“El fenómeno migratorio impacta de lleno en las sociedades europeas y conlleva cambios y transformaciones para los que los gobiernos deben estar siempre preparados y afrontarlos de manera responsable”. Así comienza la exposición de motivos de la proposición de ley orgánica que han acordado PSOE y Junts para delegar a la Generalitat competencias que son exclusivas del Estado en materia de inmigración.
Es interesante releer esta exposición de motivos que, desde la ignorancia, la frivolidad y con no pocas dosis de mala fe, ha sido calificada de racista y xenófoba por diputados supuestamente de izquierdas, porque, independientemente del éxito o fracaso de la iniciativa legislativa, el documento presentado en el Congreso rompe tabúes y trata el fenómeno de la inmigración con un coraje y un rigor poco habitual en un debate siempre cargado de demagogias.
He aquí algunos párrafos significativos: “La migración es una realidad global que supone un desafío al que hay que dar respuesta apostando por una migración regular, ordenada y segura, que ponga en el centro los derechos humanos (...). El impacto sobre la sociedad es transversal, tocando diferentes ámbitos como el educativo, el sanitario, el de los servicios sociales, el de infraestructuras, el de vivienda o los usos de espacios públicos, entre otros (...). La responsabilidad de los gobiernos no consiste solo en atender estas necesidades de manera sostenible, sino también en evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social. Un riesgo alimentado a veces por la desinformación y las falsedades, que pueden aprovechar las ideologías radicales de distinto signo que buscan erosionar los valores sobre los que se ha fundado el modelo de paz, prosperidad y libertades que ha conocido Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Un radicalismo que abarca desde la xenofobia y el racismo hasta el integrismo religioso y el terrorismo, fenómenos ante los cuales la democracia debe reaccionar y actuar sin complejos”.
La conveniencia de una política migratoria específica en Catalunya está justificada por dos evidencias incontrovertibles: el flujo migratorio es mayor, solo comparable a nivel europeo con el de Alemania, y por la diferente realidad cultural y lingüística, que requiere un sobreesfuerzo en los procesos de acogida
Son criterios contrarios a las demagogias de los extremos que se retroalimentan, pero siempre a favor de la extrema derecha. Unos rechazan la inmigración y otros dan la bienvenida a tantos inmigrantes como quieran venir. Sin embargo, los inmigrantes no se instalan en los barrios elegantes, sino en las zonas más empobrecidas, y esto explica en parte el trasvase de votos en los antiguos feudos de los partidos comunistas o de la izquierda más radical directamente a la extrema derecha, como ha pasado en Francia y Alemania y, al parecer, en Torre Baró.
Desde el punto de vista español, el asunto no tiene nada que ver con la inmigración, sino con la distribución del poder político. Desde el punto de vista catalán, también hay una reivindicación de más poder político, pero sobre todo una preocupación por la gestión de un fenómeno imparable que implica nuevos desafíos sociales y culturales. Las referencias a la inclusión de los inmigrantes han sido una constante en la historia del catalanismo político, sencillamente por una cuestión de supervivencia.
La conveniencia de una política migratoria específica en Catalunya está justificada por dos evidencias incontrovertibles: el flujo migratorio es mayor, solo comparable a nivel europeo con el de Alemania, y por la diferente realidad cultural y lingüística, que requiere un sobreesfuerzo en los procesos de acogida que deben garantizar la inclusión y la cohesión social.
Las referencias a la inclusión de los inmigrantes han sido una constante en la historia del catalanismo político. Las acusaciones de racismo y xenofobia solo pueden responder a intereses inconfesables, cuando todos los gobiernos catalanes han practicado políticas más inclusivas y humanitarias que los gobiernos españoles, con Fernández Díaz y Grande Marlaska ensañándose con los inmigrantes
Por citar solo un ejemplo, si los hijos de los inmigrantes no aprenden catalán en la escuela, la desaparición del catalán será un fenómeno inexorable. Esto tiene la importancia que cada uno quiera darle. Quizás para Podemos no tiene ninguna y para PP y Vox sería una alegría, pero también es lógico que los hablantes de la lengua no quieran que desaparezca y no por ello merecen ser considerados xenófobos y racistas. En todo caso, el flujo migratorio impacta en las escuelas y para gestionarlo hacen falta más maestros, menos alumnos por maestro, atención personalizada, programas específicos… es decir, más recursos públicos, muchos más. Y es la escasa referencia en la proposición de ley orgánica a los recursos que necesitará la Generalitat para ejercer las nuevas competencias lo que hace temer que pueda ocurrir como en otras transferencias de asuntos conflictivos, prisiones, cercanías, etc., en las que el Estado transfiere los problemas pero no las inversiones necesarias para afrontarlos.
La trascendencia del acuerdo PSOE-Junts queda bien patente al utilizar el artículo 150.2 de la Constitución Española, un hecho tan excepcional que solo se había usado una sola vez. Fue precisamente cuando, creando un precedente, el Gobierno de José María Aznar pactó con Convergència la retirada de la Guardia Civil de las carreteras catalanas para sustituirla por el cuerpo de Mossos d’Esquadra. A continuación, los Mossos se desplegaron por todo el territorio como la policía integral de Catalunya. Así que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tendrá mucha credibilidad en su queja de manual respecto a cualquier asunto relacionado con Catalunya, aunque también es cierto que la tramitación de la ley orgánica y su aplicación dependen de tantas variables que todo está por hacer y el camino es cuesta arriba.
De entrada, resulta bastante misterioso que en la negociación de un asunto tan crucial no haya tenido ningún protagonismo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien, por cierto, el día que se anunció el acuerdo canceló todos los actos públicos que tenía previstos en su agenda, alegando un dolor de estómago. De hecho, lo primero que han hecho los sindicatos de las policías españolas, que no quieren perder poder, sobre todo en las aduanas, ha sido pedir la dimisión del ministro, lo cual es un mecanismo de presión política de los poderes fácticos del Estado y los cuerpos policiales evidentemente lo son. Piden la dimisión de un ministro que siempre ha cerrado filas con ellos y los ha apoyado cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegaban toda su brutalidad contra los jóvenes dispuestos a saltar las vallas necesarias para encontrar una nueva vida.
Las demagogias de los extremos se retroalimentan, pero siempre a favor de la extrema derecha. Unos rechazan la inmigración y otros dan la bienvenida a tantos inmigrantes como quieran venir. Sin embargo, los inmigrantes no se instalan en los barrios elegantes, sino en las zonas más empobrecidas, y esto explica en parte el trasvase de votos en los antiguos feudos de los partidos comunistas o de la izquierda más radical directamente a la extrema derecha
Habida cuenta de estos precedentes, cualquier alternativa a Fernández Díaz o Marlaska difícilmente sería peor desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Los precedentes son inequívocos. En Catalunya, las políticas de los diferentes gobiernos de la Generalitat ha sido más inclusivas y humanitarias que la de los gobiernos españoles y si no lo han sido más es precisamente por falta de competencias. Hace ya 10 años, aún con CiU en el Govern y Artur Mas de president, el Parlament de Catalunya aprobó por mayoría cualificada exigir al Gobierno español el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE de la Zona Franca), una especie de prisión para inmigrantes que no han cometido delito alguno y que reciben un trato no precisamente humanitario. La petición ha sido reiterada por el Parlament, por el Síndic de Greuges, por el Ayuntamiento de Barcelona... y ni Fernández Díaz ni Marlaska demostraron la más mínima compasión.
Así que no se entiende mucho el discurso de Podemos y Compromís anunciando su oposición, a menos que haya algo oculto detrás. Su rechazo a la proposición de ley orgánica les resuelve el problema a los sindicatos policiales, a Grande-Marlaska y a Pedro Sánchez. ¿A cambio de qué? Los hechos son sagrados, pero las interpretaciones son libres. Es obvio que el PSOE ha firmado el acuerdo con Junts por necesidad y no por convicción, y conociendo las habilidades de Sánchez con la bolita, no se puede descartar que ahora lo firme sabiendo que el Congreso o los tribunales se encargarán de frenarlo. Alimenta todas las sospechas el hecho de que no solo Grande-Marlaska, sino tampoco el president de la Generalitat, Salvador Illa, haya movido un dedo a favor de la iniciativa legislativa.
La cruda realidad de Junts per Catalunya es que negocia un aumento de poder político para la Generalitat que debe gestionar un Govern que no ha demostrado ningún interés en disponer de él. Así que, si el ministro no quiere ceder poder y el Gobierno catalán tampoco lo reclama para no incomodar al ministro, la delegación de competencias puede convertirse en otra historia interminable.