La judicialización del conflicto entre España y Catalunya ha sido la estrategia política dirigida a “descabezar” al movimiento independentista, en palabras de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, como primer paso para desactivar las ansias soberanistas de buena parte de los catalanes. No había más estrategia que consumar la derrota en un sentido militar. Es decir, una derrota que impida al enemigo volver a levantar la cabeza.

Se encarcelaron los líderes, se disolvió el Parlament, se ocupó el Govern de la Generalitat y se convocaron unas elecciones en circunstancias propicias para arrebatar las instituciones catalanas a los partidos de obediencia catalana y llevar a cabo a continuación un plan de castellanización de Catalunya. Sin embargo, todo salió como estaba previsto excepto el resultado electoral del 21 de diciembre, que ha permitido mantener el poder autonómico en manos soberanistas y un presidente en el exilio exculpado por tribunales europeos y entregado a la denuncia de la vulneración de derechos fundamentales.

Con este contratiempo, todo el trabajo ha quedado en manos de los jueces. La sentencia debe servir para confirmar la derrota del independentismo, que no consiste sólo en las condenas de prisión, sino en generar la jurisprudencia necesaria para bloquear a partir de ahora la acción política de los disidentes catalanes y de los españoles más exigentes con el respeto a las libertades y los derechos civiles.

De hecho, las insólitas providencias del Tribunal Constitucional de esta semana prohibiendo el Parlament, bajo amenaza de consecuencias penales, los debates sobre la autodeterminación y las resoluciones de la Junta Electoral imponiendo criterios periodísticos suponen un adelanto de lo que vendrá a continuación. La regresión es evidente si se tiene en cuenta que el Parlament ya aprobó el 12 de diciembre de 1989, es decir, hace 30 años, que "el acatamiento del marco constitucional vigente como resultado del proceso de transición política desde la dictadura a la democracia no significa la renuncia del pueblo catalán al derecho de autodeterminación nacional tal y como establecen los principios de los organismos internacionales y se desprende del preámbulo del Estatuto de 1979". Dado que la resolución era la expresión de una voluntad política democráticamente expresada, el pronunciamiento del Parlament no fue objeto entonces de impugnación alguna.

Nunca las victorias ni las derrotas resuelven conflictos ni garantizan la paz. Tenemos ahora una lección africana. El premio Nobel Abiy Ahmed ha resuelto el enfrentamiento desigual entre Etiopía y Eritrea ofreciendo paz, liberando presos y pactando con los exiliados

Parece que será el lunes o martes que el Tribunal Supremo hará pública la sentencia que debe consumar la involución política del sistema político español. Las filtraciones y especulaciones aparecidas hasta ahora tienen escaso interés dado que en ningún caso la sala segunda se autorreprobará por haber asumido la causa y haber mantenido durante dos años la prisión preventiva de los acusados. Entre la rebelión de la Fiscalía y la sedición que propuso el Gobierno a través de la Abogacía del Estado, encontrarán el término medio de los acusadores, no de los defensores. El veredicto no tendrá en cuenta el estado de opinión de la sociedad catalana, donde 8 de cada 10 ciudadanos considera injustos los encarcelamientos, sino que tendrá más presente la opinión pública española, que según los sondeos publicados justifica mayoritariamente las condenas.

En todo caso, queda claro que la sentencia no sólo no detendrá el conflicto, sino que, perdón por la expresión, la liará parda en Catalunya, porque sería inaudito no protestar contra lo que la mayoría social considera injusto, pero también en el conjunto de España, inmersa en una campaña electoral insólita, animada con la exhumación de los restos de Franco y con el Gobierno en funciones estremecido por unos sondeos que anuncian la continuidad del bloqueo político.

Nunca las victorias ni las derrotas resuelven conflictos ni garantizan la paz. Tenemos ahora una lección africana que vale la pena proclamar, gracias al comité noruego que el viernes decidió otorgar el premio Nobel de la Paz al primer ministro etíope Abiy Ahmed. Etiopía es un país de cien millones de habitantes que durante veinte años ha tenido un conflicto armado con Eritrea, un país de sólo cinco millones. Sobre el papel, Etiopía tenía asegurada la victoria militar, pero el conflicto se había eternizado. Abiy Ahmed accedió al poder el año pasado y en pocos meses ha dado la vuelta a un conflicto que parecía interminable. "Cerrar puertas es el peor enfoque", declaró al poco de tomar posesión, y las abrió de par en par. Ofreció la paz al líder de Eritrea, Isaías Afewerki, y se restablecieron las comunicaciones entre ambos países. Familias separadas se reencontraron como cuando cayó el muro de Berlín. Ahmed liberó a los presos políticos, propició el regreso de los exiliados, le pidió a un disidente que volviera de su exilio en Estados Unidos para dirigir la comisión electoral, liberó los medios de comunicación, promocionó una mujer en la presidencia de la República y formó un gabinete paritario. Abiy Ahmed renunció a la victoria militar pero nadie le ha acusado de cobarde. Por el contrario, se ha convertido en un líder de referencia que ha levantado las esperanzas en el conjunto del continente africano.

Hasta que no llegue un Ahmed, España y Catalunya mantendrán un conflicto que nadie ganará, así que, de momento, habrá que acostumbrarse.