"¡Es triste pedir firmas contra los indultos pero más triste es que los catalanas nos roben España. Aaaai, por favor, fírmeme contra los catalanes, que no le cuesta ná de ná!". Hasta la mani de Colon, ahora toca exprimir los posibles indultos. Para hacer anticatalanismo y para erosionar a Sánchez. Una película que ya habíamos visto con ZT (Zapatero Talante) y el Estatut.

Pero mientras nos miramos el dedo de los posibles indultos para hacer lo que hacen estos siempre que no gobiernan, consistente en ir contra todo, estamos perdiendo de vista la luna, que es el Tribunal de Cuentas y son los juzgados 13 y 18 de BCN, donde la vida continúa ajena a todo. España es un país donde la justicia política hace de legislativo, de ejecutivo y de tercera Cámara, donde una Junta Electoral echa a un Presidente de la Generalitat por una pancarta y donde el Tribunal de Cuentas fiscaliza opiniones políticas realizadas durante actos oficiales y a preguntas de los periodistas. Y eso último es muy bonito porque, en un mundo donde lo habíamos visto prácticamente todo, era una de las cosas que todavía nos faltaba por observar.

El ya mítico Tribunal de Cuentas reclama hace tiempo cinco millones de euros a los responsables de Acción Exterior de la Generalitat por haberlos dedicado a "promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el procés soberanista'" durante 45 viajes hechos fuera del país entre los años 2011 y 2017. I, ¿cómo y cuándo dice este tribunal que se habría hecho esto? Pues ahora sabemos que cada vez que en algún momento de estos viajes se hizo "alguna alusión al Procés". Por ejemplo, si en un viaje del Presidente Mas a Nueva York un periodista le preguntaba su opinión sobre la actualidad y salía el tema, todo el viaje pasa a ser considerado despilfarro de dinero público. ¡A-CO-JO-NAN-TE!

O sea, si en uno de estos viajes le preguntaban a Artur Mas -o a quien fuera de la delegación- por una final de la Champions y alguien hubiera falsificado centenares de entradas, la Generalitat sería corresponsable de la estafa. Y si les pedían por la película "La Matanza de Texas", pasan a ser considerados cómplices de asesinato. Pero lo peor no es que los señores "cuentas" hayan llegado a este nivel de ponme toda la botella de absenta entera y no hace falta vaso, que también, sino que nadie pare de raíz el despropósito. ¿Desde cuando un Tribunal de Cuentas fiscaliza que un cargo político pueda opinar o no sobre la independencia en un acto público? Ah, y eso no lo digo yo sino el voto particular emitido ya hace dos años por María Dolores Genaro Moya, una de las consejeras del Tribunal.

Pero no se vaya aún porque, mientras por la vía 1 la gente sigue subiendo al tren mediático de los indultos, por la vía cinco no para de entrar en la estación -y en silencio- el tren donde van cuatro consellers y varios altos cargos del nuevo Govern que tienen causas abiertas por el 1-O. Son el conseller de Empresa Roger Torrent, investigado por desobediencia al permitir tramitar mociones sobre el Procés cuando era presidente del Parlament; la consellera de feminismos Tània Verge, a quien la Fiscalía le ha recurrido su absolución por el caso de los Síndicos; conseller de Educación Josep González-Cambray, detenido por el caso Volhov, que es aquello de los diez mil soldados rusos que tenían que venir de público a uno de los miles de festivales que organizamos este verano y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que está procesada en el 13. Y también son Eusebi Campdepedrós, Marta Garsaball, Teresa Prohies, Francesc Sutries y Aleix Villatoro; Núria Llorach, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, miembros de la cúpula de los medios públicos de la Generalitat; los diputados de Esquerra Josep Maria Jové y Lluís Salvador y los diputados de la CUP Laia Estrada y Paz Juvillà, que es miembro de la Mesa del Parlament.

Los presos políticos tienen que salir libres y los exiliados tienen que volver, pero detrás suyo va una lista con 3.301 represaliados incluidos en 150 causas que son la luna. Y no el dedo.