¿Se imagina un tribunal decidiendo si unos Juegos Olímpicos tienen que poder organizarse o no en un determinado lugar? ¿E imagina una persona presentando un recurso contra la decisión de celebrar unos JJOO en una ciudad o en una región alegando que atenta contra sus derechos individuales, que la justicia le diera la razón y les obligaran a suspenderlos? O al revés, ¿que no se concedieran, hubiera un recurso por el mismo motivo que en el caso anterior y la justicia determinara que lo mejor por aquella zona, y en nombre de lo invocado por el demandante, fuera hacerlos? ¿Qué, le parece una posibilidad imposiblemente marciana?

Mire, aquí ha habido tribunales que han sentenciado, en contra claro, de leyes aprobadas para ayudar a la gente pobre a poder calentarse en invierno y se ha argumentado no-se-qué de las competencias. Y aquí un tribunalito menor apartó a un president de la Generalitat de su cargo y ahora puede arrebatarle su escaño a un diputado que ejerció su derecho a expresar sus ideas. Por lo tanto, a partir de aquí, existe barra libre judicial y no de alcohol de garrafa precisamente. Ah, un pequeño inciso: sí, he escrito "gente pobre" porque es que hay gente pobre, sí, por mucho que utilicemos eufemismos. Y le diré más, el número tiene seis cifras.

Pues bien, justo el día en que hemos conocido que, mediante un referéndum, se consultará a los mayores de 16 años de la veguería del Alt Pirineu y el Aran si quieren que se organicen los JJOO de invierno del 2030, el TSJC ha exigido a la Generalitat que aplique IN-ME-DI-A-TA-MEN-TE el decreto que obliga a dar el 25% de las clases en castellano español en todas las escuelas del país, independientemente del criterio del Departament d'Educació, de los expertos y de los padres. Y ahora usted me dirá: "Pero, señor juntaletras, ¿qué tienen que ver las dos cosas? ¿Me está comparando la educación de nuestros hijos con una competición deportiva?". Y la respuesta es sí. Rotundamente sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando del bien común. Le desarrollo la idea.

Unos JJOO de invierno afectan a una parte pequeña de un territorio de montaña. Eso quiere decir pocos habitantes y una "industria" basada normalmente en la ganadería, el turismo de esquí y las segundas residencias. En consecuencia, estamos hablando de una sociedad muy frágil económicamente hablando ―también social― en la cual cualquier cambio brusco la puede afectar y cambiarla, para bien o para mal, pero seguro que la afecta. Si es a mejor, perfecto, pero si va a peor, es una condena segura a la desolación y a la ruina. Por lo tanto, es lógico pensar que quien tiene que decidir qué debe pasar allí es la gente que vive allí y teniendo toda la información para poder decidir. Porque les va su futuro. Directamente. Después se equivocarán o no, pero tienen que ser ellos.

¿Verdad que no se entendería que alguien del Delta de l'Ebre decidiera qué tiene que suceder con los JJOO del Pirineo? De la misma manera que alguien del Pirineo no tiene que poder decidir cómo se afronta la regresión del delta. O uno de BCN decidir sobre el Delta o el Pirineo o uno de estos opinando sobre si la ronda Litoral tiene que tener dos o tres carriles. ¿Tenemos claro, pues, que debe ser el territorio quien debata y opine, verdad?

Trasladémoslo a las escuelas y al decreto del 25%. ¿Quién tiene que decidir sobre el Pirineo (llámele el sistema educativo y el proyecto global), BCN y el Delta (llámele el tribunal de turno por indicación de un padre rebotado) o el Pirineo (llámele las escuelas, que quieren lo mejor para sus alumnos, y el conjunto de los padres)? El bien común, el del conjunto de la sociedad, ¿quién lo tiene que decidir, A/ uno que pasa por allí, no tiene ni idea de dónde está y al cabo de cuatro días se largará, B/ un tribunal o C/ la mayoría de la gente? Pues eso, servidor de usted vota por la C.