Los viajes a Estremera, a Soto del Real o a Alcalá Meco son una condena añadida y muy injusta para las familias de los presos políticos catalanes, incluidos niños muy pequeños como son los hijos de Jordi Cuixart, de Josep Rull y de Oriol Junqueras. Txell Bonet llevaba contados la semana pasada 34 viajes y 44.300 kilómetros, "1300 kilómetros con un bebé por 40 minutos de visita detrás de un cristal". Efectivamente, esto es una "salvajada" y nadie con un mínimo de sentido de la justicia puede permanecer impasible, y menos si tiene alguna responsabilidad relacionada. "Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor" decía, Desmond Tutu.
Ahora bien, no hay que confundir las cosas. Cuando la ministra Meritxell Batet dice que "vería con buenos ojos el acercamiento de los políticos presos a Catalunya", además de no reconocer la condición política de los represaliados, está admitiendo el encarcelamiento como un hecho incontrovertible y desvía la atención del núcleo del problema. La injusticia principal no es que los presos no estén cerca de casa, sino que estén encarcelados, que no sean libres. "No hay apariencias de delitos de rebelión, ni de sedición, ni siquiera de malversación y por la prisión preventiva no concurre ninguno de los requisitos", declaró José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. "[Los presos catalanes] no deberían ser trasladados deberían estar en libertad”, declaró Joaquín Giménez, otro ex magistrado del Supremo. Han sido cientos de juristas los que han visto injusta la detención, infundadas las acusaciones y sobre todo injustificada la prisión preventiva.
La injusticia principal no es que los presos no estén cerca de casa, sino que estén encarcelados, que no sean libres
Es importante tenerlo en cuenta porque ya se han pronunciado bastante especialistas como para no dejar dudas de que la continuidad de los presos catalanes a cárceles lejanas no es una obsesión de el ínclito juez Llarena sino una discriminación perpetrada por la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior.
El nuevo ejecutivo tendrá que definirse y la principal misión de Pedro Sánchez se mejorar la imagen democrática de España. Tan deteriorada en los últimos tiempos que incluso afectaba la propia Corona. (Que el Parlamento de Navarra reclame ahora un referéndum sobre monarquía o república es todo un síntoma). La decisión del presidente español de ofrecerse para acoger a los refugiados que el Gobierno italiano rechaza va en este sentido. Ha sido un gesto audaz, que habrá que ver si vendrá acompañado de una política coherentemente solidaria. Pero incluso Josep Borrell, pese a las mentiras que se inventa, reconoce que ha sido el proceso soberanista catalán lo que más ha contribuido al desprestigio de España, señalando, por supuesto, al president Puigdemont como el gran culpable, cuando la realidad es que toda Europa tomó conciencia alucinando con las imágenes del 1 de octubre y lo que vino después.
El acercamiento de presos podría ser pues un magnífico gesto de relaciones públicas del Gobierno Sànchez, aunque depende de si manda o no manda. Tampoco hay que hacerse muchas ilusiones. El nombramiento de Fernando Grande-Marlaska para el departamento de Interior ha sido interpretado como una condición de los poderes fácticos para continuar con la misma política represiva de los Gobiernos anteriores. Algunos observadores incluso han señalado que el fichaje de un astronauta y de un periodista de programas de cotilleo tenía como objetivo tapar esta hipoteca que tuvo que asumir Pedro Sánchez cuando le vetaron el nombramiento de Margarita Robles. Grande-Marlaska ha sido miembro del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP y se dio a conocer entre otros casos por las condenas en España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al negarse el juez a investigar denuncias por torturas a detenidos que estaban bajo su responsabilidad.
El acercamiento de presos podría ser pues un magnífico gesto de relaciones públicas del Gobierno Sànchez, aunque depende de si manda o no manda
Veremos que hace el nuevo ministro, pero como lo importante no es el acercamiento sino la liberación de los presos, más trascendente que lo que decida Marlaska será como enfocará el proceso judicial el nuevo Gobierno español a través de la fiscalía general del Estado. Si alguna actuación del juez Pablo Llarena ha sido especialmente criticada por juristas españoles ha sido el mantenimiento de la prisión preventiva de los Jordis, los consejeros y la presidenta del Parlamento ... a petición del fiscal y los acusadores de la extrema derecha. La actuación del nuevo fiscal confirmará si el régimen se ha dado cuenta de que la represión y la judicialización ha llevado la situación a un conflicto permanente con los efectos de una inestabilidad política indefinida.
La cuestión es muy clara. Jordi Turull, desde la cárcel, ha zanjado el debate vía Twitter: "Defender que el problema de los presos políticos se arregla con el acercamiento es como defender que las goteras se arreglan poniendo cubos. La injusticia grave es el encarcelamiento, la distancia es la crueldad añadida”.