¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Una recopilación de lo que publicaron algunos y de lo que dijeron algunos otros sobre el caso de la incineradora de Sant Adrià y del resto de casos que colgaron? ¿Sí? ¿Señalamos a los colaboradores necesarios en la propagación de la difamación planificada y ejecutada? ¿Ahora que la Audiencia de BCN ha confirmado el archivo del montaje, qué tenemos que hacer? Pues mire, nada, quejarnos y en cien años, todos calvos. Porque, como siempre, aquí no pasa nada. Sobre todo a los unos menos que a los otros.
¿Repasamos una vez más la cosa? Pues nada, que el 26 de octubre del 2017, precisamente el día antes de los hechos del 27, las cloacas del Estado llevaron a cabo el plan ideado para intentar desacreditar (una vez más) a los Mossos. Y de paso al Gobierno y al Parlament. Se trataba de instalar en la opinión pública la idea de que la policía catalana había espiado a gente, que había cometido un montón de irregularidades y que aquel día quería hacer desaparecer las pruebas.
Por eso hicieron ir a varios miembros del CNP a la puerta de la incineradora de Sant Adrià del Besós. El objetivo era impedir que los Mossos entraran unas cuantas cajas llenas de papeles sin valor pero que se hizo creer que eran papeles muy comprometidos y que simplemente formaban parte del protocolo de destrucción que se sigue habitualmente con diversa documentación sin valor. Y no sea que quizás no todos aquellos papeles sin valor, además, fueran auténticos. Y no sea que algunos de aquellos papeles posiblemente falsos los puso alguien en la furgoneta de los Mossos. No sea.
Total, que con este operativo pudieron mostrar la foto deseada del momento en que el CNP desmantelaba heroicamente una maniobra de los Mossos de Trapero intentando quemar documentación secreta y muy conspiradora. Y así demostrar su deslealtad. El siguiente paso fue que la cosa fuera a parar a manos de la jueza Carmen Lamela, que si en aquella época hubiera jugado a la loto ahora sería supermillonaria ya que siempre le tocaba el premio. Y a partir de aquí ya tuvimos caso, que era de lo que se trataba. El famoso caso del intento de hacer desaparecer las pruebas que relacionaban a la policía catalana con el atentado yihadista de las Ramblas y Cambrils, incluida la famosa The Nota, y con el espionaje a políticos unionistas y a periodistas "desafectos" con el régimen totalitario del maldito Puigdemont.
Han tenido que pasar dos años de persecuciones, difamaciones, mentiras, manipulaciones y señalamientos para que la sección sexta de la la Audiencia de BCN haya confirmado la decisión del juzgado de instrucción 22 del pasado enero y archivar el caso que nunca fue.
Lo más apasionante es que políticos y periodistas que colaboraron en aquella campaña de destrucción de personas e instituciones, no sólo sin ninguna prueba sino sabiendo que colaboraban en una trama conspirativa, meses después se han atrevido a darnos lecciones de ética y moral.
Algunos de los que ayudaron a crear y agrandar aquel montaje de forma y manera prevaricadora, ahora hace una semana hacían aspavientos de dignidad con las informaciones publicadas por Carlos Enrique Bayo sobre el imán de Ripoll y nos decían que nos estábamos creyendo una gran mentira. Y una terrible manipulación. ¡ELLOS! ¡Lo dijeron precisamente ellos! Ojo, y después se fueron a casa con sus familias como si fueran personas respetables.
¡Oído barra! ¡Una de cinismo! ¡Tamaño familia numerosa con cuñados diversos!