La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová, ha exigido esta semana al estado español que se apresure a renovar el Consejo General del Poder Judicial y ha añadido que el CGPJ tendría que estar compuesto "por una parte de jueces que son elegidos por los jueces, y estos tendrían que ser la mayoría". No es la primera vez que Bruselas lo reclama. El antecesor de Jourová, Didier Reynders, dijo lo mismo el año pasado, poniendo énfasis en que "los jueces tienen que ser elegidos por los jueces". Como es sabido, entregar el control del tercer poder del estado al gremio judicial es la posición que defiende encarnizadamente el Partido Popular y utiliza este argumento tan bien visto en Europa para bloquear la renovación y mantener la correlación de jueces conservadores que tan buen servicio hacen al PP ante sus múltiples casos de corrupción.

Parece que los dirigentes europeos no recuerdan o no quieren recordar que el sistema judicial español es una herencia casi intacta de la dictadura, porque la comisaria Jourová ha dicho lo que ha dicho la misma semana que se han publicado en ElMon.cat, en El País y en otros medios conversaciones del comisario Villarejo que, aparte de confirmar el escándalo de la llamada Operación Cataluña y las barbaridades cometidas por la también llamada policía patriótica, sirven para describir el funcionamiento de la justicia española. Preparaban la operación contra la familia Pujol y dice Villarejo al ministro del Interior: “He cenado con el juez Fernando Andreu en su casa. Y luego he hablado con Santiago Pedraz, con el decano [de los jueces]. Ellos a su vez han tocado a otros y están predispuestos a que se presente la denuncia adecuada...”. Se refiere, hay que subrayarlo, a una denuncia falsa. En otra conversación, el comisario añade: “Ayer hablé con Santiago Pedraz, el decano, que me dijo: 'No te preocupes que en todo caso, si no cae [la denuncia] a uno de los cuatro [jueces] que ya están tocados, abiertamente, lo que le voy a pedir a quien le caiga en el reparto es que antes de nada , por favor, hable con vosotros'”.

La sensación de que la justicia española está podrida y al mismo tiempo bunquerizada lleva a la conclusión de que la renovación del CGPJ no será suficiente. Que el problema es mucho más profundo, estructural, y requeriría alguna medida rupturista que de momento no se vislumbra

Estas conversaciones demuestran la existencia de un auténtico complot del Gobierno, organizado desde el Ministerio del Interior, pero que se veía capaz de incorporar a la causa jueces y fiscales muy dispuestos a colaborar. Se acusó injustamente a personas, se manipularon pruebas y se intervino para alterar el resultado de unas elecciones. Cuando el ministro exige garantías de que las reuniones con Villarejo quedarán en secreto, es porque sabe perfectamente que está cometiendo una ilegalidad y Villarejo graba la conversación para estar cubierto en caso de que la operación se acabe complicando.

Lo que se ha publicado es escandaloso, pero más escandaloso es todavía que no parece que tenga que tener consecuencias. Jorge Fernández Díaz tiene cuentas pendientes con la justicia, pero no consta ninguna implicación de jueces ni fiscales en sus procedimientos. Todavía es hora de que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, tome alguna iniciativa, ni que sea informativa. Por supuesto, ningún organismo competente, ni la Fiscalía, ni ningún juez ha actuado de oficio. Y los políticos de la oposición atacan a Feijóo por Fernández Díaz, pero con los jueces no se atreve nadie.

El president Montilla, que es un hombre cauto y que mide mucho sus palabras, admitió el otro día en el programa de Cuní que hay una mayoría conservadora en la judicatura que se afana por hacer caer el Gobierno de Pedro Sánchez. Era su interpretación, a raíz del cambio de criterio del Tribunal Supremo para revisar los indultos a los presos políticos catalanes. Sobra decir que volver a encarcelar a los condenados del procés supondría un drama colectivo en Catalunya, pero también un estruendo político para Sánchez. Lo que ha pasado es que el órgano de gobierno de los jueces ha modificado la composición de la sección quinta de la sala tercera del Tribunal Supremo para que tenga mayoría conservadora y un solo juez ha forzado el cambio de criterio. Montilla no llegó a decir tanto, pero es evidente que actuando premeditadamente contra el Ejecutivo, los jueces están alterando la voluntad democráticamente expresada de los ciudadanos y eso, se mire como se mire, es una especie de golpismo kelseniano. De hecho, toda la regresión en derechos y libertades que ha tenido lugar durante lo que llevamos de siglo ha sido preconizada por los gobiernos del PP, pero la han ejecutado los jueces imponiendo una interpretación perversa de las leyes y de la Constitución. Cuando la Transición, los militares pretendían ejercer su poder autónomamente sin someterse a la supremacía del poder civil. No lo consiguieron porque era imposible de homologar a la Europa de aquel tiempo desde el punto de vista democrático, pero los jueces sí que se han apropiado de poderes que no les corresponden para marcar el rumbo del país de acuerdo con su ideología. Lo hicieron con el Estatut, han abusado de mucha gente durante el procés, han exculpado de hechos escandalosos a representantes del PP, han condenado a los jóvenes de Altsasu y han tomado decisiones propias de médicos o de pedagogos para demostrar que ellos son los que mandan.

Ya veremos si el PP de Núñez Feijóo se presta a la renovación del CGPJ, convencido como está después de la victoria andaluza de que en el plazo de un año volverá a tener mayoría en el Congreso y entonces ya podrá colocar una vez más en lugares clave a los jueces que han hecho méritos. En todo caso, llegados a este punto, la sensación de que la justicia española está podrida y al mismo tiempo bunquerizada lleva a la conclusión de que la renovación del CGPJ no será suficiente. Que el problema es mucho más profundo, estructural, y requeriría de alguna medida rupturista que de momento no se vislumbra. Tampoco es bueno que los partidos lo decidan todo, sería necesario un cambio de sistema; pero al menos a los partidos los ha votado gente, que a los jueces, no. Sorprende, pues, que con tantas evidencias, la Comisión Europea distinga la falta de independencia de los jueces húngaros o polacos de los atropellos y los escándalos que protagonizan los jueces españoles. Como si fueran menos graves. O les falta información, o es que tienen demasiada.