El Govern de Catalunya no tiene más remedio que incorporarse a la mesa de negociación de los llamados nuevos Pactos de la Moncloa que propone el presidente español, Pedro Sánchez. Si se trata de acordar medidas para hacer frente a la crisis sanitaria y a las secuelas económicas y sociales que ya están provocando estragos en la sociedad, en los trabajadores y en las empresas del país, defender los intereses de Catalunya (sit & talk) es la primera obligación del ejecutivo catalán, le gusten o no los interlocutores que le correspondan.
Si ya todo el mundo acepta como una evidencia que ningún país podrá superar por sí solo ni la pandemia del coronavirus ni tampoco la recesión económica que vendrá, sería absurdo pensar que un gobierno regional con pocas competencias y todas intervenidas podrá conseguir nada por su cuenta. No parece, hoy por hoy, que la iniciativa de gran pacto de reconstrucción que pretende Pedro Sánchez tenga muchas posibilidades de éxito, teniendo en cuenta las estrategias destructivas de sus adversarios políticos, pero en ningún caso el Govern de Catalunya puede formar parte del grupo de boicoteadores. Por el contrario, debería ejercer como el participante más entusiasta y presentarse con una carpeta —o un libro blanco— donde figuren todas las prioridades de Catalunya para la fase postconfinamiento. Y para hacerlo con la máxima autoridad moral, el president Torra también puede propiciar un gran pacto nacional en Catalunya, de grupos políticos y de grupos sociales, de científicos y catedráticos, de patronales y sindicatos, y de municipios... Todos los que reclaman en Catalunya los Pactos de la Moncloa no podrían negarse a un "Pacte de la Casa dels Canonges" y si lo hicieran, quedarían bastante retratados respecto a sus verdaderas intenciones. En todo caso, estamos en tiempo de sumar y no restar, o al menos de intentarlo y que cada uno cargue con lo suyo.
Si se trata de acordar medidas para hacer frente a la crisis sanitaria y a las secuelas económicas y sociales, defender los intereses de Catalunya es la primera obligación del ejecutivo catalán, le gusten o no los interlocutores que le correspondan
Se nota en un sector del ámbito independentista cierto rechazo a cualquier relación con el gobierno español, como si la negociación fuera una especie de rendición o bien practicar un cierto colaboracionismo para salvar de la catástrofe a un ejecutivo que hace aguas por todas partes. Nada de eso. Churchill ganó la guerra y perdió las elecciones. Adolfo Suárez, artífice de los Pactos de la Moncloa, terminó siendo sacrificado por su propio partido. No hay que distraerse. Se trata de negociar medidas concretas para reforzar el sistema sanitario, y para socorrer a trabajadores sin ingresos, los autónomos sin trabajo, las pymes sin negocio, las universidades cerradas y la cultura sin público. Si partimos de la base de que la política si no la haces, te la hacen, más vale que sea el Govern quien plantee las urgencias catalanas, primero, porque de lo contrario no podrá reclamar después lo que no ha pedido y, segundo, porque se arriesga a que otros interlocutores se presten a sustituirlo y esto resultaría absolutamente suicida desde el punto de vista político-institucional. Los partidarios del todo o nada deben saber que ahora el todo no forma parte de ninguna agenda y el nada puede suponer un empobrecimiento del país para varias generaciones.
También es cierto que no cabe confiar demasiado, pero hay que estar allí donde se debe estar para dejar claros intereses, criterios y referencias propias para que sean respetados y atendidos o, al menos, para que consten en acta. La mejor versión de la presidencia de Quim Torra ha sido, sin duda, demostrando autoridad y auctoritas durante esta crisis.
No hay que repetir que la tragedia actual determinará el futuro político de todos. Y conviene recordar que la crisis de 2008 ya tuvo bastante que ver con el crecimiento repentino del independentismo. Seguramente de ello son plenamente conscientes los poderes del Estado. La recentralización con el pretexto del estado de alarma, el protagonismo de los militares y las portadas de la prensa oficialista, como destacava ayer el compañero Antoni Maria Piqué, son la prueba evidente de qué es lo que les preocupa tanto o más que la pandemia.
En la primera década del siglo, los catalanes apostaron por un nuevo pacto con el Estado y en plena crisis el Estado respondió con una ofensiva agresiva contra el autogobierno, contra la lengua y la voluntad democráticamente expresada por los catalanes. Supuso la ruptura del pacto constitucional del 78. Cientos de miles de catalanes salieron a la calle ya con la estelada y propiciaron las mayorías independentistas en el Parlament. Una repetición del mismo error por parte española puede tener efectos definitivos, así que conviene a los catalanes que su Govern hable claro, que se cargue de razones y después ya ajustaremos cuentas.