La crisis desatada a raíz del informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M entre el Gobierno y el Estado, es decir, entre unos políticos electos y, por lo tanto, interinos, y las instituciones de verdad del Estado, las que lo hacen permanente y eterno, hace saltar por los aires el sistema.
Si, como claman los que vomitan injurias sin freno, a la Guardia Civil cuando actúa como policía judicial no se le puede decir nada (como si fuera independiente como los jueces), se pasa intencionadamente por alto que la policía judicial, pertenezca al cuerpo que pertenezca, no es independiente. Tampoco, aunque se ha destacado, practica diligencias reservadas judiciales. Las diligencias judiciales no son reservadas. Es más, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y de Estrasburgo, excepto el secreto expresamente declarado, de menores y alguna otra excepción, las actuaciones judiciales no pueden ser sustraídas a la opinión pública. Una vez más, los soi-disant constitucionalistas están gripados.
Hojeando el informe en cuestión, presentado a la jueza de instrucción número 51 de Madrid, se ve claramente que es un atestado que no entra, por falta de base fáctica, en el fondo de la cuestión, pues, ça va de soi, la Guardia Civil va escasa de conocimientos médicos para llevarlo a cabo.
En consecuencia, en vez de callar, hace otras cosas. Por una parte, opina a diestro y siniestro, mutilando documentos, de forma poco imparcial y en contra de lo que preceptúa a la ley sí o sí (artículo 2 de la ley procesal penal). La opinión de la policía judicial sobre si tal acto tiene este significado o no es judicialmente irrelevante. Lo que la policía le tiene que facilitar al juez es un hecho, no una opinión.
Alguna muestra más aparte de las que ya expuse aquí mismo hace pocos días. Todo se centra en la manifestación del 8-M, manifestación, recordemos, feminista y por lo tanto peligrosa a ojos de los antisistema que pululan por la Carrera de San Jerónimo o la Plaza de la Marina Española. Pero es que el 8-M también tuvo lugar la reunión de Vox en Vista Alegre. Aunque algún dirigente salió (si es que no entró) infectado por el coronavirus, no se menciona nada de eso en el informe. Una reunión bajo techo no parece menos infecciosa que una manifestación en la calle. De eso la policía judicial verde no opina ni lo reseña. Ni de los partidos de fútbol ni de otras concentraciones más o menos masivas. El feminismo, como sospechaban, es para algunos un disolvente social. O lo de siempre: a los afines nada, contra los disidentes lluvia de descalificaciones. Aquí el disidente es la Moncloa.
La opinión de la policía judicial sobre si tal acto tiene este significado o no es judicialmente irrelevante. Lo que la policía le tiene que facilitar al juez es un hecho, no una opinión
Sin embargo, ¿estas opiniones policíacas en qué se basan? En tres fuentes: declaraciones de testigos en sede policial —es decir, sin las garantías procesales—, que, al ser transcritas en el informe, manifiestan lo contrario de lo que dijeron en presencia policial. Además, un montón de resoluciones administrabas, de organizaciones internacionales y europeas y de comunidades de dirigentes y de expertos —o no tanto— en materia de lo que se convertiría la pandemia. Se mezcla todo, se trocea de aquí y de allá y se pasa por el túrmix del sesgo. Y, finalmente, la joya de la corona: recortes del más célebre de los periódicos digitales que tienen relaciones difíciles con la realidad, que eventualmente los jueces tienen que restaurar.
Aquí es donde quería llegar: los recortes de periódico como fuente de preprueba judicial; judicial, porque la jueza no ha devuelto el informe por el mismo conducto que lo ha recibido y lo ha incorporado a la causa. Hagamos un poco de memoria. Cuando reinaba Fernández Díaz raro era el día en que no había materia para mojar pan. Por ejemplo, de las conversaciones grabadas en el ministerio y difundidas salió maltrecho el director de la época de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso.
Bien, con estas filtraciones, de cuya genuinidad nadie dudó ni nadie cuestionó ni nadie impugnó ante los tribunales, se confeccionó una denuncia ante el Tribunal Supremo. Denuncia que fue archivada de plano porque, según la resolución de 7 de noviembre del 2016, los recortes de periódico no son de fiar. ¿Recuerdan? Así: “la apoyatura indiciaria de los hechos que se imputan son las noticias periodísticas que contienen las transcripciones de unas conversaciones respecto a las que se ignora la calidad de su correspondencia con la realidad”.
Si esta es la doctrina judicial, ¿no la tendría que aplicar sin fisuras la policía judicial que opera a las órdenes de los jueces? Y de paso, la instructora también. Una vez más, la ley del embudo se manifiesta como la real Magna Charta del régimen: no falla nunca.
Eso hace, como se experimenta en la práctica diaria, que muchos atestados no valgan ni el papel en el que están escritos, que en demasiadas ocasiones sean pura fantasía y que, lamentablemente, demasiadas veces los jueces los acepten, aunque después tengan que hacer lo imposible por dictar sentencias que no se basen directamente en aquellos. Un claro ejemplo fue la sentencia del procés: los papelotes emanados de la policía judicial de la Guardia Civil en Catalunya fueron obviados formalmente en la sentencia. Por ejemplo, ni el Enfocats ni la moleskine, piezas nucleares de los atestados del teniente coronel Baena —que no vio nada de lo que escribió, según sus propias palabras—, no fueron ni siquiera exhibidas en el juicio. Se debió pensar que con las paranormales relaciones con la verdad de algunos testigos ya bastaba.
De toda la parafernalia que son muchas veces los atestados, especialmente cuando son políticos (reforjados en el crisol anti-ETA), con dos jueces ministros, el gobierno más progresista de la historia —¿de cuál?— sería consciente. Muy especialmente Marlaska, tres veces censurado por Estrasburgo por hacer caso de la policía y no de los presuntos torturados. Alguacil alguacilado se dice eso. Quevedo, tan reaccionario él, una vez más la clavó.