He leído la noticia a primera hora de la mañana y me he quedado un poquito mosqueado. Pero quien me ha abierto los ojos sobre la magnitud real de la tragedia ha sido el catedrático Jordi Nieva-Fenoll. Lo ha hecho enlazando en Twitter diversos tuits de expertos que argumentaban en contra de que cuando se cesa a un ministro de Justicia que es juez, este recupere inmediatamente su plaza. Por aquello que nos habían explicado de jóvenes de la independencia judicial y que de mayores hemos descubierto que era un cuento, pero, sobre todo, por aquello otro de la mujer del César, y que perfectamente también podría ser el marido de la Cesaresa. Bien, si hubiera habido alguna. Pero entonces las cosas estaban peor que ahora. También para las mujeres.

El ya exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aterrizó en la silla que ocupó hasta el sábado proveniente de la Audiencia Nacional, donde ejercía como juez. Y, por cierto, desde no hacía muchas semanas. Ahora ha dejado el cargo político y pim y pam, vuelve rápidamente a su plaza. Como si no hubiera pasado nada. Y eso chirría. Mucho. El propio Nieva ha tuiteado: "(Campo) Debería abstenerse en todos los casos que afecten a políticos y a partidos políticos. Tal vez el retorno a la justicia sea inevitable, pero se debería impedir el acceso de expolíticos a sitios judiciales donde pueden conocer casos con evidente trasfondo político, como es la Audiencia Nacional".

La cuenta @JudgeTheZiper, que corresponde a un juez que esconde su identidad, escribe: "Y aquí, señoras y señores, uno de los peores cánceres de nuestro sistema judicial. Una ley que, no sólo consiente, sino que privilegia las puertas giratorias jueces/políticos y hace posibles aberraciones como esta. La apariencia de imparcialidad y la independencia judicial ATPC". I ATPC, como ya habría adivinado, quiere decir a tomar por el culo.

Elisa de la Nuez, abogada del Estado y actualmente trabajando en un bufete, opina que "en ningún país serio se permite el retorno sin más. La abstención o/y recusación no son suficientes. Y además son infrecuentes. Efectivamente eso es un escándalo. Un señor que hace años que no redacta una sentencia y que pasa por delante de muchos otros que no hacen otra cosa, gracias a que le computan los servicios prestados como político. Y ni cooling off ni nada, a pelo. Un desastre total" (El cooling off sería como un periodo de incompatibilidad). A José María de Pablo, abogado y profesor, le parece bien que un juez se pase a la política, "pero tendría que estar prohibido el camino de retorno. Ahora queda en entredicho su imparcialidad, y más en un órgano como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga casos con evidente carga política".

Y ahora usted me dirá: "Oiga, no sé por qué critican tanto a este señor. ¿Verdad que aprobó una oposición? Se fue en comisión de servicios y ahora vuelve a su lugar. ¿Dónde ven el problema? O es que no tiene derechos?". Sí, sí, tiene derechos y haber ido a hacer de ministro no lo puede penalizar, pero tampoco tiene que penalizar a quien reciba sus sentencias, que no necesariamente tienen que ser injustas, pero sí que tienen que parecer justas al 100%. La justicia política ya ha destrozado lo suficiente la imagen de toda la justicia y quizás sería momento de hacer el camino inverso. ¿Los jueces tienen que poder ser ministros? Mire, hasta ahora había tres. Aparte de Campo, lo son Grande-Marlaska y Margarita Robles y en carteras no menores como Interior y Defensa. Ahora bien, si la pregunta es: "¿Sería recomendable que no lo fueran?". Mi respuesta es: "Mire, pues sí". Por el mejor nombre de la institución y del sistema, pero sobre todo por todos nosotros.