Añadamos al extenso espectro que cobija el concepto "quien nos tenía que decir hace un año que..." la expresión: "quien nos tenía que decir hace un año que acabaríamos descubriendo que, cuando hablamos de liberación de peajes y de liberación de patentes de vacunas, en el fondo estamos hablando de lo mismo". Y es que empiezas pagándole un dinero a una empresa que explota en régimen de monopolio una concesión que te da derecho a desplazarte de un lugar al otro (peajes) o aparcar en la calle (zona azul) y acabas en manos de una especie de concesión privada que explota la administración de unas vacunas que a ti te permiten vivir y al conjunto de la humanidad le permiten seguir funcionando. ¿Comparación exagerada? Mirémonoslo.

Es evidente que quién invierte su dinero en hacer alguna cosa, sea una autopista o una vacuna, tiene que tener beneficios. ¿Por qué? Porque si no, esto lo acabará haciendo su tía Rita. Sabe mal y es así de triste, pero los humanos (y las humanas) funcionamos de esta manera. Ahora bien, ¿este beneficio económico tiene que tener un límite? Esta, creo, es la pregunta que debemos hacernos. Una vez se ha recuperado la inversión y se ha ganado el suficiente dinero como para seguir invirtiendo y para tener una masía en el Empordà y una torre en la Cerdanya (o donde sea), ¿hay que seguir haciendose todavía más inmensamente rico? O sea, una vez eres muy rico, ¿hay que ser sesenta y nueve veces muy rico?

Sobre todo hablo de casos donde existe esto que le llaman un interés general. No es lo mismo hacerse inmensamente rico vendiendo una salsa para calçots, que estará muy buena y se venderá mucho pero no es de primera necesidad, que con unas vacunas que salvan vidas y salvan maneras de poder ganarse la vida.

Cuando preguntas la cantidad de dinero público que han recibido las farmacéuticas para desarrollar estas fantásticas vacunas que ahora nos permiten empezar a controlar la COVID sucede como cuando quieres saber detalles de los contratos firmados entre estas empresas y los estados: esto no toca. Y justo ahora que acaban las concesiones de las autopistas catalanas, sabemos que el Gobierno español pretende que paguemos por circular por cualquier autovía. Y lo sabemos porque, sin decir nada, han colado esta cuestión en la documentación presentada ante la UE para poder cobrar los fondos europeos de recuperación. Este secretismo en torno a cosas que afectan a nuestra vida es lo que nos merecemos que pase a la historia.

Si quieres ir de Mataró a BCN tienes cuatro opciones. Las dos en transporte público son el tren y el bus. Y como los usuarios saben, la segunda funciona bastante mejor que la primera. Pero dependiendo de dónde vayas y a qué hora del día, te sale más a cuenta ir en transporte privado. Si lo eliges, una posibilidad es pagar peaje. La otra es ir por una vía urbana llena de semáforos, rotondas, atascos y pasos de peatones que hace que salgas de la capital del Maresme en pleno invierno y llegues a la cap-i-casal también en invierno, pero del año siguiente. Por lo tanto, si haces un Maresme-BCN en tu vehículo o pagas o pagas. Concretamente desde julio de 1969. O sea, hace 52 años. La autopista está amortizada 46.906 veces y todavía la seguiremos pagando hasta septiembre. Pero ahora pretenden que dentro de dos años volvamos a pagarla. Esta vez para mantener la vía, dicen.

Para poder vacunarte, los estados pagan muuuchos miles de millones de euros a unas empresas que previamente se han beneficiado del dinero de los estados. Y con la COVID, como con la autopista de Mataró, no hay alternativa. O pasas por la farmacéutica o por la garita del peaje. No hay opción. Y cuando les dices que en nombre de la salud de la humanidad liberen las patentes (o los peajes en nombre de la economía familiar y la de las empresas), la respuesta es que vas en contra del libre mercado y de la competencia que permite que existan vacunas y carreteras. Pero servidor, que es muy tozudo, vuelve a la pregunta de antes: ¿hay que ser sesenta y nueve veces asquerosamente rico o con un par ya hay suficiente?