Al Capone ha pasado a la historia como uno de los grandes mafiosos de todos los tiempos. Pero no, no acabó en prisión por sus asesinatos, ni por sus negocios, ni por sus sobornos a políticos y policías. Consiguieron encerrarlo para eludir impuestos. Como que no podían demostrar que fuera matando gente, ni que hiciera nada ilegal, la policía optó por intentar demostrar que no pagaba por los ingresos que obtenía con el juego ilegal. Y el famoso agente Frank Wilson encontró las pruebas. Y Capone acabó en Alcatraz.

No sea que a dos de los cinco miembros de La Manada les acabe pasando lo mismo. Salvando las distancias de los casos. Naturalmente. Porque estos personajes, que finalmente fueron condenados a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual durante los Sanfermines del 2016, continúan en libertad. A pesar de la condena. Y están tan libres que uno de ellos estos días se ha paseado tranquilamente por la Feria de Abril de Sevilla e incluso ha sido ovacionado por algunos de los asistentes, cosa que dice mucho del planeta donde vivimos.

Pues bien, la ruina para dos de ellos no serán los impuestos, como en el caso de Capone, pero puede serlo una decisión de la Agencia de Protección de Datos. Resulta que un grupo de mujeres de Lleida, que en Twitter son @doneslleida y se definen como "Grupo Feminista de Poniente Autoorganización y anticapitalismo en defensa de nuestros derechos", presentó una denuncia. Contra Alfonso Jesús Cabezuelo, que fue quien grabó y después difundió en las redes un vídeo de 39 segundos de la violación en grupo que la justicia convirtió en abuso. Y contra Antonio Manuel Guerrero, que grabó seis vídeos más.

El artículo 6 bis de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos dice que "los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser obtenidos, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o si el afectado lo consienta expresamente". Como que en la sentencia de La Manada queda claro que la víctima no dio ninguna autorización para grabar y difundir ninguna imagen, Cabezuelo y Guerrero se exponen a tener que pagar multas de importes no menores.

De momento, Cabezuelo, el militar expulsado del Ejército de Tierra por el Ministerio de Defensa tras los hechos, ya tiene en marcha un procedimiento que podría significarle una sanción de 150 mil euros, importe que está en la parte media de una horquilla que puede llegar hasta los 300 mil euros. El de Guerrero empezará a tramitarse en breve.

Por lo tanto, puede suceder que La Manada, o al menos dos de sus integrantes, quizás no paguen mucho por la violación que judicialmente acabó en abuso, pero sí que tengan que pagar grandes cantidades de dinero por haber grabado y colgado los vídeos del momento. O sea que, según cómo, para los culpables puede llegar a ser más oneroso grabar la violación que hacerla.