Empiezo con un título muy directo, sin ambages. ¿Por qué? Muy sencillo. Ninguno de los presos por el procés ni ninguno de los exiliados, como saben los juristas, han cometido ninguno de los delitos por los cuales se los acusa. Le pueden dar las vueltas que quieran, pero no hay ni rebelión ni sedición (que requieren un levantamiento público, que no ha existido nunca) ni la malversación, que Hacienda ―recuerden las palabras de Montoro―, a pesar de los exhaustivos controles, no ha visto nunca.
Así pues, mantener a los presos un solo minuto más en la prisión va contra toda lógica jurídica y contra las bases más elementales del estado de derecho. Esta libertad se tiene que acordar lo antes posible, sin dilación.
Una vez en la calle, hay que archivar la causa por los delitos mencionados. No es pedir perdón ni clemencia. Es, sin ningún tipo de restricción mental, un imperativo de justicia. Si no hay delito, no tienen sentido ni la prisión ni el proceso.
Eso, para las autoridades centrales ―toto tipo de autoridades― será duro de tragar. Más lo es tragarse la actual situación por los afectados directos, sus familias y sus seguidores. Prácticamente la mitad de Catalunya. Porque, ningún demócrata, por muy en desacuerdo que esté con la independencia, pretenderá castigar con el procesamiento de los soberanistas la mitad de un pueblo, en realidad, de hecho, su totalidad, ¿verdad?
En todo caso, fueron las autoridades centrales con maquinaciones, sin ninguna base ni fácticas ni legales, quienes se adentraron en un laberinto creado por su propia mala fe. Les toca a estas autoridades mover ficha en la buena dirección.
¿Quién la puede mover y así empezar a acabar con esta pesadilla y dar paso a la política? El Gobierno. Sánchez tiene dos opciones: pasar a la historia como el sucesor de Rajoy, tan mediocre, autoritario y rutinario como él, o dar un salto de político, coger el toro por los cuernos y poner vías para solventar el problema institucional más grave de España desde 1936. Cómo quiere pasar Sánchez a la historia: ¿como una mala copia de Rajoy o como un verdadero político, como, por ejemplo, Pierre Mendès-France? Depende de él. Hace falta valor, pero depende de él.
¿Cómo? Activando el ministerio fiscal que depende del Gobierno. No entraré en la estéril e interesada polémica de la (inexistente) independencia de la fiscalía. El fiscal no es un juez y, por lo tanto, no tiene que ser independiente. Es el ejecutor de la política criminal del Gobierno ante los tribunales en cada situación. En lugares tan poco sospechosos de debilidades democráticas, como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, el fiscal se puede llegar a sentar en el consejo de ministros. En España no llega a tanto, sin embargo, como buena muestra de que no es independiente del Gobierno, el fiscal general cesa cuando cesa... el Gobierno. Poco más hay que discutir.
Toda negociación supone renuncias, definitivas o temporales, supone muchos giros y curvas
Dejando de lado la palinodia de la independencia del acusador público, quien tiene que tomar la decisión política de la libertad primero y después del archivo es el mismo Gobierno, dando las instrucciones adecuadas a la fiscalía. Si lo hace directamente, dando apoyo a peticiones de los interesados o a petición de autoridades extranjeras, da exactamente igual. Cierto que hay dos acusaciones populares, VOX y la de una especie de multitud de sindicatos policiales. Formas y medios legales para que colaboren legalmente y lealmente en la recta administración de la justicia hay un montón. Retiradas las acusaciones, en virtud del constitucional principio acusatorio, los tribunales ―ningún tribunal― puede proceder contra nadie.
Lo que se trata es que, primero, la fiscalía y el resto de acusaciones no se opongan a la libertad de los presos. En segundo lugar, que retiren las acusaciones, sea con un escrito de una línea o no oponiéndose a la petición de archivo de los procesados. Ídem con los exiliados.
Que para el Estado es difícil de tragarse esta píldora, ciertamente. Pero aquí radica la grandeza de la política. Juegan con unas cartas a favor: la simpatía internacional que el Gobierno Sánchez ha generado y la que generaría esta medida. Y no sólo políticamente: demostraría la fortaleza del sistema ―enterrando a los demonios familiares― y generaría confianza por todas partes.
Además, no es este Gobierno, por mucho que algunos de los que se sientan hoy en el Consejo de Ministros se deleiten con la situación actual y comulguen con los designios del anterior, este Gobierno, reitero, no es quien ha puesto en marcha la actual cruel e injusta travesía procesal, que nadie compra en el exterior, por otra parte. Todo eso, a un político inteligente y audaz lo tendría que motivar.
Si el Gobierno Sánchez no da pasos decididamente inequívocos en favor de la libertad de los procesados y el archivo de la causa, se puede encontrar con que su tarea de gobierno quedará en nada, por imposibilidad de sacar adelante cualquier proyecto: siempre le faltarán los votos de los diputados y senadores soberanistas; y, casi seguro, algunos más.
¿Es eso chantaje? De ninguna de las maneras: es pura negociación política. La política democrática se basa en el acuerdo. Sin acuerdo, como sabemos perfectamente por las experiencias que estamos viviendo, no hay política.
Sucede, sin embargo, que cuando se practica el diálogo sincero para llegar a acuerdos duraderos y los dialogantes se encuentran muy alejados, el diálogo es más largo y el acuerdo es más difícil. Si Kissinger y Le Duc Tho llegaron a los acuerdos de paz de París, después de cuatro años de conversaciones interminables, peleándose sus tropas sobre el terreno, qué no puede pasar aquí con ausencia radical de violencia.
Toda negociación supone renuncias, definitivas o temporales, supone muchos giros y curvas. Alcanzado, sin embargo, el acuerdo supone más democracia y prosperidad. ¿Quién no quiere eso? ¿Lo quiere quien quiere reformar el Código Penal ―sin tener mucha idea por otro lado― para introducir una sedición impropia ―seguramente queriendo decir rebelión impropia― y la criminalización de los referéndums?
Hay que saber cuándo hay un interlocutor y cuándo darle el empuje necesario (y estar dispuesto a recibir) para llegar al acuerdo. En cualquier caso, los presos y el archivo de la causa por delitos inexistentes no forma parte de la negociación. Se puede, sin embargo, incentivar desde el Congreso y del Senado administrando el voto decisivo de los diputados y censores soberanistas. Así es la política, la buena.