Imaginemos un gobierno que recibe un informe del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (CALDHAPCE). Y una vez lo tiene, decide que quiere comunicar a sus ciudadanos lo más significativo de lo que allí se dice. En este caso el gobierno tiene dos opciones, explicarlo todo o sólo la parte que le conviene para, de esta manera, justificar su actuación que, casualmente, es la que motiva que se haya hecho este informe afectando a este gobierno.
Dicho de otra manera, un comité de Derechos Humanos critica un Estado por haber tenido actitudes poco ajustadas a la legalidad y haberle hecho cosas muy feas a la democracia, y lo que hace el gobierno de este estado es manipular el contenido. Y tergiversando y silenciando las duras críticas que recibe, aprovecha para hacer propaganda. Un giro de 360 grados, que es una vuelta entera para volver a la casilla de salida de la censura que genera el caso. ¡ME-MO-RA-BLE!
Pues bien, observe, por favor, el hilo de dos tuits realizados desde la cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España:
Queda claro que, según el ministerio de Exteriores español, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa "avala" la actuación del Estado en la cuestión catalana y la respuesta ante una actuación "ilegal" se produjo ajustada a derecho. Ahora bien, ¿el informe dice realmente eso? Si le parece repasamos cosas que dice y que el Gobierno no dice que dice y donde, por cierto se analizan las situaciones en España y Turquía. Vaya, que tener un compañero de viaje como este en el mismo paquete ya es apasionante:
1/ se pide la libertad de los presos políticos encarcelados, abandonar los procesos de extradición contra los exiliados y retirar los procesos contra los funcionarios de menor rango acusados (el famoso caso del juzgado 13 pero también el del 18, este relacionado con el DiploCAT), 2/ se exige la reforma de los delitos de sedición y rebelión pero sin volver a penalizar los referéndums ilegales, que el año 2005 ya fueron excluidos del Código Penal, 3/ se reclama que dejen de pedir a los presos políticos que abdiquen de su ideología y de sus opiniones para, de esta manera, acceder a un régimen carcelario más favorable o a un indulto, 4/ se advierte que expresar opiniones independentistas no es motivo de persecución penal y 5/ el conflicto es político y se tiene que resolver con una negociación política y no con el Código Penal.
Por lo tanto, ¿la CALDHAPCE dice que España es una democracia? Sí. ¿Los presos y los exiliados actuaron ilegalmente? Lo dice. ¿Pero afirma que el Tribunal Supremo y la Fiscalía aplicaron un delito de sedición que no existe? Sí. ¿Que el delito de malversación es dudoso? Sí. ¿Que sin sedición y con la malversación pse, pse, las condenas son desproporcionadas? Sí. ¿Que los presos políticos tienen que ser puestos en libertad y los exiliados tienen que volver? Sí. ¿Que no se puede pedir a un político que renuncie a sus ideas? No, no se le puede pedir y aquí esto se ha producido.
Por lo tanto, si esto es avalar la actuación del Estado español en el conflicto catalán, el reguetón es música de calidad (bueno, o directamente música), Umtití será pelota de oro los próximos 10 años, Pablo Casado tiene 30 másters, utilizar jarabe de Módena no merece cadena perpetua y a partir de ahora para ahorrar en la factura de la luz pondremos lavadoras a las dos de la madrugada y plancharemos a las cuatro, mientras con los pies elaboraremos ropa interior de macramé.