¿Sabe aquello que dicen que al final todo se sabe? Pues al final hemos ido sabiendo sufidientes cosas como para hacernos una idea de cuál fue la estrategia del Estado para intentar destruir el independentismo.
El Estado ha actuado coordinadamente siguiendo un único guion que cada una de las partes implicadas ha ido ejecutando cuando le ha tocado.
La estrategia se resume con una palabra: escarmiento. Y si ampliamos un poquito más, se trataba de escarmentar una población de unos tres millones de personas, entre indepes y soberanistas. Primero yendo a por los líderes y después a por personas individuales. ¿Objetivo? Generar en la población una sensación de miedo a que les hiciera abandonar la movilización.
Repasemos a los actores principales:
El juzgado 13 de BCN. Dirigido (de momento) por Juan Antonio Ramírez Sunyer, el mismo señor que ahora se ha desentendido de todo lo que ha hecho y propietario de un pasado lleno de decisiones sorprendentes. Él organizó, basándose en querellas de VOX, las detenciones del 20 de septiembre del 2017 y los registros en la Conselleria de Economía. Aquello sirvió para detener los Jordis, Cuixart y Sánchez, acusados de ejercer una violencia que la realidad desmiente, pero necesaria para que actuaran la Audiencia Nacional y el Supremo. Quizás algún día acabaremos confirmando si es cierta la sospecha de que todo, incluidas las armas dejadas en los coches o no querer salir del edificio, fue una estrategia para provocar la violencia que nunca llegó.
La Guardia Civil, mientras tanto, colaboraba en el relato elaborando creativos informes que apuntalaban las ficciones del 13 y permitían al juez Llarena encerrar preventivamente 9 personas con unas acusaciones que, como dicen cada vez más expertos, jurídicamente no se sostienen por ninguna parte.
Lo que no calcularon es que Carles Puigdemont y el resto de consellers en el exilio conseguirían acabar implicando la justicia de varios países terceros, cosa que desenmascaró parte de la trama.
Una vez desarticulada la cúpula de las dos grandes organizaciones civiles que sólo moviendo un dedo sacaban la gente a la calle y la cúpula de gobierno, pero también la de los dos grandes partidos indepes, había que escarmentar a la gente. Y aquí se fijaron unos cuantos objetivos individuales sobre los cuales hacer caer el peso de la ley. Con la ayuda de la prensa amiga. La televisiva y la de la prensa de papel. Y, cuando hizo falta, con la colaboración de las cloacas del Estado.
Primero fueron a por los maestros. Había que presentar la escuela catalana de la inmersión como una especie de madrasa islámica. Por dos motivos: 1/ hacerles pagar el apoyo dado al 1-O cediendo locales y 2/ intentar cargarse la molesta inmersión y tratar de crear dos sociedades enfrentadas por razón de lengua. De aquí vienen las denuncias contra varios maestros acusados de odio.
Y de aquí vinieron algunas consecuencias que eran las buscadas: atemorizar al resto de docentes.
A continuación fueron a por los CDR. Y así nació el caso Tamara. Con unas pruebas que harían reír si el tema no fuera tan grave, Tamara Carrasco fue detenida acusada de terrorismo y llevada a la Audiencia Nacional. Y todavía ahora tiene prohibido salir de su pueblo. Por haber cortado una carretera.
Para intentar desacreditar los Mossos, un traspaso que no le permite al Estado el control policial de Catalunya, primero acusaron a la policía catalana de no haber sido competente para evitar los atentados de BCN y Cambrils, con la vergüenza aquella de The Nota incluida. Y, seguidamente, procesaron toda la cúpula.
Para evitar la presencia de lazos amarillos, organizaron pelotones dedicados a atemorizar a quién los colgaba. La cosa funcionó bien hasta que una señora a quien le faltaba un hervor, les desmontó el chiringuito agrediendo a un cámara de TeleMadrid en vez de uno de TV3, como era su objetivo (el de la señora).
Con el caso Pesarrodona, el payaso de la famosa foto, se quiso escarmentar a quien se manifestara, en general, y quien lo hiciera en tono de cachondeo, en particular. Y todavía hoy Jordi Pesarrodona es perseguido judicialmente acusado de desobediencia grave a la autoridad por no haber impedido la celebración del 1 de octubre en Sant Joan de Vilatorrada.
Y podría seguir con las amenazas de ilegalizar partidos, las comparaciones con el Euskadi de cuando existía ETA y otros momentos delirantes, pero por no alargarme más acabo con el caso Piolín. Intentaron atemorizar a la ciudadanía diciendo que había 10 mil policías y guardias civiles dispuestos a garantizar el orden al precio que fuera. Por el número de participantes en la represión del 1-O y la cantidad de medallas propuestas a los agentes que participaron en la llamada Operación Copérnico, es evidente que esta cifra nunca fue real. El problema es que algún día alguien tendrá que justificar donde, en qué y con quien se gastaron los 87 millones que el ex ministro Zoido dijo que había costado el operativo.
El Estado podría haber cedido al inicio de toda la historia y permitir un referéndum que hubiera ganado, pero optó por la línea dura de los que aprovecharon la situación para ganar votos en España usando Catalunya y de paso tapar la corrupción interna. Después, cuando la cosa se les escapó de las manos, optaron por el escarmiento. Aquello del serás mía por la fuerza o no serás de nadie. Y así estamos donde estamos.