En la inquietante película de Spielberg El puente de los espías, el abogado que encarna Tom Hanks implora al juez que no condene a muerte a un agente secreto ruso que ha sido descubierto, y el juez viene a decirle que la democracia de los Estados Unidos obliga a algunas formalidades, pero que el espía comunista será condenado inexorablemente a la horca porque lo que está en juego son los intereses nacionales. La separación de poderes es uno de los cimientos de la democracia pero las interferencias políticas en el poder judicial son una evidencia en todas partes.
Ahora mismo, en los Estados Unidos, la jubilación voluntaria de un magistrado centrista como Anthony Kennedy le da la oportunidad a Donald Trump de ampliar la mayoría conservadora del Tribunal Supremo. Si prospera el nombramiento del propuesto Brett Kavanaugh, el tribunal registrará una correlación de 6 conservadores contra 3 progresistas. Y las perspectivas son estremecedoras si se tiene en cuenta que los dos jueces más viejos, ambos octogenarios, fueron propuestos por presidentes demócratas. En los EE.UU., los jueces del Supremo lo son de por vida, y la renovación pendiente de un magistrado fue la razón más poderosa para que republicanos que detestaban Trump le votaran: para asegurar la mayoría conservadora en el SCOTUS (Supreme Court of the United States).
Con motivo de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, Alfonso Guerra dijo ya hace más de treinta años que "Montesquieu ha muerto" y todo el mundo se le tiró encima, pero después los acontecimientos no han hecho más que confirmarlo. Rumasa, Banca Catalana, Naseiro, Filesa, Gal, Egin, tantos casos de torturas... Siempre la justicia evoluciona al compás de la mayoría política dominante aun procurando guardar las formas. Así que, en público, nunca el gobierno español aceptará hacer nada para liberar a los presos políticos catalanes, argumentando que es cosa de los jueces. Pero lo tendrá que hacer. Pedro Sánchez se tendrá que arremangar como han hecho todos los gobiernos españoles a través de la fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial. No sólo para resolver el conflicto catalán, sino para redirigir muchos otros asuntos que afectan o afectarán a negocios y personas próximas.
En público, nunca el gobierno español aceptará hacer nada para liberar a los presos políticos catalanes, argumentando que es cosa de los jueces. Pero lo tendrá que hacer
Otra cosa es que salga adelante. Probablemente, el gobierno español de Mariano Rajoy ha sido el ejecutivo más intervencionista en la composición no sólo del Poder Judicial, también de tribunales concretos y de destino de jueces. Y así y todo, el caso Gürtel lo ha hecho caer. Pedro Sánchez todavía lo tendrá más difícil ante un poder judicial mayoritariamente conservador. Que el juez Llarena primero reivindique que los jueces interpreten la ley según su ideología y después se pasee por Catalunya haciendo ostentación de sus amistades con políticos del Partido Popular es todo una declaración de intenciones y un desafío claramente dirigido al presidente del gobierno español.
Así que el hecho de que en la reunión de ayer de la Comisión Bilateral no hubiera ningún acuerdo sobre los presos o sobre la autodeterminación no tiene ningún tipo de importancia. Estaba absolutamente previsto. Incluso podría decirse que deseado y/o pactado. Las soluciones a los conflictos no surgen en reuniones prácticamente públicas con secretarios que levantan acta de todo lo que se dice. Las actas dirán que el gobierno español es firme en la defensa de la legalidad y la independencia judicial y que el Govern catalán mantiene la actitud inequívocamente resistente. Como vino a decir el conseller Maragall, cada parte defiende una normalidad diferente.
Lo más interesante e incluso misterioso es que a pesar de los desacuerdos, la "franqueza" y la "dureza" de las conversaciones, según palabras de los interlocutores, la reunión durara tantas horas y estableciera un calendario para ir trabajando temas que todo el mundo entiende que por importantes que sean, comparados con la falta de libertad de los presos, son asuntos menores. Da la impresión de una especie de acuerdo bilateral para mantener vivo y público este instrumento de relación institucional, porque sirve de paraguas para las conversaciones serias y secretas sobre presos y exiliados, imprescindibles para encontrar una salida dialogada al conflicto. La bilateralidad será secreta o no será.