26 de enero del 2018. El Estado español, a través de su gobierno, decide recurrir ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont como President de la Generalitat. El objetivo es impedir la votación, paralizar el pleno de investidura y apartar Puigdemont de la Plaça Sant Jaume.

Aquel mismo día, Alfredo Pérez Rubalcaba, exvicepresidente del Gobierno, exlíder del PSOE y, sobre todo y por encima de todo, hombre de Estado es entrevistado en Onda Cero. Y allí dice esto: "El Estado pagará el coste de quitar de enmedio a Puigdemont. Ahora lo que estamos discutiendo es el coste que pagamos". Y estas palabras lo explican todo.

Que nadie se equivoque, al Estado le lame un pie (y parte del otro) lo que le diga Europa sobre su justicia, sobre su forma creativa de aplicar la ley y sobre su democracia. Que nadie se equivoque, los hechos nos han demostrado, incluso a los que pensábamos lo contrario, que a Marchena le es igual tener una mancha en su expediente. O 23. Él y la Brigada Suprema han actuado en nombre de un Estado que no piensa mover ni un dedo para solucionar el problema catalán con diálogo y pacto. El "Problema Catalán" se soluciona a hostias desde hace siglos y queda claro que no está previsto cambiar la metodología.

Ruben Amón, un articulista de Madrit (concepto) poco sospechoso de ser indepe, escribía el viernes en ElConfidencial: “La negligencia del Tribunal Supremo ha proporcionado al soberanismo una nueva victoria de propaganda, entre otras razones porque la sentencia de la Justicia europea sobrentiende que Junqueras ha sido expuesto a un proceso judicial completamente anómalo e irregular. No podía haber sido juzgado sin el beneplácito del Europarlamento —el famoso suplicatorio— ni debía haber permanecido en prisión provisional. Semejantes evidencias no contradicen los delitos en que ha incurrido ni lo convierten en impune, tampoco suponen la nulidad del proceso ni la puesta en libertad —la sentencia es firme, pero ridiculizan el procedimiento del Supremo y pervierten la reputación clarividente que se le atribuye al juez Marchena”.

Y este es el coste del que hablaba Rubalcaba. Ya les pueden llamar negligentes o ridículos, como en el caso de Amón. O lo que sea. Eso al Estado, representado en este caso por Marchena, le resbala. Porque el Estado está dispuesto a pagar el precio que haga falta para salvar el estatus actual. No les importa dejar la imagen de la justicia, de la policía o sus medios de comunicación a la altura de la planta -4 de un bar de carretera con neones. Oiga, pero si hicieron que el Rey Juan Carlos abdicara después de hacerlo humillar públicamente de la manera más sórdida posible obligándolo a decir en medio de un triste pasillo falto de cualquier dignidad aquello del "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverà en ocurrir".

A partir de aquí, que el Tribunal de la UE diga que la Brigada Suprema se pasó la ley por allí mismo, ¿usted cree que les afecta lo más mínimo?