La detención de Carles Puigdemont en Alemania ha vuelto a complicar las negociaciones que tienen que conducir a la formación de un gobierno soberanista y aumenta considerablemente las posibilidades de agotar el plazo de dos meses sin un acuerdo de investidura, lo que comportaría la convocatoria automática de nuevas elecciones: un auténtico cataclismo político por la frustración que generaría en todo el país. La situación es tan grave que requiere la convocatoria de un comité de crisis, pero es tan insólita que no está claro quien lo podría convocar ni quien tendría que asistir.

Junts per Catalunya y Esquerra Republicana están de acuerdo que hay que evitar la repetición de comicios, pero parece que no sepan cómo hacerlo. Los grupos de la mayoría soberanista no encuentran la forma de ir todos a una, aunque cada día que pasa el cataclismo esté más cerca.

Con la detención de Puigdemont, el simbolismo del president legítimo ha vuelto a situarse en el centro del debate. Junts per Catalunya no se puede desentender de la situación de su jefe de filas por obvias razones políticas y ahora también jurídicas, y por eso el Parlament aprobó el miércoles una resolución que pone en evidencia las contradicciones del momento. La cámara se "comprometió" a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de Puigdemont a someterse a la investidura. ¿Entonces, por qué no lo hace?

Todo el mundo sabe que el presidente del Parlament, Roger Torrent, no encarga la investidura a Puigdemont porque lo tiene expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional. Podría desobedecer, pero si lo hiciera, su decisión duraría minutos y sería automáticamente suspendida, y a él se le abriría un horizonte penal por un camino similar al de su antecesora, Carme Forcadell, ahora mismo en situación de prisión preventiva en Alcalá-Meco.

Con la detención de Puigdemont, el simbolismo del president legítimo ha vuelto a situarse en el centro del debate

También es cierto, sin embargo, que la mayoría soberanista no renunciará en ningún momento a investir a Puigdemont, reconocido como president legítimo, chapuceramente destituido del cargo y depositario del apoyo de la mayoría de la cámara. Es decir, que cualquier alternativa, cualquier otro candidato a la investidura, tendrá que presentarse como solución provisional hasta que las reformas legislativas y reglamentarias permitan investir a Puigdemont.

Llegados a este punto, surgen nuevos problemas.

La paradoja es que una de las condiciones para intentar una nueva investidura alternativa a Puigdemont exigía hasta el momento que el propio Puigdemont (y el conseller Comín) renunciara al acta de diputado para que JxCat y ERC siguieran sumando 66 votos y rezar para que la CUP no pasara de la abstención al no, una posibilidad nada descartable cuando los anticapitalistas se han pasado a la oposición. Obviamente, en situación de detenido en Alemania, no parece el momento más oportuno para que Puigdemont renuncie a su condición representativa, y ayer mismo ya dejó claro a todo el mundo que no renunciará a nada.

Así que, para "pasar de la pantalla de Puigdemont" —como se suele decir— a otra, habrá que esperar un acontecimiento político o jurídico que permita justificar el salto y encontrar a la persona de consenso que obtenga los votos de la mayoría, todo eso mientras el reloj avanza inexorablemente hacia el deadline de los dos meses. Como suele pasar, JxCat y ERC buscan una alternativa viable (y provisional) a Puigdemont, pero no quieren aparecer como artífices de la operación: unos y otros intentan que el vecino asuma las culpas, lo que genera una pérdida de tiempo que puede resultar suicida para ambos.

Descartada la mayoría de 70 votos para un candidato que no sea Puigdemont, tal y como ha asegurado la CUP, ahora los focos se han centrado en los comuns

Descartada la mayoría de 70 votos para un candidato que no sea Puigdemont, tal y como ha asegurado la CUP, ahora los focos se han centrado en los comuns. El grupo de Xavier Domènech y Ada Colau se abre ahora a un acuerdo con JxCat y ERC, pero también pone sus condiciones y la situación se vuelve exasperante.

Los comuns proclaman su talante dialogante pero a continuación vetan a Puigdemont, con lo cual la ecuación se convierte en la cuadratura del círculo. Los comuns piden, además, un president alternativo a Puigdemont que no recuerde a Convergència y dos huevos duros, o sea, el tranvía por la Diagonal. Junts per Catalunya se resiste a ceder la presidencia a ERC, tal y como quieren los comuns, y en la lista de JxCat los que son del PDCat quieren a un candidato de los suyos, y los que no lo son quieren a uno que no sea exconvergente. En resumen, que el uno por el otro, se agotará el plazo.

Así que no se tiene que descartar —o, mejor dicho, se tiene que tener muy presente— la posibilidad real del cataclismo. Porque en unas nuevas elecciones, ni Puigdemont ni Junqueras ni ninguno de los líderes soberanistas conocidos serían candidatos elegibles, Junts per Catalunya se rompería, el soberanismo perdería la mayoría... y, entonces sí, los toros volverían a la Monumental por la puerta grande. Quien avisa no es traidor.