¿Quién apuñalará a Pedro Sánchez? Era la pregunta del fin de semana y ahora ya podemos responder: los jueces y la Guardia Civil. La ofensiva de la judicatura y del instituto armado, bautizado como "la Benemérita", contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone de manifiesto la determinación de los sectores más reaccionarios del Estado, con el visto bueno del establishment, de tumbar como sea el Gobierno PSOE-Podemos. Una batalla que la caverna sabe que puede ganar siempre que la libre en su terreno político-institucional... y no en las urnas.
No hay que ser un entusiasta de la gestión de la crisis sanitaria que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez para afirmar que, por muy mal que lo hayan hecho, ni Sánchez, ni el ministro Illa, ni el técnico Simón merecen ir a la cárcel. (Me refiero estrictamente a las medidas para detener la pandemia, la organización de los desconfinamientos y todo el desbarajuste, porque en cuanto las medidas sociales y la gestión comercial de los pedidos de material todo está por aclarar).
Desde este punto de vista, que la Guardia Civil pretenda alimentar la acusación al Gobierno —como siempre, procedente de un abogado de trayectoria turbia— de prevaricar por autorizar la manifestación feminista del 8 de marzo es una prueba fehaciente de la voluntad políticamente conspiradora de los mandos del cuerpo. El argumento que avalan los informes de la Guardia Civil es que el Ejecutivo autorizó la marcha consciente de que provocaría contagios y muertes. Y lo cierto es que en aquella manifestación participaron prácticamente todas las mujeres que forman parte del Consejo de Ministros.
Desde el año 2000 a esta parte, el régimen del 78 ha experimentado una deriva antidemocrática que ha tergiversado el espíritu constitucional y en esta involución los socialistas han ejercido de meros compañeros de viaje, convencidos de que si no molestaban a la bestia les dejarían disfrutar de la alternancia, pero la bestia es insaciable. Primero los catalanes y luego quien se ponga por delante
Con todo, lo más significativo es la admisión a trámite de la denuncia por parte de la juez Carmen Rodríguez Medel. El coronel Diego Pérez de los Cobos es un fascista de trayectoria inequívoca y suficientemente conocida que, como hizo en Catalunya, actúa brutalmente, sin disimular nada, ejerciendo ostentosamente su impunidad. De la jueza Rodríguez Medel se sabe que es nieta, hija y hermana de guardias civiles y que cuando todo el mundo daba por hecho que sería la nueva directora general del instituto armado, la socialista María Gámez le pasó por delante.
La destitución del coronel Pérez de los Cobos ha hecho emerger la batalla política en el seno del núcleo duro del Estado. La juez Rodríguez Medel amenaza al ministro Marlaska porque el Ejecutivo no tiene mando cuando la Guardia Civil actúa como policía judicial. El instituto armado mantiene el pulso desde la cúpula con la dimisión del guardia civil de mayor rango, el director general operativo, teniente general Laurentino Ceña. Y para dejar las cosas aún más claras, la Asociación Profesional de la Magistratura, el principal lobby de los jueces, de orientación conservadora, ha exigido al ministro Marlaska que se retracte y restituya a Pérez de los Cobos. La respuesta del ministro Marlaska no ha podido ser más patética. Si condecoró y retribuyó generosamente a los policías y guardias civiles por las palizas a los catalanes que querían votar el 1 de octubre, ahora no se le ha ocurrido nada mejor que anunciar un aumento de sueldo generalizado que costará a los contribuyentes 247 millones de euros. Es lo que siempre han hecho los socialistas en el Gobierno, en vez de cambiar las cosas, procurar mantener la bestia bien contenta.
La incompetencia de los gobernantes es una desgracia para todos y merecen ser relevados del cargo, pero como no existe ninguna garantía de que la alternativa será mejor, la alternancia se debe decidir en las urnas. Si se decide en otro ámbito, será un golpe de estado en el sentido kelseniano. Desde el año 2000 a esta parte, las fuerzas reaccionarias del Estado, con el amparo de un Partido Popular que votó no a la Constitución y de buena parte de la judicatura, se ha ido imponiendo progresivamente con leyes, ordenanzas y valores una interpretación de la Constitución objetivamente contraria e incluso opuesta al espíritu con el que fue redactada y votada el año 78. Lo ha expresado mejor que nadie la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, proclamando al fascista Pérez de los Cobos como un "héroe de la democracia española", obviamente por la represión que dirigió contra los catalanes en 2017. Y en esta deriva los socialistas han ejercido de meros compañeros de viaje, convencidos de que si no molestaban a la bestia, les dejarían disfrutar alternancia, pero la bestia es insaciable. Primero los catalanes y después quien se ponga por delante.