En nuestro país hay personas que no pueden pagar la factura de la luz, ni del gas, ni del agua. Toda la vida les habíamos llamado pobres, pero en el lenguaje del eufemismo donde estamos instalados, recuerde que no hay pobres. Ni excluidos sociales. Ni hay hambre. Hay nombres que tapan la cruda realidad para que parezca que no existe.

Era cuestión de tiempo que una de estas personas sufriera las consecuencias de su pobreza. Y ha pasado en Reus y a una mujer de 81 años. Le habían cortado la luz por impago y se iluminaba con velas. Y una de las velas provocó un incendio.

La muerte de esta abuela entristece y pone de mala leche. En este mundo tan maravilloso en el que vivimos, resulta que hay personas que no tienen dinero ni para poder encender una bombilla. Ni para poner en marcha la nevera. Ni pueden tener gas para encender el fuego de la cocina ni ducharse con agua caliente. Y cuando lo piensas, te preguntas: ¿y qué debía comer esta señora? ¿y cómo se lavaba en pleno invierno? ¿y cómo eran las horas y horas de soledad en un piso helado a la luz de las velas?

Y hoy, los que discutimos si tenemos que subir un grado la calefacción o bajar un grado el aire acondicionado, y que pagamos impuestos para que alguien los administre con el suficiente criterio como para que todo el mundo pueda tener agua, luz y gas, asistimos boquiabiertos a un partido de ping-pong entre la administración y la empresa suministradora responsable del corte. O sea, entre el ayuntamiento de Reus y la Generalitat de un lado y Gas Natural del otro.

Qué bajeza moral más grande esta carrera para sacarse las pulgas de encima y corriendo con los pantalones por los tobillos. Qué espectáculo más sórdido querer transmitir a la opinión pública que la culpa es del otro. Qué patético intentar proteger una imagen que ahora queda manchada por la actuación previa y por la gestión posterior.

A ver, lo diré lo bastante claro como para que me entiendan los señores Gas Natural: me importa una mierda lo que establece la ley 24/2015, la ley 4359/63B o el artículo 26 del código penal de Birmania. No es una cuestión de leyes sino de humanidad. Como cliente suyo que soy y que paga unas facturas no menores, tengo derecho a exigirles que se comporten como seres humanos. Y que no intenten tomarnos por imbéciles más de lo necesario. Y si quien los asesora les ha dicho que en estos casos la mejor defensa es un buen ataque, tienen que cambiar de asesores. Urgentemente. Y contratar a humanos. Y los clientes tenemos que plantearnos seriamente si tenemos que cambiar de empresa... aunque el mercado tampoco está para muchas alegrías...

Tenemos la suerte de vivir en una sociedad que, con sus virtudes y defectos, vela para que más o menos todo el mundo pueda hacer tres comidas al día y tener luz y agua corriente. Pero hay personas a quienes no les llega la información, o desconocen que existen mecanismos de ayuda y apoyo. Por eso, de vez en cuando, habría que actuar como la empresa de servicios básicos que son y hacer las cosas aplicando el sentido común. Ustedes no venden coches, ni zapatos, ni construyen casas. De ustedes depende de que la gente tenga unos mínimos para vivir con una cierta dignidad. Y, como se ha visto, de ustedes depende que la gente no muera por culpa de la discusión de si tenemos que aplicar la ley 24/2015, la ley 4359/63B o el artículo 26 del código penal de Birmania.

Y si el sistema ha fallado, que puede pasar porque el riesgo cero no existe, Ustedes salen, admiten la culpa, piden disculpas públicas y nos dicen que no volverá a pasar porque ahora sí que se pondrán de veras. Y se ponen. Y de veras. Básicamente como para demostrarnos que les importa la vida de sus clientes. La cuenta de resultados más, por supuesto, pero sin clientes ni hay cuenta ni resultados.

Pero, claro, es mejor culpar a los otros y, en el peor de los casos, pagar una multa que oscila entre 10 mil y 100 mil euros. Que este es el otro gran escándalo de la història. 100 mil euros de multa es una broma de mal gusto. 100 mil euros, para quien este año espera tener un beneficio de 1.500 millones, es un insulto a la inteligencia y al buen gusto.

Y con respecto a la administración, por una parte tenemos la ley de Pobreza Energética, recurrida al Constitucional por el Gobierno del PP porque "una comunidad autónoma no tiene competencias". Y de la otra, tenemos el triste espectáculo de la riña político-partidista de los partidos catalanes y las declaraciones evitables. Pues bien, al respecto no diré nada porque no tengo ganas de ninguna querella. Ahora mismo estoy demasiado encendido y escribiría cosas que podrían acabar en un multa de 10 mil a 100 mil euros. Y yo no soy Gas Natural...