Queda ya para el recuerdo aquella Transición española gobernada por un único partido político (PSOE o PP) con mayoría absoluta o con apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos cuando les faltaban algunos diputados para obtener la mayoría.

En los últimos años, el proceso independentista catalán ha cambiado el escenario completamente. Tres gobiernos inestables en 4 años y parece que se podría ir a nuevas elecciones en noviembre, que muy probablemente no solucionarían el problema de gobernabilidad de España. ¿España se ha vuelto ingobernable?

El proceso independentista ha hecho que los dos grandes partidos tradicionales (PSOE y PP) hayan dejado espacios para la aparición de nuevos partidos. La entrada de Ciudadanos y Podemos en 2015 en el Congreso de los Diputados, justo después de la primera consulta sobre la independencia del 9-N del 2014, se debe a la oportunidad de cubrir un espacio más nacionalista español que el PP (Ciudadanos primero y desde el 2018 también con Vox) y uno más a la izquierda del PSOE, con Podemos, un partido que reconoce con timidez el derecho a la autodeterminación de los pueblos que conviven en el Estado.

La aritmética de las últimas elecciones generales hace muy difícil un gobierno estable si no se abre la puerta a los partidos independentistas a sentarse y negociar un referéndum acordado. No hacerlo llevaría muy probablemente a los españoles a unas nuevas elecciones en noviembre del 2019 y nada hace pensar que los resultados cambien lo suficiente para que un solo partido obtenga la mayoría absoluta, o que el bloque PP-Ciudadanos lo haga, y de nada serviría que lo hicieran PSOE y Podemos, como ya se ha visto. A estas alturas, un pacto entre PSOE y PP o Ciudadanos también se ve muy improbable porque el problema catalán los mantiene muy alejados.

Esta inestabilidad política llega en un momento en que España tiene que hacer grandes reformas estructurales a causa del incumplimiento del déficit público 10 años después del inicio de la crisis, con un sistema de pensiones claramente insostenible, un paro que sigue siendo el segundo más alto de la UE, la precariedad de los puestos de trabajo es altísima y, en una nueva crisis, el paro volvería a superar el 20% sin posibilidad de hacer políticas de protección social con un Estado que tiene un endeudamiento próximo al 100% de su PIB.

Catalunya y seguramente también España podrían crecer más de lo que lo hacen si tuviéramos un marco más estable de relaciones entre administraciones

Catalunya sigue siendo la locomotora del estado español, crece un 2,6% el PIB del 2018, prácticamente el ritmo más alto de los países núcleo de la UEM; sigue siendo uno de los cuatro motores industriales de la UE con un peso de la industria sobre el PIB que supera el 20%; es la comunidad autónoma con más inversión productiva extranjera; la mejor región para invertir en el sur de Europa según Financial Times; crecen las exportaciones por noveno año consecutivo y representan más del 25% del total del Estado. Barcelona es la sexta ciudad de la Unión Europea en llegadas de turistas internacionales, tiene el puerto líder de cruceros en Europa, y somos la cuarta ciudad que organiza más congresos y ferias del mundo, y la primera en número de delegados y delegadas en reuniones internacionales, aparte del tercer destino preferido en Europa para implantar una start-up y la octava ciudad más innovadora de Europa.

Tener estos resultados es muy meritorio, pero es extremadamente difícil con un Estado en contra. Efectivamente, lo que depende de Madrid suele funcionar mal en Catalunya. Los trenes titularidad de Renfe tienen retrasos constantes y averías frecuentes; los servicios del aeropuerto del Prat (el más rentable del Estado) están dimensionados a la baja, como se ha demostrado este fin de semana con la huelga del personal de handling discriminado con respecto al de Madrid; carreteras de alta intensidad sin desdoblar, como la N-II, que es por la que circulan más camiones de la Península y todavía tiene tramos con un solo carril. Y todo eso con políticas de inversión que ningún año han superado el 15% de la inversión presupuestada en el conjunto del Estado, a pesar de que Catalunya representa el 19% del PIB y que, además, en los últimos 10 años, difícilmente supera el 75% de cumplimiento.

Nadie que no viva la realidad de Catalunya tendría que pensar que este maltrato del Estado es consecuencia del proceso de independencia, sino al contrario, el apoyo a la independencia creció hasta situarse en torno al 50% porque el Estado hacía años que maltrataba a Catalunya económicamente, con gobiernos del PP o del PSOE, da lo mismo.

Dicho esto, estoy convencido de que Catalunya, y seguramente también España, podrían crecer más de lo que lo hacen si tuviéramos un marco más estable de relaciones entre administraciones y ayudaría a la UE a crecer más y afrontar los retos globales que se han presentado últimamente con el Brexit, y los nuevos equilibrios entre los EE.UU. y China o Rusia. Si la UE está distraída con sus conflictos internos, difícilmente puede afrontar con unidad los retos planetarios.

No hay más opción que la intervención de Europa en la política española, o las consecuencias serán mucho más nefastas para el conjunto de la UE en los próximos meses

Volvamos a la cuestión principal del artículo. La gobernabilidad del estado español será imposible si no se cuenta con la locomotora económica a nivel político, y estoy convencido, como presidente de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, que ya no hay más opción que la intervención de Europa en la política española, o las consecuencias serán mucho más nefastas para el conjunto de la UE en los próximos meses.

Con la elección de Boris Johnson y la más que previsible salida del Reino Unido de la UE, España pasa a ser una de las economías más importantes y a la vez más problemática de la UE. El próximo mes de octubre está previsto que se publiquen las sentencias sobre los presos políticos catalanes que, según varias fuentes anuncian, serán muy duras. Quiero aprovechar para decir que uno de ellos, Jordi Cuixart, es un empresario ejemplar, con una empresa exportadora líder en su sector y a quien se le ha impedido desde hace casi dos años gestionarla, aunque el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha pedido su libertad inmediata.

Estas sentencias harán que centenares de miles de catalanes salgan a la calle como lo hicieron el 3 de octubre del 2017 y posiblemente paren la economía incluso más de una jornada. No se puede olvidar que la autopista AP-7 es el eje de mercancías principal entre la península Ibérica y Europa, y que un paro largo podría añadir una creciente inestabilidad.

La negativa del gobierno de Pedro Sánchez a ni siquiera sentarse a dialogar con el president Quim Torra, hace imposible llegar a ningún escenario de estabilidad y contrasta con los continuos llamamientos al diálogo de los partidos independentistas, que demuestran un sentido de responsabilidad en torno a construir una solución acordada. El fracaso de la semana pasada por la investidura de un presidente de gobierno en España, acerca un conflicto que podemos saber cómo y cuándo empieza, pero no cuándo y cómo acaba.

Apelo, pues, a las instituciones europeas a que aprovechen el mes de agosto para exigir al presidente Sánchez que evite unas nuevas elecciones y que busque una salida dialogada al conflicto generado. Un gobierno estable es posible con el acuerdo de PSOE con Podemos, ERC y Junts per Catalunya que representan el 70% del Parlamento catalán, siempre que el Gobierno se siente con Catalunya a negociar.

Quiero recordar finalmente que cuando convino, tanto Grecia como Italia tuvieron que ser intervenidas por el bien común de todos los ciudadanos comunitarios.

 

Joan Canadell, presidente de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona