Imaginemos que un día nos levantamos, ponemos la radio y oímos: "Noticia urgente de última hora. Los presos políticos catalanes se han escapado de la prisión de Lledoners. En Figueres, las presas políticas tampoco han aparecido a la hora del recuento. El president Puigdemont acaba de hacer público un comunicado donde celebra la exitosa evasión de los presos, afirma que ya están en Bélgica y que en las próximas horas harán una comparecencia pública en la sede del Consell de la República en Waterloo. El alcalde de la ciudad belga, Serge Kubla, también ha hecho un comunicado de bienvenida a los líderes independentistas catalanes que considera injustamente condenados por los tribunales españoles".

Puede parecer un disparate, pero la realidad siempre acaba superando la ficción, y este insólito espectáculo es hoy más factible que hace una semana. Es lo que tiene llevar las cosas hasta el extremo. Si después del fallo del Tribunal de Schleswig-Holstein, la justicia española no rectifica, mantiene encarcelados los líderes independentistas y termina condenándolos a penas severas, los presos tendrán la obligación que escaparse y todo el que esté en condiciones de ayudarles debería hacerlo por responsabilidad democrática. Creo que no hace falta ser más explícito.

Tras la caída del Gobierno conservador ahogado por la corrupción, con la monarquía en fase decadente, la justicia desprestigiada y bloqueada y el conflicto catalán en plena ebullición, el cuadro político español contiene todos los ingredientes de una crisis de régimen. Así que todo es posible, incluso la gran evasión de los presos políticos.

Sin embargo, el esperpento no es este relato sobre lo que podría llegar a pasar, sino la infamia de lo que está pasando. Lo decía ayer mismo en Twitter Jordi Sànchez y no se puede ser más preciso. "Si un tribunal ha dejado claro que no hubo ni rebelión, ni sedición, ni desorden público, ¿qué hacemos encerrados en la cárcel, esperando juicio, sin garantías procesales?".

Quizá no ha pasado suficiente tiempo para calibrar la trascendencia de la decisión de los jueces alemanes. Europa le pedía a España que resolviera el problema catalán y la cuestión catalana ha estallado a nivel europeo. Si, según un tribunal alemán, la justicia española está cometiendo una injusticia al mantener encarcelada gente inocente, las víctimas de esta injusticia, como ciudadanos europeos, deberían poder encontrar amparo inmediata, si no, ¿qué tipo de ciudadanía es la europea?

La única posibilidad de reconducir la situación es que la Fiscalía General del Estado retire las acusaciones de rebelión y pida el levantamiento de las medidas cautelares

Europa tiene un problema y España tiene otro aún más grave. El desprestigio de la justicia española afecta nada menos que al Tribunal Supremo, que debe decidir si rectifica todas las diligencias realizadas hasta ahora o se ratifica y eterniza el problema hasta que las protestas y el Tribunal de Derechos Humanos le desautoricen definitivamente.

La única posibilidad de reconducir la situación es que la Fiscalía General del Estado retire las acusaciones de rebelión y pida el levantamiento de las medidas cautelares, es decir, que los presos vuelvan a casa. Hará falta voluntad y coraje político por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que se puede encontrar, de repente, en una batalla institucional contra un gremio, los jueces, aún más celosos de su poder que los militares. El partido de extrema derecha Vox que interviene en el proceso contra los independentistas como acusación popular está determinado a hacer todo el trabajo sucio que sea necesario para contrarrestar cualquier cambio de orientación de la nueva fiscal general.

Se da la circunstancia de que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, se ha cuidado mucho de reforzar las relaciones de la Corona con el Poder Judicial expresando en reiteradas veces todo su apoyo a la actuación de los jueces contra el independentismo catalán. No podía ser de otra manera, justamente ahora que familiares del monarca y especialmente su padre, el rey emérito, podrían verse obligados a comparecer ante los tribunales.

Después de las conversaciones que han trascendido de la examante del rey emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, sobre cobro de comisiones y sobre la implicación de Juan Carlos I en la corrupción del caso Nóos, el Gobierno de Pedro Sánchez y todo el establishment mediático ha mirado hacia otro lado, pero la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha tenido que admitir que el rey emérito podría ser juzgado, dado que al no tener la condición de jefe del Estado ha dejado de ser "inviolable". Constatando que la divulgación de las conversaciones de Corinna con el comisario Villarejo, cuyo contenido es de una gravedad inaudita, forman parte de una batalla novelesca de espías, mafiosos y gente muy poderosa, no hay que descartar nuevos temblores en el entorno de Felipe VI que hagan tambalear los cimientos del régimen.