Lo prometo. Hoy me había propuesto no hablar de la justicia. Pero resulta que hoy la justicia vuelve a ser noticia. Y no, no nos confundamos, la noticia no es una nueva decisión extraña de la justicia sino que la justicia ha tomado otra decisión extraña. Una más. Un día más.

Hoy la noticia no es que la Fiscalía haya pedido a la Audiencia Nacional dejar de investigar Tamara Carrasco y Adrià Carrasco por los delitos de terrorismo, rebelión y sedición. No, la noticia es que la Fiscalía estaba investigando a estas dos personas por estos delitos y, de repente, ha decidido dejar de investigarlas. ¡Pim y pam!

¿Qué ha pasado aquí? A ver, los delitos no son menores. ¿Cómo puede ser que siete meses después de haber detenido a Tamara y que Adrià se fuera a Bélgica para no acabar como ella, unas acusaciones como estas, de las más graves que existen en el código penal, desaparezcan de la noche a la mañana. Y que lo hagan porque ahora la Fiscalía reconoce que no hay elementos acreditativos que justifiquen la acusación.

Pero, oigan, ¿aquí con qué elementos acreditativos se detiene a la gente y se la lleva esposada a la Audiencia Nacional para ser interrogada? Y no por una falta, no. Es que las acusaciones eran de terrorismo, rebelión y sedición. ¿Aquí con qué criterios acusan y desacusan a la gente? ¿Cómo puede ser que una persona que ayer era terrorista, hoy lo haya dejado de ser? Y sin ninguna explicación. ¿Por qué lo era ayer? ¿Y, por qué hoy ya no lo es? ¿Insisto, qué ha sucedido? Es que la diferencia es muy bestia...

¿Qué es esta inseguridad jurídica? ¿Qué es esta indefensión? O sea, ¿me están diciendo que cualquiera de nosotros que participe en una manifestación, que entiendo que todavía es un derecho para poder ejercer en esta democracia tan fantástica que tenemos, puede ser detenido en su casa, esposado, paseado delante de todas las cámaras de TV, acusado de terrorista, insultado y humillado públicamente por políticos y periodistas a sueldo y, al cabo de unos meses, todo olvidado? ¿De verdad que esto funciona así?

¿De verdad que 3 acusaciones tan graves pueden deshacerse como un azucarillo en sólo 24 horas y sin que haya pasado nada de que justifique el cambio de criterio?

De verdad, y una vez más, ¿a la justicia no lo importa ofrecer a los ciudadanos la imagen que aquí primero se crea un determinado relato y después se retuerce la ley para que quepa y cuando ya se ha conseguido el objetivo político y de propaganda, lo dejamos correr que no ha sido nada?

¿De verdad, la Fiscalía no tiene que dar ninguna explicación? ¿No tiene nada que decir? ¿Y nadie le pedirá responsabilidades? ¿No pasará nada?

En un país normal, no haría falta que nadie pidiera la dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, como responsable de la imagen que está transmitiendo la justicia. Dimitiría él. Directamente. Para tratar de enderezar la situación y salvar el buen nombre de la institución. Ojo, y aunque él no tuviera ninguna culpa del desastre.

Y si no dimitiera, el poder político, la sociedad (o sea todos nosotros) y los centenares de jueces que asisten escandalizados al espectáculo, lo obligarían a hacerlo.

La institución de la justicia es demasiado importante como para permitirse ofrecer la imagen de las últimas horas. ¿Pero, sabe lo más grave (y vuelvo a decirlo)? Parece que al poder político y al poder político-judicial tanto le da el desprestigio y que le sea completamente igual que la gente desconfíe de ella.

Y parece que no les importe que cada vez más gente se pregunte: ¿quién nos defiende de esta gente?