Con lo que se ha visto hasta ahora en el juicio del procés combinado con algunos otros elementos no cuesta mucho cuadrar un relato, una tesis, según la cual todo lo que pasó en septiembre y octubre de 2017 fue una provocación calculada de los poderes del Estado para poder aplicar una legislación que justificara la judicialización del conflicto político con el objetivo de desarticular el movimiento soberanista.

De hecho, fue la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría quien se atribuyó el mérito de haber "descabezado el independentismo" y la misión de "liquidarlo" definitivamente. El Gobierno, en época del PP, decidió enviar a Catalunya un contingente de aproximadamente 6.000 policías y guardias civiles y dijo que lo hizo "después" de los acontecimientos del 20 de septiembre ante la Conselleria d’Economia, dada la situación de violencia en la calle. Pero resulta que el encargo se hizo mucho antes, cuando aún no se había producido ningún incidente destacable. Tal como ha quedado evidente durante el juicio, los trámites para atracar los barcos de los piolines en los puertos catalanes se iniciaron con bastante antelación.

El 20 de septiembre se envía a una funcionaria judicial al Departament d’Economia y el diario El Mundo lo airea a primera hora. La Guardia Civil acompaña a la funcionaria y deja dos coches bien identificados en la calle cuando podía haber utilizado el garaje del departamento. Y los deja sin vigilancia y con armas dentro contraviniendo todos los protocolos de seguridad y las ordenanzas. La concentración de protesta fue pacífica hasta el punto de que, cuando alguien se dio cuenta de que los coches de la Guardia Civil contenían armamento, todo el mundo entendió que eso era una trampa y nadie, absolutamente nadie, cayó en la provocación.

Los acusadores han pedido el testimonio de expertos en seguridad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Las defensas han pedido el testimonio de expertos de Scotland Yard. El Tribunal ha admitido a los primeros, pero ha rechazado a los segundos.

El mismo día 20, una dotación de antidisturbios de la Policía Nacional intentó penetrar en la sede de la CUP sin orden judicial buscando una respuesta violenta de los grupos antisistema que tampoco se llegó a producir.

La provocación no consiguió sus objetivos.

Sin embargo, el portavoz del Gobierno en aquel momento, Íñigo Méndez de Vigo, habló de "movilizaciones tumultuarias", que es el concepto que se utiliza en el Código Penal para describir el delito de sedición. Automáticamente, la fiscalía de la Audiencia Nacional denunció a los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por un posible delito de sedición.

Según el artículo 544 del Código Penal, cometen sedición quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, en el legítimo ejercicio de sus funciones [...]". Nadie usó la fuerza para nada ni tampoco nadie impidió a la funcionaria judicial hacer su trabajo, porque permaneció en el departamento hasta que lo terminó.

La decisión de destituir al Govern de la Generalitat y suspender la autonomía estaba tomada desde un buen principio

Sin embargo, en el sumario del procés consta que la funcionaria judicial, Montserrat del Toro, encargada del registro en el Departament dEconomia, declaró "haber sufrido sensación de absoluto abandono y el terror de ver aquella cantidad de gente enardecida y fuera de control" y añadía que "nunca" había sentido "mayor vergüenza y humillación" al verse obligada a escapar, "como una delincuente, escondiéndome de la vista de unos alterados”. Casualidad o no, la funcionaria enviada al Departament d’Economia se ha destacado por unas posiciones políticas muy determinadas. Abogados defensores de personas investigadas han intentado impugnar el testimonio de la funcionaria después de que el diario Público descubriera que se trata de una asidua seguidora activa de Ciudadanos y de páginas web de extrema derecha como Unidad Nacional Española y Leridanos que no quieren la independencia.

El día del referéndum, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intervienen para impedir la votación y eligen primero colegios específicos, donde deben votar el president Puigdemont, el president Mas o la presidenta Forcadell y luego otros, y actúan con violencia contra la gente que quiere votar, contraviniendo las órdenes de la jueza Mercedes Armas, que dos días antes había ordenado a todas las policías "adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum", pero "sin afectar la normal convivencia ciudadana". Por esta razón, el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha abierto varias investigaciones; de ahí que ni Rajoy, ni Sáenz de Santamaría ni el exministro Zoido, que es magistrado, hayan asumido en el juicio ninguna responsabilidad en el operativo policial, no vaya a ser que los inculpen. Y resulta muy significativo que, tratándose de una supuesta rebelión y de una situación que ellos mismos describen como "excepcional", los miembros del Gobierno no recuerden buena parte de los hechos y se limitaran a informarse prácticamente por la televisión.

La declaración como testigo de Íñigo Urkullu también tiene trascendencia tanto en cuanto admite que es el president Carles Puigdemont quien le pide ayuda y que medie con Rajoy para encontrar una solución que no pasa en absoluto por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Catalunya, sino que solo busca evitar la aplicación del 155. Según Urkullu, a pesar de los intentos de Puigdemont, Rajoy no mostró en ningún caso "una actitud proactiva para encauzar la situación". Y Rajoy, en eso sí fue diáfano, centró todos sus esfuerzos en conseguir el apoyo de Ciudadanos y el PSOE al 155.

Así pues, la decisión de destituir al Govern de la Generalitat y suspender la autonomía estaba tomada desde un buen principio. Hasta el punto de que, cuando se convoca a la prensa para que Carles Puigdemont anuncie que convocará elecciones el mismo 27 de octubre y que no habrá DUI, inmediatamente tres dirigentes del PP, Xavier García Albiol, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, y Javier Arenas se apresuran en anunciar que habrá 155 con elecciones o sin. Era una manera de provocar la DUI para justificar lo que vino a continuación y elevar la acusación al delito de rebelión que es el único que se podía utilizar para que el Tribunal Supremo asumiera el caso.

La ofensiva era obvia y todavía lo es. No se ha acabado y ya no se esconde, sino que se ha convertido en promesas electorales a tres bandas.

A partir de esta semana, los policías que testificarán intentarán cuadrar el relato de la violencia, pero ya lo intentó el juez Llarena cuando pidió la extradición de Carles Puigdemont y el tribunal de Schleswig-Holstein no se tragó una rebelión en la que no hubo, según afirma en su resolución el tribunal alemán, "batallas callejeras a gran escala, incendios provocados o saqueos encadenados” y “no fue necesario utilizar gases lacrimógenos ni cañones de agua y no hubo ningún uso de armas de fuego". La provocación no obtuvo la respuesta buscada, por eso hay que inventarla.