Lo cierto es que la legislatura catalana se ha salvado in extremis. El viernes pasado parecía todo perdido. El presidente Torra ha pasado el fin de semana preparando la presentación del Pla de Govern y pendiente de si tenía que convocar elecciones. Es lo que habría pasado si Esquerra Republicana, dicen los suyos, se avenía a asumir la suspensión de los diputados electos que están en la prisión y en el exilio, dictada por el juez Llarena. Incluida, por supuesto, la suspensión de Carles Puigdemont, a quien Junts Per Catalunya sigue considerando el presidente legítimo e irrenunciable.

Si Puigdemont deja de ser diputado, también pierde aura institucional y la posibilidad de recuperar en un momento dado la presidencia, razón de ser de la legislatura, según dijeron los soberanistas en la campaña electoral. Así que Junts per Catalunya se cerró en banda a aceptar la suspensión con la amenaza de forzar elecciones. Las pocas ganas de comicios que tiene ahora mismo Esquerra Republicana superaron en el último momento las enormes ganas que tienen de apagar la luz de Waterloo.

Con todo, el conflicto continuará abierto y pendiente de nuevas intervenciones judiciales, probablemente recurribles en el Constitucional y a correr. Lo que se someterá a votación del pleno del Parlament será si se suspenden los diputados tal como ordena el juez. De acuerdo con el reglamento del Parlament, la suspensión de los diputados sólo puede prosperar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara. Desde este punto de vista, los diputados de PP, PSC y Ciudadanos estarían en el bando del sí pero nunca llegarán a la mayoría absoluta, ni siquiera descontados los votos de los diputados presos y exiliados que no votarán para evitar un conflicto de intereses. Con la derrota cantada, lo más probable es que los partidos que dieron apoyo al 155 se nieguen a participar en la votación

Llegados a este punto se producirá un nuevo conflicto de legitimidades, entre el auto del juez Llarena y el Reglamento del Parlament. Llarena aplica a los presos soberanistas medidas cautelares previstas por acusados de terrorismo. Por su parte, la Mesa del Parlament considera que es el pleno de la Cámara el único organismo legitimado para suspender a los diputados. Y el artículo 25 del Reglamento dice que podrán ser suspendidos los diputados "si es firme el acto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno del Parlament lo acuerda por mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados". O bien, también por acuerdo del pleno por mayoría absoluta "si han sido condenados por sentencia firme a una pena de privación de libertad que imposibilite la asistencia a las sesiones plenarias".

Se producirá un nuevo conflicto de legitimidades entre el auto del juez Llarena y el Reglamento del Parlamento

El interés del argumentario del Parlament es que utiliza jurisprudencia del propio Tribunal Supremo dictada ni más ni menos por el magistrado Manuel Marchena, a quien todo el mundo considera mentor de Llarena. Marchena firmó una sentencia condenatoria de Juan María Atutxa, cuando el presidente del Parlamento vasco se negó a disolver el grupo parlamentario llamado Sozialista Abertzaleak, después de la ilegalización de Herri Batasuna. Marchena argumentó entonces que la disolución del grupo parlamentario "no implicaba una injerencia en el ámbito parlamentario" porque sólo se trataba de que los diputados abertzales pasaran al grupo mixto.

Afirmaba Marchena en su ponencia que "Este principio de autonomía parlamentaria es, sin duda, el núcleo de la garantía institucional. (...) Aquel principio encuentra expreso fundamento en el art. 72 de la CE, según el cual, las Cámaras "(...) establecen los propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos (...) regulan el estatuto del personal (...) y escogen los presidentes respectivos y los otros miembros de las mesas". El presidente de la Cámara, a su vez, ejerce "(...) en su nombre todos los poderes administrativos y las facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes".

Así y todo, España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la sentencia de Marchena contra Atutxa, lo cual no fue obstáculo para que siguiera escalando hasta la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ocupa ahora mismo.