No hay política más cobarde de un gobierno para que le cuadren las cuentas que subir los impuestos a los asalariados abusando de su indefensión. Los asalariados no pueden escapar de Hacienda porque les retienen los impuestos antes de cobrar el sueldo. A los que no viven de un sueldo, la ley les ofrece mil y un caminos para escaquearse. Suele decir Bernie Sanders que no es el Congreso el que regula Wall Street, sino que es Wall Street quien regula el Congreso. Se refiere a que las leyes económicas y especialmente la fiscalidad suelen obedecer a los intereses de las grandes corporaciones y de los propietarios de grandes fortunas. Donald Trump es el primer presidente de la era moderna que se ha negado a hacer pública su declaración de impuestos y no será porque paga mucho, sino porque posiblemente no pague nada. El multimillonario Warren Buffet reconoció que pagaba menos impuestos que su secretaria gracias a la ingeniería fiscal permitida por las leyes. Eso también pasa aquí. El gobierno de Mariano Rajoy, que más de derechas no podía ser, subió los impuestos a los asalariados con el pretexto de combatir el déficit, pero el resultado fue que el número de ricos con fortunas iguales o superiores a los 50 millones de euros aumentó sólo el año pasado un 40%. El 2018 eran 800.000 personas. A estos los recargos en el IRPF de los asalariados solo les provoca ganas de reír.

El vicepresident Aragonès ha anunciado un acuerdo con los comunes que presume de progresista porque sube los impuestos. Si nos consideramos demócratas, tendremos que aceptar y acatar los presupuestos que apruebe el Parlament de Catalunya nos gusten o no. Ahora bien, establecer como dogma de fe que subir los impuestos es progresista es muy discutible, sobre todo si, como es el caso, el aumento de la fiscalidad sigue afectando principalmente a los asalariados y en general a la clase media. Hablan de rentas altas refiriéndose a quien cobra 90.000 euros al año, lo cual es una absoluta demagogia que sólo sirve para presumir de ideología y para esconder la impotencia de intervenir las grandes fortunas. No he tenido tiempo de encontrar datos de Catalunya, pero en España los que declaran más de 90.000 euros son el 2,2% y aportan el 25% de la cuota líquida. La mayoría son asalariados, porque los altos directivos que cobran más de 100.000 euros disimulan sus ganancias en forma de bonus, dividendos o stock options, que tributan siempre por debajo. Por no hablar de las grandes fortunas que, refugiadas en SICAV y SOFIMI, sus beneficios tributan al 1 o al 2%. Eso es lo que no hay manera de cambiar, por supuesto, desde Catalunya, y sin ningún interés de hacerlo en España.

El aumento de la fiscalidad sigue afectando principalmente a los asalariados que no tienen manera de escaparse de pagar. El Govern habla de ricos refiriéndose a quien cobra 90.000 euros al año, lo cual es una absoluta demagogia que sólo sirve para presumir de ideología y para esconder la impotencia de intervenir las grandes fortunas

De entrada se tiene que decir que el Govern de la Generalitat no tiene suficiente poder para determinar la política económica del país. No tiene poder y, cuando intenta ejercer el poco que tiene, el Gobierno y el Tribunal Constitucional le tumban leyes y decretos para dejar claro quién manda. Ahora el Govern catalán presume de progresista, lo cual querría decir que consigue una redistribución importante de la riqueza. Sin embargo, según las previsiones ―previsiones― del Departament d'Economia, la nueva fiscalidad incorporada en los presupuestos catalanes supondrá un aumento de la recaudación de 173 millones en 2020 y de 543 millones a partir de 2021, eso si todo va bien. Y eso no cambia nada. Ni siquiera es una amenaza a la economía catalana como sostienen algunos exagerados. El impacto es del 0,07 del PIB catalán el primer año y del 0,23 el segundo. Nada que no se pueda asumir si de verdad sirviera para algo más que para proclamar que el Govern es de izquierdas.

Sí que tiene un impacto psicológico la sensación de que Catalunya es un país con elevada presión fiscal en relación con su inmediato competidor como es la Comunidad de Madrid, decidida a convertirse en el Delaware español. El anuncio de los presupuestos catalanes, si tiene algún efecto, será para incentivar el cambio de domicilio fiscal de los que tienen sueldos elevados y para que los catalanes se enfaden definitivamente con su gobierno cuando además de enterrar a sus muertos tengan que pagar una morterada por el hecho de ser catalanes y no españoles. ¡Atención!