Tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? ¿Ah, mejor la buena? Ningún problema. ¡Va, prepare el confeti! Esta mañana el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado una parte de la ley que permitía a los ayuntamientos cobrar una plusvalía por las ventas de los inmuebles. ¿Perdone, qué me dice? ¿Que, además de confeti, está tirándose cava por la cabeza? Sí, cierto, que el TC publique una sentencia a favor es un hecho tan sorprendente como noticiable. La cosa va de que hasta ahora se daba como acreditado que entre que tú comprabas un activo inmobiliario y lo vendías, el terreno subía de valor. Y los ayuntamientos se cobraban una parte de esta "ganancia". Y lo que han dicho es que no te pueden obligar a pagar por una cosa que quizás no ha sucedido. Sí, el inmueble (incluido el terreno) puede haber subido de valor, pero puede haber bajado, como sucedió durante la última crisis del tocho en muchos lugares. Por lo tanto no te pueden obligar a pagar unos plusvalía inexistente o no probada. ¿Qué, la alegría se le sale por todos los poros de su piel, verdad? Normal, porque todos hemos vendido -como mínimo- 15 o 20 fincas y ahora recuperaremos lo que no nos tenían que haber cobrado. ¡Felicidades!

Ahora bien, ¿recuerda que le he hablado de una mala noticia? Pues resulta que este impuesto era el segundo en importancia para financiar los ayuntamientos. ¿Qué, ya nota la peste a quemado, verdad? Cuando he oído la buena nueva he pensado: "¿Por dónde lo pagaremos ahora esto? Qué inventarán?". Porque aquí siempre que crean una cosa, entidad u organismo que recauda o genera burocracia, suceda lo que suceda, la cosa, entidad u organismo se queda. Pues bien, ¡PATAPAM! Por la tarde el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha anunciado que cuando la sentencia se haga pública "la analizará". ¿Para hacer qué? Pues así como para resumirlo -y ahora si está en de pie, siéntese; y si está conduciendo, pare un momentito porque ya verá cómo se reirá mucho- se trata de elaborar el borrador de una nueva norma que, esta sí, garantizará la constitucionalidad del impuesto. Porque, ¿si estás cobrando una cosa, por qué deberías renunciar a cobrarla, verdad?

Y así llegamos a la auténtica madre del cordero en forma de dos frases: 1/ Todo el mundo tiene que cumplir la ley y 2/ La ley es igual para todos, y a las que la realidad de la vida convierte en: 1/ ... todo el mundo, sí, pero algunos un poquito menos y 2/... y para algunos la ley es más igual que para los otros. Y estos "algunos" y los otros "otros" no somos usted ni yo, personas humanas que si cometemos un pequeño error en el IRPF -o lo comete nuestro gestor-, al cabo de cinco minutos ya tenemos una carta certificada de Hacienda embargándonos preventivamente la cantidad en cuestión. Usted y yo pagamos, pagamos y pagamos impuestos de todo tipo y también tasas impúdicas desde el punto de vista de la decencia intelectual. Y cuando resulta, por una vez en la vida, son inapropiados, los seguimos pagando. ¿Por qué? Porque usted y un servidor no hacemos leyes. Y los que cobran, sí.