El juez Llarena sabía desde el primer momento que, ante una justicia mínimamente presentable, sostener el delito de rebelión tenía menos futuro que Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Pero Llarena también sabía que él podía encarcelar provisionalmente a quien le apeteciera por los delitos que le apeteciera porque por encima suyo como instructor, Dios nuestro señor. Y por eso lo hizo.

Sí, porque una de las cosas que ha quedado demostrada en todo este caso es la indefensión de los ciudadanos ante una maquinaria que denominaremos llarenista. Consiste en que tú estás en tu casa preparando la cena y al cabo de media hora puedes estar en prisión acusado de lo que a un juez del Tribunal Supremo le apetezca. Desde la rebelión al asesinato de Kennedy.

Y usted ya puede ir diciendo: "Oiga, pero si cuando mataron a Kennedy yo no había nacido". De la misma manera que puede decir: "Oiga, que según una sentencia del Tribunal Constitucional, 'la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito del uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional' y yo sólo estaba cortando la lechuga de la ensalada. Y no la cortaba con explosivos. Ni con armas de guerra. Aunque tengo un cuchillo que corta mucho porque lo afilamos la semana pasada...".

Da igual. El llanerismo está por encima de todo. Sobre todo de la ley. Y no lo digo yo, lo han dicho los tribunales escoceses, belgas, daneses, suizos y ahora alemanes. Y no lo han dicho más tribunales de más países porque el caso no ha ido a más países, que si no el actual 0% de éxito sería negativo.

Pero, claro, resulta que todo lo derivado de la decisión de Llarena de acusar y procesar a un montón de personas ha costado mucho dinero. En España y fuera. En España, las horas que la maquinaria judicial ha dedicado tienen un coste, pero también los traslados, el gasto en las prisiones, las horas de uso de las diversas dependencias públicas, las horas de trabajo de los diversos funcionarios que han trabajado en los diversos ámbitos relacionados con el caso, el papel de las fotocopias, el tóner usado para imprimir los diversos autos o las comidas y consumiciones necesarios para poder realizar el trabajo que se ha llevado a cabo, etc, etc, etc. Y fuera, y en los diversos procesos judiciales abiertos en varios países, las horas de la gente que ha redactado euroórdenes, las horas de la gente que las ha recibido y ha tenido que tramitarlas, las ampliaciones de información, las elaboración de informes, la búsqueda de documentación, el envío de esta documentación, la traducción de los diferentes informes y documentación, los procuradores, los magistrados, etc, etc, etc.

Esto, ciertamente, es muy difícil de cuantificar. Pero si Llarena tiene un informe de lo que costó el 1 de octubre, no tendría que ser difícil usar el mismo método para saber lo que nos ha costado a los contribuyentes su aventura digna de los hermanos Grimm.

Con una diferencia. Y no menor. Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro han afirmado en el Congreso de los Diputados, lugar donde recae la soberanía del pueblo, que no se gastó ni un euro público en aquella consulta, cosa que el señor juez no está en condiciones de hacer.

Por lo tanto, creo que procede pedirle que nos devuelva el dinero gastado en un proceso que él sabía desde el principio que estaba condenado al fracaso. Porque él, como buen jurista que es, sabía que su cruzada no tenía futuro y si no lo sabía es que no tiene bastante nivel para ocupar el puesto de trabajo que ocupa y tiene que ser relevado inmediatamente. Es dinero de todos tirado innecesariamente y que podría haberse destinado, por ejemplo, a mejorar las condiciones de algunos juzgados. Sin ir más lejos.