En el segundo día del juicio al procés, los dos primeros acusados que han intervenido, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, han asumido su responsabilidad política en la celebración del referéndum del 1 de octubre. Ni lo han negado ni se han arrepentido, al contrario, han aprovechado la ocasión para reafirmar su compromiso político con el movimiento soberanista. Sin embargo, también han reafirmado su convicción, con pruebas fehacientes, de no haber cometido ningún delito de los que se les imputan. Después de lo ocurrido, hoy a nadie le puede caber en la cabeza que la sentencia ya esté escrita, porque los argumentos de la fiscalía han sido objetivamente desmontados, sobre todo durante el interrogatorio a Joaquim Forn, dado que Junqueras ni siquiera se ha molestado en atender a sus preguntas.

El referéndum del 1 de octubre fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno. Junqueras y Forn eran conscientes de ello y no lo han negado, pero eso no les detuvo, porque estaban convencidos de que convocar o celebrar un referéndum no era ni es delito. A su favor tienen la reforma del Código Penal de 2005 que despenaliza específicamente la celebración de referendos y consultas populares convocados por autoridades sin competencia para poder hacerlo. La exposición de motivos para justificar la reforma señala que se trata de “conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal y menos aún si la pena que se contempla es de prisión”.

Junqueras y Forn han desplegado dos estrategias de defensa distintas, dirigiéndose cada uno a un auditorio diferente. Junqueras, lo ha dicho él mismo, ha hecho un discurso pensando en la gente que le votó, por eso se negó a responder al fiscal, a la abogada del Estado y a Vox. En cambio, la estrategia de Forn se ha centrado en poner en contradicción con hechos, documentos y pruebas las tesis de las acusaciones.

El líder de ERC, que es también profesor universitario, llevaba un año preparándose la intervención de hoy y ha hecho probablemente su mejor master class en defensa de los derechos civiles y la autodeterminación. Lo dijo nada más comenzar que se siente un "preso político" sometido a un "juicio político" y que "votar en un referéndum no es delito y impedirlo por la fuerza sí lo es". Y como la acusación más grave es el delito de rebelión que requiere el uso de la violencia, Junqueras se ha cargado de razones. "¿Han aceptado, discutido o asumido en alguna ocasión utilizar la violencia?", le pregunta el abogado Van den Eynde, y Junqueras responde: "Nunca, nunca, nunca... Si nos lee, si nos escucha, nadie puede tener ninguna duda de que nosotros siempre hemos rechazado la violencia, cualquier tipo de violencia. Y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Cualquier objetivo político noble puede resultar inmoral si los mecanismos que se utilizan para conseguirlo son indecentes”. Y, con un punto de ironía, ha añadido: “Esto es válido para la República catalana y para la Monarquía española".

Junqueras ha despachado a gusto, ha adoptado expresiones coloquiales, gesticulaba y sonreía a menudo haciendo proclamas también dirigidas al público español del tipo “amo a España”, o “somos buenas personas” que dejaban boquiabiertos a los periodistas de la capital que no lo conocen. Era una forma de contrastar su actitud de gentilhombre con la inverosímil petición fiscal de 25 años de prisión. Al terminar la sesión del mediodía, sus compañeros de ERC se mostraban eufóricos. "Hoy ha sido un gran día", comentaba Joan Ignasi Elena, el coordinador jurídico de ERC.

El interrogatorio a Forn ha sido quizás menos épico, pero mucho más intenso y seguramente más efectivo desde el punto de vista procesal. Tiene su lógica porque a Forn le imputan hechos concretos que había que desmontar. Cuando terminó la sesión, su abogado, Javier Melero, se ha despedido diciendo "Misión cumplida".

Los acusadores, el fiscal Fidel Cadena y la abogada del Estado Rosa María Seoane, han intentado abrumar a Forn con baterías de preguntas que llevaban implícita una respuesta, pero como no alcanzaban la respuesta que perseguían, repreguntaban y repreguntaban y repreguntaban hasta que el presidente Marchena les ordenaba cambiar de tema. Incluso en un momento el exconseller de Interior se ha permitido calificar de "peliculeras” las versiones del fiscal provocando risas en la sala que fueron inmediatamente cortadas por Marchena.

La tesis fundamental de Forn era que nunca los Mossos recibieron instrucciones políticas para facilitar la celebración del referéndum, que la Policía catalana cumplió a rajatabla las órdenes de la fiscalía y que siempre actuaron de acuerdo con el protocolo previsto que daba prioridad a asegurar la convivencia. Lo más interesante del interrogatorio ha sido que Forn, con la ayuda de su abogado, desmontaba una por una las afirmaciones de los acusadores utilizando pruebas tan objetivas como los mismos atestados y la documentación del sumario, que quizá los acusadores no se habían leído. Ha quedado patente que evitar policialmente el referéndum era imposible ni que fuera movilizando a toda la plantilla de Mossos, y que la represión practicada por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía se demostró tan violenta como ineficaz.

A preguntas de su defensor, Javier Melero, Forn ha hecho dos afirmaciones importantes. Él viajó a Bélgica después de la llamada DUI y volvió cuando fue citado por la Audiencia Nacional. "Volví ―dijo― porque estoy convencido de que la organización y participación en un referéndum no es delito y quería venir a explicarme". También negó que el Parlament aprobara una declaración de independencia, porque lo que se conoce como la DUI constaba de una exposición de motivos que no se sometió a votación.

La prensa internacional ha presentado el juicio como un examen al funcionamiento del Estado de Derecho en España y se nota que esto lo tiene muy en cuenta el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que de vez en cuando ha regañado a los fiscales y ha aceptado algunas peticiones de las defensas hechas en las cuestiones previas, pero lo cierto es que sólo cuestiones menores. Las importantes se las ha cargado todas o las ha dejado para la sentencia. Ni siquiera ha querido que se oyera en la sala que no llamarán a declarar al rey Felipe VI como testigo. La mayor parte de los medios han titulado que Marchena dejaba hablar en catalán a los acusados como si fuera un privilegio, cuando la verdad es que no lo permite a los abogados e impone un sistema de traducción consecutiva muy perjudicial para los encausados.

Marina Roig, la abogada de Jordi Cuixart ha denunciado que se niega el testimonio de expertos de Scotland Yard sobre los hechos de septiembre y octubre. "Son opiniones de gente que no estuvo", justificó Marchena. Resulta que la fiscalía ha citado como testigos a expertos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía que tampoco presenciaron los hechos y éstos sí han sido aceptados.