.
La política doméstica catalana es totalmente otra cosa. Actualmente, si juega bien sus cartas, el independentismo no es lo bastante fuerte para sacar Catalunya del Estado, pero sí para ir sacando el Estado de Catalunya.
Los objetivos históricos del catalanismo político han sido obtener un reconocimiento nacional, tanto en el contexto del Estado como en el ámbito internacional, así como alcanzar una capacidad de autogobierno político, económico, simbólico, lingüístico y cultural proporcional a este reconocimiento. Sin embargo, ni el catalanismo ha sido lo bastante fuerte para conseguir un reconocimiento y un autogobierno sólidos, ni el nacionalismo español lo ha sido para disminuir o eliminar las reivindicaciones catalanas. Se trata de un conflicto entre dos debilidades. Asimétricas, eso sí. En lo que llevamos de siglo XXI, podemos resumir la evolución del catalanismo político a partir de tres oleadas del conflicto con el Estado:
1. 2005-2010. Reforma Estatut. 89% del Parlament a favor de la propuesta (2005). Rebaja de contenidos en las Cortes encabezada por el PSOE (2006). Referéndum con escasa participación (49,4%) y porcentaje significativo en contra (20,6%). Movilización del PP con recogida de firmas. Sentencia del TC (2010) que lamina todavía más el texto ya recortado del 2006.
Resultado de la primera oleada: Catalunya se rige por un Estatut empobrecido que la ciudadanía no ha votado. Fuerte deslegitimación en Catalunya del TC y de la Constitución española, incluido el llamado "estado de las autonomías". Ruptura implícita del pacto constitucional de la Transición.
El año 2025, el segundo de la legislatura española, podría ser un periodo más decisivo en términos de acuerdos políticos, económicos, simbólicos y culturales concretos de país
2. 2010-2023. Crecimiento empírico del independentismo en Catalunya. Importantes movilizaciones ciudadanas. Consulta y referéndum (2014 y 2017). En el referéndum del 2017, a pesar de las dificultades técnicas y logísticas y la no participación de los partidarios del no, se registra una participación (43%) comparable a la del referéndum del Estatut del 2006. Microdeclaración de independencia. Aplicación dudosamente constitucional del artículo 155 de la Constitución española de 1978. Fenómeno del "a por ellos" avalado por el rey. Represión policial y jurisdiccional. Exiliados y presos políticos. Judicialización del conflicto político. Sentencia del Tribunal Supremo por sedición. Movilizaciones en contra. Casos ante los tribunales europeos (TJUE, Tribunal de Derechos Humanos). Pronunciamientos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa en contra de prácticas políticas y jurídicas del Estado, que son factores clave de los posteriores indultos de los presos políticos y de la reforma del Código Penal.
Resultado de la segunda oleada: Congelación del conflicto de fondo. Desconexión emotiva de buena parte de la ciudadanía catalana del Estado, la Constitución y la monarquía. Vulneraciones del estado de derecho en relación al independentismo. Desprestigio internacional de la democracia española. Decepción de sectores independentistas y división estratégica ente JuntsxCat y ERC. Aumento de la polarización política en Catalunya y en el Estado. Politización de la justicia en clave nacionalista española de tono autoritario. Ningún avance sustancial en la canalización del conflicto nacional-territorial de fondo.
3. A partir de julio 2023. Elecciones generales españolas. Ausencia de mayorías absolutas. Pactos de investidura del PSOE con fuerzas de la oposición, básicamente de Catalunya y País Vasco. Canalización de una ley de amnistía. Acuerdos paralelos del PSOE con ERC (Rodalies) y JuntsxCat (acuerdo-marco a desarrollar en la legislatura). Novedad de la presencia de relatores/verificadores internacionales sobre el desarrollo y cumplimiento de los posibles acuerdos concretos. Agenda de temas de reconocimiento nacional y de autogobierno en varias materias. Contexto que va tiñéndose de "plurinacionalidad", pero de momento solo en la retórica política. La izquierda española (PSOE-Sumar) sigue sin ofrecer un modelo territorial-nacional alternativo al fracasado y desprestigiado estado autonómico. Movilizaciones de la derecha y extrema derecha españolistas contra la amnistía y los acuerdos de investidura.
Esta tercera etapa de momento no supone naturalmente un escenario para la independencia del país. Es decir, para que Catalunya decida por sí misma sus interdependencias con otros estados y actores internacionales. Dadas las experiencias anteriores, históricas y recientes, así como la cultura política muy poco liberal de los partidos e instituciones españolas y una división interna bastante ciega del independentismo, las previsiones iniciales de esta tercera etapa son al mismo tiempo de una cierta expectación rodeada de mucha incertidumbre condimentada con fuertes dosis de escepticismo sobre los potenciales resultados prácticos. Sin embargo, hay importantes cartas para jugar tanto en el terreno del reconocimiento nacional como en el autogobierno/autodeterminación. Negociar por separado por parte de ERC y Junts no es necesariamente negativo de cara a los resultados finales. Sin embargo, siempre sería de agradecer una coordinación tanto en la estrategia y gestión de los puntos de acuerdo como de las discrepancias. ¿Quizás a partir de procedimientos con participación de independientes?
En política internacional no se sabe —hay muchos actores y escenarios—, pero en política doméstica parece que la primera mitad del año 2024 será más bien de transición. En cambio, a partir de septiembre y del año 2025, el segundo de la legislatura española, podría ser un periodo más decisivo en términos de acuerdos políticos, económicos, simbólicos y culturales concretos de país. Resulta previsible que hasta el próximo verano todo gire principalmente en torno a la ley de amnistía, los recursos ante el TC y las prejudiciales ante el TJUE, así como a unas elecciones europeas en buena parte protagonizadas por el ascenso de los partidos de extrema derecha y la inmigración. Que tengamos un buen año.