La sentencia de la Audiencia Nacional que ha absuelto al major Trapero y a la cúpula del Departament d'Interior hace cuadrar más de lo que ya cuadraba la tesis según la cual la causa general contra el independentismo catalán ha sido un complot organizado por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy en connivencia con miembros del poder judicial y los medios de comunicación adictos con dos objetivos: desarticular el movimiento independentista y ampararse en la defensa de la unidad de España para dar margen de actuación a las cloacas del Estado en operaciones que unos días perseguían a rojos o separatistas y otros destruían pruebas de la corrupción del PP.
La principal diferencia entre la sentencia que absuelve a Trapero y la que condena a los líderes independentistas es que mientras la que firman los jueces de la Audiencia Ramón Sáez Valcárcel y Francisco Vieira Morante se basa estrictamente en hechos probados, la que firmó Manuel Marchena y la sala segunda del Tribunal Supremo se basa en "percepciones" sin pruebas, de los testigos de una parte.
La Audiencia observa en las acusaciones de la Guardia Civil que primero deciden la inculpación y luego hacen cuadrar los hechos, los testigos y las pruebas
Es significativo por arbitrario que los mismos atestados de la Guardia Civil, los mismos testigos —De los Cobos, Baena ...— y, obviamente, los mismos hechos son condenados a 99 años de prisión o son absueltos según el tribunal juzgador. La sentencia de la Audiencia prueba que los testigos de la Guardia Civil han tergiversado los hechos, mientras que el Tribunal Supremo les otorga toda la credibilidad sin comprobarlos.
Después de todo lo que ha llovido, algunos párrafos de la sentencia absolutoria incluso emocionan y deberían avergonzar a la sala segunda del Supremo. He aquí un ejemplo:
“El Coronel de la Guardia Civil Sr. Pérez de los Cobos, entonces Director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, vino a sostener que había una complicidad entre el Sr. Trapero y los responsables del proceso separatista. Era una percepción, dijo (...) . Una percepción personal representa una primera aproximación a un hecho a través de los sentidos y afectos, un juicio de carácter provisional, lo que pone de manifiesto su debilidad para sustentar un hecho como la existencia de un acuerdo, explícito o implícito(...) Un testigo de excepción de aquella reunión, el Sr. Puigserver Martínez, Secretario General Técnico del Ministerio de Interior, entonces y ahora, desacreditó esa impresión: «no percibí, dijo, que el Major se manifestara en línea con el President, no hizo gestos que permitieran inferir tal posicionamiento".
La principal diferencia entre la sentencia que absuelve a Trapero y la que condenó a los líderes independentistas es que una se basa estrictamente en hechos probados y la otra en "percepciones" no verificadas
La propia sentencia de la Audiencia admite para el caso del major Trapero lo que ha sido el método acusador empleado durante todo el proceso contra los líderes independentistas: primero deciden la inculpación y luego hacen cuadrar los hechos, los testigos y las pruebas. "Se incurre —dice la sentencia de la Audiencia— en una suerte de petición de principio, un modo de argumentar que parece alejado de los parámetros del razonamiento probatorio indiciario, en la medida que lejos de inferir a partir de hechos o circunstancias que funcionen como premisas, con la finalidad de adquirir conocimiento verdadero sobre el hecho en disputa, se parte de lo que se supone cierto, que se asume en tal concepto, aunque sea el objeto a probar, la conclusión a la que se quiere llegar”.
Incluso los hechos varían. De la protesta del 20 de septiembre ante el Departament d'Economia, la sentencia de la Audiencia afirma que a pesar de la manifestación "se posibilita la realización de la diligencia judicial"; que los concentrados "no manifestaban una especial agresividad" y que los líderes sociales, en referencia a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart contribuyeron a "desmovilizar la protesta". Todo el mundo recuerda que aquella manifestación fue tan pacífica que ni los establecimientos de la Rambla y la Gran Via pararon su actividad. Sin embargo, la sentencia de Marchena y compañía afirma que "la hostilidad desplegada hizo inviable el 20 de septiembre que los funcionarios dieran cumplimiento con normalidad de las órdenes del juzgado número 13", y acusa a los Jordis de "liderar la tumultuaria movilización" y los condena por haber "inducido, sostenido o dirigido la sedición".
Cuando los tribunales, alemanes, belgas o incluso españoles, no están compuestos por jueces promocionados por el PP, las acusaciones se desmoronan y esto obliga al Gobierno más progresista de la historia a deshacer el nudo gordiano que creó Rajoy y que ha bloqueado la política española durante más de una década
Es difícil sustraerse a la tesis del guión premeditado de un conjunto de actores que han hecho carrera a la sombra del PP. Fueron dos ministros de Rajoy los que tergiversaron la protesta del 20 de septiembre para convertirla en "alzamiento tumultario" asumido inmediatamente por la Fiscalía para argumentar la sedición. Fue la jueza Carmen Lamela quien asumió en circunstancias dudosas el caso en la Audiencia y quien a pesar de sus incompetencias fue promocionada por el bloque conservador (y algún vocal presuntamente progresista) al Tribunal Supremo. Y después fue necesario inventar la rebelión como argucia para saltarse todas las instancias y llevar los principales acusados directamente al Tribunal Supremo, donde dirigiría el macrojuicio el magistrado preferido del PP, según escribió el portavoz Ignacio Cosidó. De los vínculos del coronel Pérez de los Cobos con el PP, sólo hay que recordar que además de hacer el trabajo que le encargaron en Catalunya y en Madrid ahora lo investigan por si firmaba correctamente los talones de los fondos reservados destinados a la guerra sucia que está emergiendo con la operación Kitchen. Incluso el voto particular en la sentencia al major Trapero, que firma Concepción Espejel, Concha para Dolores de Cospedal y sus amigos del PP, cierra el círculo del lawfare, la guerra jurídica estrictamente partidista en el que todos, políticos, jueces, fiscales y policías han compartido el mismo guión, incluso el pobre de Enric Millo. Porque allí donde los jueces no formaban parte del lobby del PP, sean los tribunales alemanes, los belgas o los españoles como el de la Audiencia, la verdad y el sentido común han acabado imponiéndose. Y esto es importante porque obliga más que nunca al gobierno español que se declara el más progresista de la historia a deshacer el nudo gordiano que creó Rajoy y que lleva bloqueando la política española durante más de una década. Hay que recordar que después del 1 de octubre, la entonces portavoz del PSOE y hoy ministra de Defensa, Margarita Robles, propuso la reprobación de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y juró y perjuró que nunca los socialistas apoyarían la aplicación del 155. Si todo ha sido una gran mentira y una enorme injusticia, no queda más remedio que volver a poner las cosas en su sitio y, por tanto, sólo la amnistía pondría "el contador a cero" y ello porque, a pesar de todo lo que le han hecho y le siguen haciendo, el rencor no puede con hombres de la categoría moral de Jordi Cuixart.