El Procés se acabó, pero el conflicto político no. El Procés, guste o no, se haga befa o no, es una etapa que se estudiará como una fase concreta de la Historia de Catalunya. Cada vez están más claros sus límites temporales: del rechazo al nuevo Estatut de Catalunya (2005-2010) a la mayoría absoluta en el Parlament de partidos no independentistas (2024), teniendo en octubre del 2017 su punto álgido. El Procés se acabará definiendo como uno de los momentos por los que ha pasado la relación entre Catalunya y España, pero —a pesar de todo— esta relación no está resuelta ni mucho menos. Como bien decía esta semana Jordi Cabré, siempre se ha asociado independentismo a conflicto cuando, en realidad, el conflicto es la dependencia política que tiene Catalunya de España y, añado, la dependencia económica que tiene España hacia Catalunya. Pero como toda fase histórica, hay unos años de crecimiento y unos de decrecimiento. Ahora nos encontramos en una de las zonas valle de esta línea histórica, pero que ni unos se dejen vencer por la desesperanza ni otros den por ganado el partido. De hecho, los segundos lo tienen mucho más claro que los primeros. No hay que tirar muy para atrás para observar síntomas de la existencia de este conflicto, de hecho solo en los últimos siete días:

Nueva semana desastrosa en Rodalies con incidencias diarias y sostenidas en el tiempo. Se evidencia la falta de inversiones hechas en los últimos años, la mala gestión de situaciones sobrevenidas (como la desconvocatoria de una huelga que lo siguió siendo) y el secuestro de buena parte de la red y el servicio por parte de unos sindicatos que, directamente, prefieren el mal servicio de ahora con Renfe a un buen servicio futuro con los Ferrocarriles de la Generalitat. Hay huelgas laborales y vagas políticas; la de esta semana ha sido una huelga patriótica (española). En el ámbito de las infraestructuras esta semana, siguiendo con los trenes, tampoco se ha librado la Alta Velocidad con averías y retrasos de varias horas. Y una vez más, se ha evidenciado que el segundo Estado del mundo con más kilómetros de Alta Velocidad (y casi 60.000 millones de euros invertidos) no tiene unidas la segunda y la tercera ciudad más pobladas, en este caso Barcelona y València. El corredor del Mediterráneo es un andador.

Por cada 100.000 habitantes, Catalunya acoge a 64 menores migrantes no acompañados; Madrid 22

Polémica por el reparto de menores migrantes no acompañados. En este caso la polémica es estrictamente de relato (que no deja de ser importante) porque con cifras en la mano, no se aguanta por ningún sitio. Entre 2015 y 2023, Catalunya ha acogido a más de 10.000 jóvenes en esta situación. En el mismo periodo, la Comunidad Autónoma de Madrid acogió menos de 6.000. Y ahora, grandes aspavientos porque en el nuevo cupo, a Catalunya llegarán 26 y a Madrid más de 700. Los titulares mediáticos van tan rápido que el debate ha girado en torno al reparto actual en lugar de preguntarse qué se había hecho hasta ahora para que hubiera este desequilibrio entre territorios. El caso es que los dos líderes que más han bramado contra este pacto entre Junts y PSOE han sido Isabel Díaz Ayuso (PP, Madrid) y Emiliano García-Page (PSOE, Castilla-La Mancha). Hace mucho tiempo que los gurús de la lucha contra las fake news y los relatos trumpistas aconsejan combatirlos con datos más que con narrativa. Por cada 100.000 habitantes, Catalunya acoge a 64 menores no acompañados. La media estatal es de 34. Cierran la lista, en penúltima posición, Madrid con 22 y en última, Castilla-La Mancha con 21. Pero los identitarios que no pueden asumir más menores son los catalanes.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha ordenado a doce escuelas que sigan aplicando una cuota del 25% de asignaturas impartidas en castellano. Este caso incluye un doble debate. El primero es el lingüístico. Después de que haya un consenso unánime de que en Catalunya es el catalán la lengua a proteger y promover, la justicia española sigue empeñada con que de aquí a unos años haya alumnos que salgan de la escuela sabiendo solo una lengua, la castellana, cuando —con todos los matices del mundo— el sistema educativo puede procurar que sepan dos. Son muy pocas, pero hay familias que, deliberadamente, quieren que sus hijos aprendan menos de aquello que les ofrece la escuela. Con las opciones personales de cada uno no me meto, pero lo que no es de recibo es que esta minoría condicione al resto de familias del centro escolar y que, mayoritariamente, apuestan por la inmersión. Que conste, pues, que la justicia española apoya a esta minoría muy minoría. Pero esta decisión del TSJC contiene otra muestra de conflicto político: desde 2022 está prohibido que en Catalunya haya un porcentaje predeterminado de lenguas cooficiales en la educación. Así pues, fijar una cuota (en este caso del 25%) no se ajusta a lo que dice la ley, concretamente a dos decretos aprobados por la Generalitat. Lisa y llanamente: una vez más, la justicia española ha pisado la principal institución de Catalunya.

Por más que se quiera esconder con analgésicos y dormir con anestesia, el conflicto está ahí

El Senado ha prohibido la admisión de un texto por el simple hecho de que se decía la palabra nación y no atribuida a España sino a Catalunya. Ya no se ha entrado ni al contenido, se ha tumbado por la presencia de la palabra nación. Se debatía una moción sobre quién, precisamente, tiene que tener las competencias en inmigración en Catalunya. Eduard Pujol, en nombre de Junts, presentó una enmienda en la que se decía que "en tanto que Catalunya es una nación", le corresponde tener esta responsabilidad. Por la simple inclusión de la palabra "nación", la mesa del Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta) rechazó ni siquiera registrarla, es decir, no es que se votara en contra de la enmienda, sino que simplemente no se dejó ni que se votara. El motivo: la inclusión de la palabra Catalunya al lado de nación. Los que lo vetaron se autoetiquetan como no nacionalistas.

El delegado de la Generalitat en Perpinyà, Christopher Daniel Person, se niega a utilizar la denominación Catalunya Nord para referirse a... la Catalunya Nord. Es como si el delegado en las Terres de l'Ebre dijera que no es el delegado en las Terres de l'Ebre. El motivo que ha esgrimido es que la terminología de Francia no incluye este término histórico, sino que lo reduce al puramente geográfico: Pirineos Orientales. Más allá de la voluntad política de no decir Catalunya Nord en las comarcas del Roselló, Vallespir, Conflent, Alta Cerdanya, Capcir, Aspres y la Fenolleda, el precedente que establece es un indicativo de qué sesgo tiene la normalidad que predica el actual gobierno de la Generalitat. Y una última cosa sobre este episodio: siempre que se plantea una polémica de este tipo (de las que no afectan a los problemas cotidianos de la gente) la carga de frivolidad siempre cae del mismo lado. Es decir, solo se acusa a unos de preocuparse de supuestas cuestiones superfluas, y es igual de tozudo —y político— ponerse firme al decir Catalunya Nord como ponerse firme al no decirle así.

Son solo cinco muestras de la evidencia del choque político, institucional, social y económico que sufre Catalunya. Apuesto que dentro de una semana encontraríamos cinco más. No son casos aislados, es una constante. Por más que se quiera esconder con analgésicos y dormir con anestesia, el conflicto está ahí. Como también está ahí la desmovilización, lógica también desde un punto de vista de agotamiento general. Después de años de movilización constante y diaria y que, aparentemente no han servido para el objetivo final, muchos independentistas se han puesto en modo avión, es decir, se han aislado momentáneamente del movimiento mientras la vida y la política transcurre en otro plano. Pero que tenga todo el mundo claro que el choque está y que una cosa es estar en modo avión y otra apagar el móvil. Es decir, que solo pulsando un botón todo el mundo volverá a estar conectado.