Bajo el Gobierno del PP estallaron los escándalos de corrupción política más graves desde la transición. Bajo el Gobierno del PP se destinaron fondos públicos para organizar una policía política que destruía pruebas de la corrupción y perseguía a adversarios políticos. Sin embargo, las revelaciones de Público sobre la connivencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán de Ripoll hasta el momento de los atentados de agosto de 2017 –16 muertos y 152 heridos– destapan la escándalo más grave de la democracia española.

Los datos aportados por la investigación realizada por el admirado colega Carlos Enrique Bayo dan pie a las peores de las sospechas posibles, alimentadas por la actitud de los poderes públicos al negarse a investigar los hechos en profundidad como se ha hecho siempre que se ha producido un ataque de estas características en España (11-M) y fuera de España (11-S, Londres, París, Niza, etc.). Los ciudadanos, pero sobre todo las víctimas, tienen derecho a saber la verdad y esconderla supone un encubrimiento de actuaciones susceptibles de ser tipificadas como delito en el Código Penal.

Lo que se sabe de nuevo contribuye a dar crédito a las teorías conspirativas sobre la peor de las sospechas. ¿Lo sabían o no lo sabían? No hay, por el momento, pruebas fehacientes para dar crédito a las teorías conspirativas que insinúan la peor de las sospechas, pero la única manera de evitarlas sería que una investigación independiente aclarara todos los misterios que rodean este asunto tan oscuro. El Estado, la credibilidad del Estado, está en juego.

De todas maneras, con las informaciones objetivas recabadas hasta ahora, es indiscutible, en la mejor de las hipótesis, la incompetencia grave del servicio de inteligencia del Estado. Del imán Abdelbaki es Satty se conocían sus relaciones con grupos yihadistas que fueron desmantelados en Vilanova i la Geltrú. Incluso la policía belga lo tenía identificado como sospechoso hasta el punto que fue expulsado de ese país. En España fue encarcelado por un asunto de tráfico de drogas y recibió una orden de expulsión que fue detenida con el beneplácito de la abogacía del Estado.

Ya no está claro si el CNI se infiltró en los yihadistas o fueron los yihadistas que se infiltraron en el CNI. En cualquier país democrático, un desastre de estas características habría provocado al menos una crisis de gobierno, pero aquí todo el mundo sigue escondiendo la cabeza bajo el ala

Tal como fue todo, no es que el CNI se infiltrara en la celula yihadista, sino que fueron los terroristas que se infiltraron en el CNI para conseguir más fácilmente sus objetivos. Esto solo ya requeriría una depuración de responsabilidades en vez de condecorar al entonces jefe del servicio, el general Félix Sanz Roldán, que acaba de recibir la Gran Cruz al Mérito Militar.

Cabe recordar que durante el mes de agosto, los servicios Inteligencia habían desembarcado en Cataluña precisamente para encontrar los miles de urnas que circulaban por el principado para la celebración del referéndum del 1 de octubre. Quizás tan obsesionados en localizar urnas se olvidaron de que el nivel de alerta terrorista era en ese momento de 4 sobre 5. Y aún así no fueron capaces de encontrar ninguna urna, lo que supuso el mayor ridículo de un servicio de inteligencia ante la comunidad internacional y la clave del éxito de la consulta soberanista.

En cualquier país democrático, un desastre de estas características habría provocado al menos una crisis de gobierno, pero aquí todo el mundo miró hacia otro lado. PP y PSOE cerraron filas para vetar una comisión de investigación que primero propuso Ciudadanos y luego ERC y PDeCAT. Algunos de los principales medios de comunicación que destaparon los vínculos entre el CNI, la Guardia Civil y el imán de Ripoll tampoco reclamaron la trascendencia política del asunto. Ahora, con una situación de interinidad en todas las instituciones, también en el CNI, y un Gobierno en funciones que va para largo, desanima pensar que todo el mundo continuará escondiendo la cabeza bajo el ala.