Esta semana, primero la Unión Europea y después Pedro Sánchez han alertado de una posible injerencia de Elon Musk a las elecciones que se tienen que celebrar en Europa en los próximos meses y en especial las alemanas del 23 de febrero. El 16 de noviembre del 2012, a nueve días de las elecciones en el Parlamento, el diario El Mundo publicó en toda portada el siguiente titular: "La Policía vincula cuentas Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU". Antes de la publicación de esta noticia, las encuestas daban a CiU la mayoría absoluta en aquellos comicios. Después de publicarse aquella noticia, los sondeos fueron detectando una bajada de la formación de Artur Mas y el 25 de noviembre de 2012 se constató el retroceso, y se pasó de 62 diputados a 50. Ante aquel éxito (que incluso su director, Pedro J. Ramírez, celebró públicamente), el 27 de octubre del 2014, a siete meses de las elecciones municipales, el mismo medio publicó a toda portada: Investigan una cuenta de 12,9 millones de Xavier Trias en Andorra. Y en mayo del 2015 Trias perdió unas elecciones que acabaría ganando Ada Colau. Tanto en el primer caso como en el segundo quedó demostrado que todo había sido un montaje de la policía patriótica que había conseguido alinear el ministerio del interior, la Agencia Tributaria, la fiscalía, el poder judicial y los medios de comunicación en lo que después se acabaría conociendo como Operación Catalunya. Si eso no es una injerencia en unas elecciones se le parece mucho.

El problema, pues, no son las fake news en sí, sino quién le da credibilidad y apariencia de autenticidad. En el caso español, no solo había un engranaje político, judicial y mediático avalando fake news sino que eran ellos quienes las fabricaban directamente. Ahora bien, para que estas noticias falsas tengan consecuencias políticas hace falta que esta credibilidad la dé también el adversario político que lo utilizará como arma electoral. Al día siguiente de la publicación de la noticia que en el 2012 vinculaba Mas con Suiza, en los mítines del PSC se repartieron pancartas con la frase "Catalonia is not Switzerland", que ridiculizaba el "Catalonia is not Spain" independentista. Durante la campaña electoral de las municipales del 2015, en el acto central de Ada Colau, Pablo Iglesias dijo de Artur Mas, Jordi Pujol y Xavier Trias que eran "gentuza" y "ladrones" en los que "la única patria que les importa es el país extranjero donde tienen escondidos el dinero".

Las cuentas de Mas y Trias en Suiza, Tamara Carrasco terrorista o los 10.000 soldados rusos en Catalunya eran fake news fabricadas por el estado y que nadie desmintió"

Seguramente lo hicieron sin querer, pero con este uso político de las noticias de El Mundo para atacar el adversario, socialistas y comunes estaban avalando la actuación de una policía patriótica de la que después, por cierto, serían víctimas. Es ahora que el PSOE y particularmente Pedro Sánchez ha probado la medicina en su propio entorno que el Gobierno ha empezado a legislar contra todo eso, contra la llamada máquina del barro. Y si no fuera porque es una cosa muy seria y fundamental por|para un estado de derecho, haría reírse de que justo ahora un gran partido español prepare una ley contra el lawfare que, atención, quiere eliminar las acusaciones populares o que se inicien procesos judiciales con base en recortes de periódico. Es exactamente así como durante años el Estado español ha combatido la credibilidad política de un movimiento democrático como el independentista. Porque en las fake news de las elecciones del 2012 y del 2015 siguieron centenares de mentiras fabricadas con el mismo sistema y el mismo objetivo: Tamara Carrasco era una peligrosa terrorista, los profesores del instituto Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca discriminaban alumnos en función de si eran hijos de guardias civiles y alguien pactó la llegada de 10.000 soldados rusos a Catalunya para combatir al ejército español a cambio que la nueva república fuera un aliado estratégico de Moscú en esta parte del mediterráneo.

Todo eso se dijo, se publicó y se comentó en tertulias pero también se investigó, se abrieron diligencias judiciales y se utilizó políticamente. Y en algunos casos, seguramente también sin querer, políticos independentistas también cayeron en la trampa y dieron por buenas las informaciones porque aquello los beneficiaba electoralmente. Y todos estos casos (Mas, Trias, Tamara Carrasco, profesores de Sant Andreu de la Barca o Rusia) tienen otro punto en común: cuando ya han provocado el efecto deseado, han acabado en nada, archivados todos, ni siquiera se ha hecho un juicio. Pero el daño a unos y el provecho político para otros ya estaba hecho.

La ley anti-lawfare del PSOE se parece más a un intento de evitar nuevos casos Pedro Sánchez que nuevos casos Operación Catalunya"

Por lo tanto, puede parecer una buena oportunidad reformar la ley judicial para, precisamente, no permitir abusos judiciales. Ahora bien, con lo que se ha hecho público hasta ahora, esta propuesta de ley se parece más a un intento del PSOE de evitar nuevos casos Pedro Sánchez que nuevos casos Operación Catalunya. La propuesta socialista no habla de, por ejemplo, qué grado de lawfare es que te espíen el móvil con Pegasus y el uso político y judicial que se hace basándose en conversaciones obtenidas cuando te han pirateado el teléfono ilegalmente. O tampoco entra con qué hacer con jueces como Manuel García-Castellón o Joaquín Aguirre que actúan deliberadamente para evitar el cumplimiento|cumplido de una ley, en este caso la de amnistía. Los dos maquinaron casos como el Volhov o el Tsunami para imputar unos delitos (alta traición, terrorismo...) incompatibles con esta amnistía. Y no solo lo hicieron sino que en algunos casos llegaron a presumir públicamente.

Y claro está, cuando hay una actuación judicial con su apariencia de rigor y oficialidad, no hay verificadores anti fake news que valgan. Si un chalado escribe que la tierra es plana, pronto saldrá un verificador a decir que la ciencia ha demostrado que es esférica. Si alguien publica un vídeo de un antiguo atraco en Murcia y lo hace pasar por un vídeo de un atraco reciente en el Baix Llobregat saldrá un verificador y lo desmentirá. Pero nadie ha salido a verificar nada de los profesores del instituto de Sant Andreu de la Barca porque durante siete años, efectivamente, han estado formalmente acusados de delitos de odio y de ataque a la integridad moral de las personas. Odio. Literalmente. Si todo un sistema judicial, con el aval político y la resonancia mediática han dado por hecho que los nueve docentes adoctrinaron a unos alumnos y vejaron otros, ni Mark Zuckerberg ni todo Meta moverán un dedo para defender la versión de los profesores. Todavía menos aquellas cuentas de verificación más próximas, que, por cierto, igual que los medios de comunicación convencionales, también tienen línea editorial. ¿De todas las fake news que circulan por el mundo, por qué se escoge desmentir unas sí y otros no? Muy sencillo, por criterios editoriales, de la misma manera que un diario pone en portada unas cosas sí y otras no o que en un informativo de una hora entren algunas noticias y otras no.

Por todo ello, pues, el más inmediato, y aparentemente más útil, sería hacer un cordón sanitario y político en las fake news y hacer un pacto nacional para no utilizarlas como argumento político o electoral. E incluso, en un mundo ideal, que el adversario político hipotéticamente beneficiado, como por ejemplo Ada Colau en el 2015 saliera y dijera que todo aquello publicado era mentira, que Trias está a sus antípodas políticas pero no tiene cuentas en Suiza y que, por lo tanto, no utilizaría esta información falsa en campaña. Pero eso no pasó. Porque este cordón sanitario contra las fake news, además de ser inmediato y eficaz, también resulta extremadamente ingenuo.