Un rey opaco

El lunes supimos varias cosas relativas a las finanzas del Rey, pero no todas, ni mucho menos. En el comunicado ―difícil de encontrar en la web de la Casa Real, sin ningún destacado, y siempre solo en castellano― se da la cifra de su patrimonio, que supera los dos millones y medio euros.

De entrada, transparencia, poca. Como dicen que decía Bernard Shaw, la contabilidad es una de las bellas artes. La asignación de la Casa Real, dado que la oficial consta en la ley de presupuestos, aunque materialmente insuficiente, no es ningún misterio. Los misterios empiezan ya cuando se hace una ojeada por encima de este burocrático comunicado, regado con un autobombo propio de quien tiene poco más que ofrecer.

Felipe VI es príncipe de Asturias desde 1977, cuando tenía nueve años, y juró el título ―que no el cargo― a los 18 años, en 1986. ¿Durante el tiempo de infancia, cobraba como príncipe de Asturias? La actual y su hermana, menores de edad, las dos, hace años que tienen una significativa asignación, aunque no disfrutan de edad legal para trabajar. Se puede inferir que el actual rey también percibió a cargo del erario público y por voluntad constitucional de su padre, el autoexiliado Juan Carlos, una no menos potente cantidad simplemente por el hecho de haber nacido príncipe. Es un tema que hay que aclarar. Falta transparencia. La suma presentada cuadra más bien con su sueldo como jefe del Estado, dado que el comunicado habla sus compromisos constitucionales. De todos los miembros de la Casa Real, el único miembro que tiene funciones constitucionales es el Rey, el jefe del Estado: nadie más.

Que quien dice encarnar el símbolo de la unidad de la nación no envíe a partidos legales sus comunicados es un gesto inefable. En estas condiciones, ¿qué moderación y arbitraje podemos esperar de un monarca así? 

Por lo que señalan algunas publicaciones con datos que nadie ha cuestionado, el Rey percibe su sueldo como militar, ahora como capitán general desde el 2014, teniendo en cuenta que empezó de alférez y podría pertenecer a los tres ejércitos; cuando menos, de sus uniformes hace gala. Y en ningún caso podemos dejar de considerar las retribuciones en especie, como es disponer de palacios, edificios, fincas y otros inmuebles destinados en exclusiva a su servicio. Es el así nombrado por ley Patrimonio Nacional, o, lo que es lo mismo, el conjunto de bienes públicos puestos al servicio exclusivo y excluyente del jefe del Estado: Palacio de Oriente, la Zarzuela, el Alcázar de Sevilla, El Escorial, El Pardo y muchos lugares más. Esta plena disposición ―¿a cargo de quién corren los gastos de mantenimiento?― teniendo en cuenta que es vitalicia ―hasta la muerte o la abdicación― también habría que computarla. Sin contar con hechos privados sufragados por todos los ciudadanos, hechos como su boda, que costó al erario público entre 20 y 40 millones de euros. Las especulaciones a que nos obliga el comunicado, la información fragmentaria y muy dispersa de la que disponemos apunta no precisamente hacia la transparencia de la que el régimen se vanagloria.

La luna de miel afortunadamente no se cargó al erario público: los casi 250.000 euros que fácilmente costó salieron de donantes privados, seguramente como regalo a los regios novios. Lo que sí que pagan todos los españoles es la asesoría que le hace Hacienda para pagar sus impuestos, tal como dice la nota explicativa adjunta al comunicado regio, en su punto número 2. Visto su patrimonio, debe ser más complicado hacerle la declaración de renta que descargarse el programa PADRE. ¿De cuántos otros servicios, que los ciudadanos mantienen con sus impuestos, dispone gratis total la Casa Real? Tampoco en este aspecto brilla la transparencia.

Finalmente, hay un dato peculiar que denota la institucionalidad de la Corona en el sistema constitucional, es decir, al encarnar sus funciones primigenias, tal como decreta el art. 56. 1 de la Constitución: el Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Que eso no es así, es decir, que ni representa la unidad que dice predicar y que arbitra ni modera, lo demuestra el hecho público y notorio que el comunicado del que vengo hablando se envió al Gobierno, a los partidos mayoritarios y a los de forma alegal denominados partidos constitucionalistas. El comunicado no se envió ni a ERC, ni a JuntsxCat, ni a Bildu, ni a las CUP y ni al BNG. Parece que Podemos tampoco fue receptor en la medida en que forma parte del Gobierno.

Que quien dice encarnar el símbolo de la unidad de la nación no envíe a partidos legales ―por lo tanto, plenamente constitucionales en una democracia no militante― sus comunicados es un gesto inefable. En estas condiciones, ¿qué moderación y arbitraje podemos esperar de un monarca así? La pregunta obviamente es retórica. No paran de señalar el camino de salida los autodesignados constitucionalistas, bien regados con los impuestos de los representados por el 30% de los miembros en las cámaras parlamentarias, a las que ignoran. En eso sí que hay transparencia. Cristalina.