La jornada del 21 de diciembre ha transcurrido con normalidad. La normalidad propia de una situación anormal. El Consejo de Ministros eligió la fecha menos oportuna, lo que ha hecho que las protestas, propias de la anormal situación, hayan registrado una participación más elevada que la que seguramente habrían tenido cualquier otro día. Ha habido algunos disturbios como es habitual en estos casos, pero nada comparable a lo que ocurre cuando suben el precio del combustible a los transportistas franceses o cuando se celebra cualquier cumbre política en cualquier lugar de Europa.

Las protestas estaban, por supuesto, plenamente justificadas tras la represión, el encarcelamiento y el exilio del movimiento soberanista catalán. No protestar en estas circunstancias sería tanto como claudicar ante la injusticia. La impresión ha sido que incluso buena parte de la gente que no ha salido a la calle ha declarado una especie de huelga por su cuenta, como lo demuestra el hecho de que la ciudad de Barcelona y otros puntos del territorio han tenido por la mañana el aspecto de un día festivo.

Celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona en las actuales circunstancias no ha sido una buena idea, pero sobre todo ha sido un error de cálculo debido en buena parte al desconocimiento. Probablemente es cierto que el gobierno español pretendía, como ha dicho la ministra portavoz, hacer una "demostración de afecto" con el pueblo catalán, pero esta actitud, por bien intencionada que sea, denota por sí misma una posición ajena y externa, y una falta total de comprensión de cuál es la situación. Sin entrar en detalles, invertir 112 millones en carreteras, imponer el nombre de Josep Tarradellas en el aeropuerto de El Prat y reiterar el reconocimiento a la figura del president Companys sólo sirve para avivar la histeria de los líderes de la caverna, sin satisfacer a nadie de los aquí, sean soberanistas o todo lo contrario.

Celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona sobre todo ha sido un error de cálculo debido en buena parte al desconocimiento

Lo más atrevido que ha hecho el Gobierno, teniendo en cuenta el asedio al que le someten sus adversarios externos e internos, fue el encuentro y el posterior comunicado de la reunión de Pedro Sánchez con el president Quim Torra y sus respectivos acompañantes. No es mucho, pero se ha establecido el mínimo común: “Vehicular una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana”. Todo el mundo sabe que esta propuesta es la celebración de un referéndum pactado. El 80% de apoyo según las últimas encuestas publicadas. Sin embargo, para llegar a este punto, el gobierno de Pedro Sánchez deberá ser bastante más atrevido de lo que ha sido hasta ahora.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo, la ministra Batet ha dicho que “el derecho a la autodeterminación no existe” refiriéndose a que “no cabe” en la Constitución, lo que no impide que se pueda encontrar un acuerdo político. Tampoco la Constitución de Canadá prevé el derecho de la autodeterminación de las provincias y Quebec ya ha celebrado dos consultas fruto de los acuerdos políticos entre canadienses y quebequenses. Así que todo llegará, pero antes, para que el diálogo pueda dar frutos, se debe resolver la cuestión principalmente previa.

Porque no es cierto que los miles de ciudadanos que el viernes han salido a la calle, mañana, tarde y noche protestaran por la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros. No. Protestaban por la represión, los encarcelamientos y el exilio... Cuando se le preguntó a la ministra portavoz si veía alguna posibilidad de normalización de la situación política ―en España y en Catalunya― mientras los presos sigan encarcelados y los exiliados no puedan volver, Isabel Celaá respondió que “España es un estado de derecho, esto está en manos de los tribunales y el Gobierno no puede hacer nada”. Lo ha dicho casi como suplicando comprensión. El Gobierno de Pedro Sánchez no se atreve a enfrentarse con el búnker del Tribunal Supremo, cuando fue un gobierno, el de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, el que determinó judicializar el conflicto, utilizando a la fiscalía, los tribunales y la policía de forma groseramente escandalosa. Y no hay otro modo de normalizar la situación y volver a la política que deshacer todo lo que se hizo para empantanarla. Más tarde o más temprano tendrá que ser un Gobierno el que repare lo que estropeó otro Gobierno. Todo el mundo sabe, también Pedro Sánchez, que con presos y exiliados, la normalidad, la estabilidad política, es imposible.