La gran batalla gana en emoción. Todas las encuestas auguraban una mayoría independentista en las próximas elecciones catalanas y el Estado no ha tenido más remedio que pasar a la ofensiva para impedirlo, con maneras tan chapuceras que lo dejan todo todavía más claro. Las elecciones, sean cuando sea, serán un o todo o nada para Catalunya... y para España. Incluso lo ha reconocido el dirigente de Vox, Javier Ortega Smith, dispuesto a dar apoyo a la investidura del candidato socialista, Salvador Illa, para evitar que gobiernen los independentistas.
Cuando el Estado está dispuesto a poner en peligro la vida de los ciudadanos que está obligado a proteger, este Estado pierde su legitimidad y su razón de ser
El poder judicial español se ha erigido y se reivindica como el principal baluarte de la integridad del Estado. "La unidad de la nación española es un mandato directo para los jueces", declaró en forma de consigna el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ante el Rey, en el momento álgido del procés soberanista, y el bunker judicial actúa en consecuencia. Efectivamente, el objetivo principal de cualquier estado y, por lo tanto, de sus instituciones, es siempre mantener su integridad territorial. Sin embargo, la razón principal de un estado es garantizar la seguridad -la vida- de sus ciudadanos. Ahora bien, cuando para mantener esta integridad está dispuesto a poner en peligro la vida de los ciudadanos, de todos los ciudadanos que está obligado a proteger, este estado pierde su legitimidad y su razón de ser.
Los jueces marcan su propia estrategia de combate contra el movimiento soberanista catalán a base de desestabilizar sistemáticamente no sólo el Gobierno de Catalunya, sino también la sociedad catalana en su conjunto, como una especie de chantaje para que los ciudadanos desistan de sus aspiraciones y acepten la derrota política. No se conforman con destituir presidentes, ensañarse sádicamente con los presos, perseguir líderes políticos y activistas sociales. Además, boicotean las iniciativas de la Generalitat y de los alcaldes catalanes para hacer frente a la pandemia de la Covid o por cualquier otra gestión de interés para los ciudadanos. Ahora quieren que las elecciones sean un desastre. Obsérvese que, a pesar de toda la polémica política, ningún partido parlamentario, tampoco el PSC, se ha querido ensuciar las manos impugnando el decreto de aplazamiento por lo que pueda pasar.
Si como pronostican los expertos la pandemia está cerca de desbocarse, y Sánchez y Illa no han hecho nada para evitarlo, pasarán a la historia no por su buen gobierno ni por su honestidad política
Estamos ante un auténtico sabotaje a las instituciones catalanas. No hay ninguna ley que atribuya a los jueces la potestad de fijar la fecha electoral, pero tampoco existe el contrapoder propio en cualquier democracia para contrarrestar las arbitrariedades de unos jueces que se permiten interpretar subjetivamente y sin ninguna base jurídica la voluntad popular sobre el día de las elecciones ("hay un interés público muy intenso en la celebración de las elecciones") o el grado de provisionalidad política ("si no se celebran se abre un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas"), en todo caso una provisionalidad provocada por el mismo tribunal, que, guste o no guste, se ha resuelto de acuerdo con las previsiones constitucionales y estatutarias. Es obvio que el día siguiente de las elecciones la "provisionalidad" y la incertidumbre será más acusada que ahora, teniendo que constituir nuevo gobierno y nueva administración en plena pandemia.
La estrategia del bunker judicial va más allá de los partidos unionistas. La injerencia judicial y los intereses electorales del PSC y del ministro-candidato Salvador Illa, por coincidentes que sean, no forman parte del mismo complot. Los jueces (como los militares) han dado bastantes muestras de su animadversión con la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno del Estado, al cual desafían continuamente. Para no asumir la responsabilidad de los efectos epidemiológicos que puede tener obligar a hacer las elecciones el 14 de febrero, los jueces del TSJC han puesto la pelota en el tejado del ministro de Sanidad. Han venido a decir que si hace falta tomar medidas más restrictivas que justifiquen el aplazamiento electoral corresponde al Gobierno del Estado, es decir al ministro de Sanidad, tomar las decisiones oportunas. Teniendo en cuenta que los epidemiólogos, los infectólogos y todos los expertos sanitarios han recomendado unánimemente el aplazamiento electoral, la responsabilidad del ministro Illa y del Gobierno Sánchez es enorme, porque afecta a Catalunya y antoda España. Si yo fuera Iván Redondo recomendaría a Illa elevar las restricciones y presentarlo como un sacrificio personal que demostraría que no actúa por interés electoral. Obtendría más rédito. En cambio, si como pronostican los expertos la pandemia está cerca de desbocarse, y Sánchez y Illa no han hecho nada para evitarlo, pasarán a la historia no por su buen gobierno ni por su honestidad política.