Es cierto que vivimos una época con mucha polarización de posiciones. Pero es tan cierto eso como que esta polarización es más cualitativa que cuantitativa, es decir, los extremos son muy poderosos y hacen mucho ruido pero hay un enorme carril central de la sociedad donde vive la mayoría de la población. Con todos los matices, diferencias y grises pero todavía son mayoría aquellos que se sienten incómodos en las puntas del tablero político. Esta semana hemos visto un ejemplo con el acuerdo que permitirá a la Generalitat tener las competencias en inmigración. Catalunya tenía 6 millones de habitantes en 1990. En el 2007 se llegó a la cifra de los 7 millones y el 2023 a la de los 8 millones. Pero desde el 2018 y hasta la actualidad el crecimiento vegetativo es negativo, es decir, hace siete años que nacen menos catalanes de los que mueren. A pesar de eso, el número de habitantes en Catalunya es superior año tras año, de manera que no hay que ser muy entendido en la materia para concluir que este crecimiento de la población viene dado por la llegada de personas extranjeras.

El camino del medio, allí donde hay tanta gente, transita entre los que durante años han querido negar esa realidad y los que, en el otro extremo, han promovido el discurso del odio contra los recién llegados. Entre el "aquí no pasa nada" y el "deportémoslos a todos" hay un espacio muy grande. Hay una política de estado, adulta y responsable que se ha acabado traduciendo en esta carta de derechos y deberes que inspira el acuerdo entre Junts y PSOE para la gestión de la inmigración en Catalunya. Un acuerdo que busca la cohesión entre todos los catalanes y donde, por lo tanto, cada uno tiene que poner de su parte. Ni es racista hablar de integración ni es woke asumir que, como siempre a lo largo de su historia, y casi como un factor inherente a su existencia, parte de la población de Catalunya no ha nacido en Catalunya.

Si en Salamanca se considera que todo recién llegado tiene que acabar aprendiendo castellano, en Mataró con el catalán, también"

Traducido a hechos prácticos de la futura ley: los recién llegados aterrizarán en un país social y democrático donde, lógicamente, tendrán garantizados los derechos básicos como la asistencia sanitaria, la educación o el permiso a trabajo y donde, además, no vivirán en centros de internamiento (CIE) en condiciones infrahumanas que, por cierto, continuaron abiertos cuando Podemos estaba en el Gobierno y Pablo Iglesias era vicepresidente. Y en lo que refiere al ámbito de los deberes, lo qué es un éxito no es la lista de requisitos para obtener el permiso de residencia sino el simple hecho de que se asuma que, también los extranjeros, tienen estos deberes. La lista en sí no supone ninguna excepción respecto de lo que se hace actualmente en Europa. Si los ciudadanos de Salamanca consideran que tarde o temprano todo el mundo que vive en Salamanca, haya nacido donde haya nacido, tiene que saber castellano, puede resultar lógico que los ciudadanos de Mataró piensen lo mismo respeto el catalán.

De hecho, ya no es una cuestión de lógica, que también, sino de legalidad: la ley de extranjería actual, redactada mucho antes que el acuerdo Junts-PSOE, dice en su artículo 2.2 que las administraciones públicas desarrollarán medidas específicas para que los extranjeros se integren, y eso pasa tanto por el respeto a los valores democráticos de la Unión Europea (como por ejemplo la igualdad hombre-mujer) como para garantizar "la escolarización en la edad obligatoria y el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales". La misma ley considera que saber la lengua de allí donde vas es un "factor esencial de integración", y hasta donde yo sé, el catalán es lengua oficial en Catalunya. Pero por si eso fuera poco, el 17 de octubre del 2024, el TJUE (el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sentenció a favor de Holanda en la legislación que obliga a conocer el neerlandés para obtener el permiso de residencia. De hecho, desde el 1 de enero de 2022, es obligatorio tener el nivel más elemental de la lengua neerlandesa para tenerlo: se dispone de un año para acreditarlo.

Si te crees la plurinacionalidad del estado, el traspaso de competencias no tiene que ser en función de sí te gusta cómo lo harán ideológicamente"

Y respeto a la discusión de si estas competencias son más o menos racistas en función de si las gestiona la Generalitat o el Estado Español, el argumento cae por sí solo e incluso sorprende su absurdidad viniendo de una formación pretendidamente vestida intelectualmente cómo es Podemos. ¿Si el marco legal es el mismo, por qué es racista si se gestiona desde la plaza Sant Jaume y no desde la Moncloa? ¿Si algún día gobiernan PP y Vox en Madrid y gestionan la inmigración de todo el estado, Podemos pedirá entonces una dispersión de las competencias hacia administraciones gobernadas por formaciones progresistas? Todavía más: ¿cómo es que Podemos no ha pedido un 155 de todas las competencias autonómicas que actualmente gestionan los gobiernos de PP y Vox con políticas de extrema derecha? Creerte la plurinacionalidad quiere decir que eres respetuoso con la transferencia de poder del estado a las administraciones de las naciones históricas, te guste o no como lo hagan. Si apruebas o rechazas un traspaso en función de la ideología que, supuestamente, tendrá la Generaliat, entonces no eres plurinacional sino un paternalista del tamaño de Cuba. Y finalmente, si exigir el castellano no es racista y exigir el catalán lo es, entonces el criterio no es ideológico sino nacional. Y eso, además de coincidir con PP y Vox, lo qué destila es, precisamente, aquella actitud xenófoba que tanto se critica.