El presidente de Catalunya no debe dejar de ejercer nunca su papel. Así que, si viene a Catalunya el presidente del Gobierno, lo lógico es que le invite a visitar la Generalitat y hablar de todo lo que les preocupa. No se entiende la duda. Si viniera el presidente de cualquier otro país debería hacer lo mismo, pero es obvio que con mucha más razón si el visitante es el presidente español. Como ha publicado Ara, el 80% de los catalanes quiere un referéndum pactado con el Estado, así que el presidente de Catalunya no debe darse nunca por vencido y debe aprovechar todas las ocasiones que se presenten para hacer entender al presidente español esta realidad, y esto sea quien sea el presidente, llámese Pedro Sánchez, Pablo Casado o Santiago Abascal. Le va en el sueldo y en la responsabilidad democráticamente adquirida, por muy antipático que le resulte al interlocutor.
La hipotética reunión del presidente catalán con el presidente español a quien le complica la vida es sin duda a Pedro Sánchez, porque los adversarios de la derecha ya la están acusando de claudicar y los barones jacobinos del PSOE, abducidos por el ardor guerrero de sus rivales autonómicos, van a remolque. Seguramente por eso, Pedro Sánchez no estará muy dispuesto a celebrar el encuentro y menos en el Palau de la Generalitat. Al presidente Torra eso tampoco le debería preocupar más de la cuenta. Figura que es presidente de Catalunya y por lo tanto se haga donde se haga el encuentro será en su territorio y a él le corresponde llevar la iniciativa y ejercer de anfitrión. Más aún si como dice a menudo no piensa renunciar nunca al diálogo. Un diálogo, se entiende, con los representantes del Estado. ¿Con quién si no?.
Tampoco puede escaquearse el president de la Generalitat del encuentro con empresarios que ha convocado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. Cómo no va a asistir el presidente catalán a una reunión con los principales empresarios catalanes? Y en todo caso, con más razón habrá de estar allí si también va el presidente español. No ir no sólo sería hacerles un feo a los emprendedores, sería tanto como auto-excluirse como interlocutor principal de los agentes sociales del país. Sería como decir 'conmigo no hace falta que hablen, que no soy nadie', y entregar de facto toda la interlocución con los empresarios catalanes al Gobierno español. Si es cierto que el 80% de los catalanes quieren un referéndum pactado, seguro que entre los 600 empresarios habrá algunos que formen parte de ese 80%; e incluso algún valiente que se atreva a dar apoyo a los planteamientos del president, que Quim Torra no puede permitirse desaprovechar.
La protesta y la trampa
El viernes, aniversario de la victoria electoral soberanista, se celebra el Consejo de Ministros en Barcelona y diversas entidades y grupos políticos han convocado protestas. Desde el punto de vista soberanista e incluso desde el punto de vista estrictamente democrático, las protestas están justificadas. La represión, los encarcelamientos y el exilio de representantes legítimos y la actuación arbitraria de los poderes del Estado explican el ansia movilizadora, pero existe un riesgo enorme de caer en la trampa de la provocación.
El Estado necesita provocar la reacción violenta para justificar la represión. Y todos los Estados suelen infiltrar agitadores
Desde que comenzó la judicialización del conflicto político con Catalunya, todos los esfuerzos del Estado han estado dirigidos a inventar un relato de violencia que justificara la represión y las acusaciones de rebelión. Especialistas en seguridad aseguran que el dispositivo montado el 20 de septiembre del año pasado cuando la Guardia Civil irrumpió en la conselleria de Economia tenía todos los indicios de una provocación. Se aparcaron los coches en lugar visible con armas en su interior. No pasó nada porque la gente actuó pacíficamente, pero se utilizó aquella protesta para argumentar el tumulto y acusar y encarcelar a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Ese mismo día, dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía sitiaron la sede de la CUP en la calle Casp. No tenían orden judicial ni ningún juez ordenó el despliegue. Era evidente que buscaban una reacción violenta de los cupaires, que no se produjo en buena parte por la perspicacia y la inteligencia del exdiputado David Fernàndez, que supo liderar la resistencia pacífica sin caer en la trampa. El Estado necesita provocar la reacción violenta para justificar la represión. Y todos los Estados suelen infiltrar agitadores que saben dirigir y manipular a los militantes radicales más ingenuos e ignorantes para desacreditar las reivindicaciones más nobles.
Después de todas las multitudinarias manifestaciones soberanistas, ha quedado suficientemente demostrado que el movimiento independentista es pacífico, es no violento, una constatación fundamental para que los tribunales europeos hayan desautorizado los españoles, para que la prensa internacional denuncie la involución democrática española y para que diputados de todos los parlamentos de Europa hayan expresado su solidaridad. La principal preocupación de España es su descrédito internacional, por lo tanto necesita demostrar al mundo que el soberanismo catalán es violento. Así que quien el viernes pretenda derivar la protesta a actitudes violentas será porque sigue consignas ajenas al independentismo, dictadas por sus adversarios y obedecidas por los tontos más útiles al Estado.