Se había generado la expectativa de algo tan imposible como que el rey Felipe VI hiciera alguna referencia a los escándalos que le afectan a él y a su familia en el tradicional mensaje navideño. Como no podía ser de otra manera, que diría la consellera Vergés, pasó de puntillas, con una frase genérica cargada de cinismo que los medios adictos ya se han encargado de magnificar.

La dinastía borbónica está herida de muerte no tanto por las presuntas prácticas cleptócratas de sus integrantes, sino porque ha perdido el consenso que generó en el inicio de la Transición y sin consenso no hay rey que aguante. Los reyes lo eran por voluntad divina y luego como símbolo y representación de un país que la aceptaba como una figura de consenso que quedaba por encima de las diferencias políticas. Esto ha obligado a los monarcas a llevar una vida ejemplar. Cuando su vida ha dejado de ser ejemplar y han perdido el consenso los reyes sólo pueden aguantar por la fuerza. Y, no nos engañemos, como siempre ha pasado, los Borbones la fuerza la tienen. Es fuerza bruta pero es mucha fuerza.

Del discurso del monarca, lo más significativo es que cuando el ruido de sables y las amenazas militares a la democracia son tan frecuentes, el Rey no hace ninguna mención a los mensajes golpistas. Por el contrario, tributa homenaje a "la eficacia y entrega de Nuestras Fuerzas Armadas". Al fin y al cabo, para mantenerse en el poder, los borbones siempre han confiado en el Ejército.

Esto no quita que el sentimiento republicano entre la opinión pública continúe al alza, así que el Régimen no está de brazos cruzados. Ha identificado la presencia en el Gobierno central de un partido contrario a la monarquía como el principal factor multiplicador del desgaste de la Corona y los poderes del Estado, desde el Ejército hasta la judicatura llevan a cabo una evidente campaña "de acoso y derribo" para acabar con el Ejecutivo de coalición. Dejarán pasar la pandemia y después lo tumbarán.

La prueba más reciente y fehaciente ha sido el escrito de la fiscalía del Tribunal Supremo oponiéndose al indulto de los presos políticos catalanes. Con la bondad que los caracteriza, aumentada en fechas tan señaladas, los fiscales Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena están comiendo los turrones disfrutando de cada bocado con la íntima satisfacción que les debe de producir a personas tan generosas saber que Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carmen Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqeras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez y Jordi Turull no podrán hacerlo como ellos con sus familias porque han conseguido impedir que se les apliquen los beneficios penitenciarios reconocidos por los jueces de vigilancia. Ahora bien, el rechazo al indulto de los presos va más allá, porque no oculta su orientación política. No se conforman con ensañarse con los presos, pretenden además utilizar los presos para desestabilizar el Ejecutivo.

En el rechazo al indulto de los presos, los fiscales del Supremo ya niegan la legitimidad del Ejecutivo ante los poderes constitucionales del Rey

Los mismos fiscales que acusaron de rebelión a los presos vienen a decir ahora que sí del Gobierno se plantea indultarlos sería por su conveniencia en un intercambio de apoyos parlamentarios. És un juicio de intenciones que sólo puede interpretarse como un torpedo contra el Ejecutivo coherente con el mismo discurso desestabilizador de la extrema derecha. Y es aquí donde hacen la conexión con la defensa de una determinada función del Rey como jefe de estado que ya hicieron en el escrito de acusación contra los líderes independentistas.

Ahora dicen, entre otras consideraciones, que el Gobierno no está en condiciones de indultar a los presos porque, de acuerdo con la Constitución (artículo 62), es al Rey a quien corresponde "ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley", que es una manera de enfrentar al Gobierno con el jefe del estado, pero poniendo de manifiesto que el Ejecutivo, a pesar de haber surgido de la voluntad democráticamente expresada, ejercería ilegítimamente ante los poderes constitucionales indiscutibles atribuidos al monarca.

Tal como ha ido todo no hay que esperar que el Tribunal Supremo ponga demasiadas objeciones al rechazo del indulto planteado por la fiscalía, pero cuando resulta que la fiscalía ataca directamente al Ejecutivo por el flanco parlamentario y por el flanco de la Corona se hace evidente que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a pesar de haber sido ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, no ha sido capaz de imponer disciplina, con lo cual se confirma que el Ejecutivo no manda o acepta que no le dejen mandar en asuntos trascendentales quizás pensando equivocadamente que la manera de perdurar es obedecer los que están bien decididos a derribarlo.