Aquí las ilegalidades que se ha cometido los últimos meses van pasando por delante de nuestras narices con una alegría de que no nos la acabamos. Y no pasa nada. De nada. Es que ya no son ni noticia.

¿Recuerda cuando el pasado 27 de enero Carles Puigdemont tenía que ser elegido president de la Generalitat? En aquel momento la discusión era si el aspirante debía estar en el pleno presencialmente o podía participar telemáticamente desde Bélgica. Hasta que el TC, en una reunión celebrada un sábado y como consecuencia de un recurso presentado por el Gobierno, decidió por la mayoría de once de los doce magistrados permitir la investidura, sí, pero si el president venía en persona y con la autorización del juez Llarena. Y claro, venir en persona quería decir ser detenido y encarcelado.

Por eso el entonces ministro Zoido (todavía ahora me pinchan y no me sacan sangre cuando pienso cómo este individuo pudo llegar a ser ministro del Interior del Reino de España) decía que la policía y la Guardia Civil vigilaban "de una forma muy intensa" todas las entradas a Catalunya para que Puigdemont no accediera "con helicóptero, ultraligero o barco". Y por eso a la entrada del Parlament revisaban incluso el maletero del taxi de Xavier Domènech.

Pero el Alto Tribunal también decía aquel día que el pleno quedaba suspendido y advertía al president Torrent y a la Mesa que en caso de no acatar la suspensión incurrirían en responsabilidades penales. Y eso a pesar de dos informes, del Consejo de Estado y de los letrados del TC, que decían que no se podía impugnar la candidatura antes de celebrar el pleno. Básicamente, porque no puedes multar a alguien por saltarse un semáforo cuando todavía no se ha subido al coche.

Por lo tanto, y resumiendo, el Tribunal Constitucional impidió, de forma provisional, la investidura de Carles Puigdemont, saltándose las recomendaciones legales y amenazando con prisión a los representantes democráticos elegidos por los catalanes.

Cinco meses después, y a punto de acabar el plazo que tenía para hacer pública la decisión definitiva, el TC ha hablado. ¿Y sabe qué ha dicho? Pues declara "la pérdida sobrevenida del objeto del incidente sobre el mantenimiento o levantamiento de la resolución del presidente del Parlament del 22 de enero del 2018, por la cual se proponía investir como president a Carles Puigdemont" y entiende que "las circunstancias concurrentes actualmente hacen que las decisiones impugnadas en este proceso constitucional hayan perdido su eficacia y, en consecuencia, no puedan ser aplicadas".

Eso traducido quiere decir que el TC permite a Carles Puigdemont presentarse hace cinco meses como candidato a president de la Generalitat de forma telemática desde Bélgica. Pero, por desgracia, como que ya no es candidato, porque al no permitirle entonces presentarse escogieron a otro candidato, pues dejémoslo estar, en cien años todos calvos y, como dijo el poeta, "a tomar pol culo y un abrazo".

Y, oiga, lo más sensacional de todo es que no ha pasado nada. Porque aquí nunca pasa nada. Y, de hecho, ¿por qué tendría que pasar algo en un lugar donde la ley se aplica con unos criterios que no sabes nunca si son más arbitrarios que políticos?

Aquí un juez mantiene en prisión provisional a nueve personas acusadas de un delito que solo ha existido en su imaginación y en unos informes basados en informaciones falsas creadas por quien tendría que protegernos de los malos.

Aquí un juez mantiene en prisión provisional a nueve personas acusadas de un delito que ha sido desmentido por el ministro de Hacienda español.

Aquí es obligación aceptar y publicar el Govern que escoge el president de la Generalitat y, si al Estado no le sale de allí mismo hacerlo, pues no lo hace y punto. Y ese Govern no es.

Aquí pasan estas cosas y otras y aquí no pasa nada. Porque aquí nunca pasa nada.