En un país donde totis nos afeitamos, nos depilamos, o no hacemosde las dos cosas pero ya las hemos visto de todos los colores, a veces suceden cosas que huelen a chamusquina. Y hoy es uno de estos días. Si le parece le explico el caso.

17 de julio del 2018. El fotoperiodista Jordi Borràs, conocido por su trabajo de denuncia de las actividades de la ultraderecha, camina por el centro de BCN, cerca de la catedral. En un momento dado oye que alguien detrás suyo grita "Viva España" y "Viva Franco". Sin tiempo a reaccionar recibe varios puñetazos, uno de los cuales le rompe el tabique nasal. Borràs queda tendido en el suelo, pero como mientras era golpeado ha gritado, varias personas se han acercado al lugar de los hechos y persiguen al agresor, que ha huido corriendo. Cuando lo atrapan, este les muestra una placa del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que resulta ser verdadera. Mientras esperan a los Mossos, el individuo aprovecha la situación y huye pero dejando las suficientes pruebas como para poder saber de quién se trata. Una de las cuales es una navaja que pierde durante la confusión.

El agresor es Ivan Racaj Fernández, miembro de la Brigada de información de la Policía Judicial de BCN, y hoy ha sido juzgado por aquellos hechos. En un primer momento, varios medios de comunicación ideológicamente próximos al agresor y, sobre todo, muy contrarios al agredido publicaron una versión de los hechos según la cual había sido Borràs quien había agredido al policía al grito de "Puta España" y "Puta Policía", por lo cual este le había presentado una demanda. Pues bien, de todo eso no se ha sabido nunca nada más. Ni de la demanda ni de esta versión que se ha demostrado totalmente falsa.

Defendiendo la realidad, el fiscal de Delitos de Odio, el abogado del Ayuntamiento de BCN -que se presentaba como acusación particular- y la abogada de Borràs le pedían al policía dos años de prisión por el delito de lesiones con el agravante de discriminación por motivos ideológicos ya que consideraban que la agresión se había producido por la militancia antifascista e independentista del agredido. ¿Y al final qué ha sucedido? Pues que Racaj ha reconocido ser el agresor y se ha conformado con el año de prisión decretada finalmente -que no implica ingresar en ningún centro penitenciario- y los 7 mil euros de indemnización que ha tenido que pagar, además de los 4.500 de costas y cumplir una orden de alejamiento.

Y aquí es cuando vuelvo al inicio de la pieza. Llámeme tiquismiquis, pero la actitud del policía me chirría. Mucho. ¿De repente se desdice de todo lo que ha dicho y acepta la culpabilidad? ¿Y además reconociendo que lo hizo por motivos ideológicos? ¿Una persona que pertenece a un cuerpo tan jerarquizado como corporativo? Mire, desde que descubrí que el Mickey Mousse de Disneyland no es de verdad y que dentro hay un humano, cada vez me cuesta más creerme según qué. Y no me encajan estos arrepentimientos tan repentinos y en un caso como este.

Y después de llamarme tiquismiquis, ahora llámeme cuñado, pero sospecho que alguien le ha dictado al señor Racaj qué tenía que hacer y cómo. ¿Tengo pruebas? No. Pero cuando dos más dos suman cinco, alguna cosa pasa. ¿Ah, me pregunta por qué lo habrían hecho? Bien, la desescalada política se juega en varias pistas. Y no es una mala estrategia para desinflamar, enterrar el caso y conseguir una limpiada pública de la imagen del cuerpo hacer que alguien se autoinculpe a cambio de pagarle la multa y otorgarle un discreto traslado. Por ejemplo.

El problema ahora es saber cómo es que este personaje llegó a ser policía y cómo es que lo seguirá siendo y haciendo qué.