En plena celebración partidista de los 40 años de la Constitución española —positivos sólo si los comparamos con los años negros de la dictadura y no en clave europea— debemos seguir tirando del hilo de los hechos y dibujar un panorama completo del período histórico que llega hasta hoy. No basta con las opiniones autocomplacientes y edulcoradas, sin crítica, no basta con la avalancha de opiniones interesadas, compradas por la propaganda del poder, de los que lo han tenido todo fácil, de los que han prosperado y se han instalado, y que se podría resumir con la famosa frase castiza: “España, casi ná”. Los 40 años del régimen de 1978 han sido bastante más que un camino de rosas, han sido también los años de la pervivencia del franquismo sociológico y de los valores de la ultraderecha españolista, como acabamos de constatar en los recientes resultados electorales de Andalucía. Pero que estas recientes noticias no nos hagan olvidar que el franquismo se ha mantenido y se ha desarrollado disimuladamente dentro de las principales instituciones del Estado nacionalista y autoritario. De las principales instituciones del Estado —fuerzas armadas y policiales, servicios secretos, judicatura— y del bipartito PP-PSOE que ha gobernado ininterrumpidamente durante cuatro décadas. No es una novedad de hoy mismo. La ideología españolera de Aznar, de Guerra, Corcuera, Leguina, Jiménez Losantos, Rosa Díez, Rodríguez Ibarra, Casado, Rivera, Arcadi Espada y de tantos otros nacionalistas españoles no es ninguna novedad ni ninguna sorpresa. Dominan el espacio comunicativo español y han hecho todo lo posible para homogeneizar la España plurinacional de siempre. El Estado español y los partidos que lo gobiernan han violentado y subvertido el orden constitucional cada vez que les ha convenido. Son precisamente los que se llenan la boca de democracia y de Constitución los que han sido los primeros en traicionarlas en nombre de la patria, porque tienen el convencimiento de que la unidad de España es un bien superior al sistema democrático. De modo que España sigue siendo una democracia imperfecta y, cuanto más tiempo pasa, se hace aún más imperfecta, vergonzosa. Por un lado, por ejemplo, ha habido una amplia libertad de prensa, efectivamente, pero, por otro, se han cerrado periódicos, como Egin, o se han secuestrado publicaciones. Hace pocos días, Esteban González Pons decía pomposamente que daría su vida por la libertad de expresión de los demás, olvidando que fue el PP el que hizo cerrar los repetidores de Tevetrès en València, lo que convierte sus declaraciones en una farsa. Desde los viejos tiempos de Vicente González Lizondo, cuando el PP valenciano descubrió qué fabulosa máquina de conseguir votos era el anticatalanismo, ha sido esta la estrategia implantada en toda España para ganar elecciones. El anticatalanismo o, lo que es lo mismo, el odio al diferente, al discrepante. No han faltado buenas palabras en cuarenta años, hemos tenido muchas buenas palabras, lo que han faltado son hechos, realidades sólidas en favor de la convivencia entre los españoles y los que no lo somos. La Constitución no rige para los catalanes cuando se le antoja al españolismo. En la práctica no tenemos igualdad ante la ley, ni derecho de reunión pacífica, ni derecho a la libertad de expresión, ni derecho a la información, ni derecho a una justicia desprovista de españolismo militante.

El hecho esencial es que la última Constitución española ha servido más para mantener privilegios, arbitrariedades y discriminaciones que para asegurar una auténtica convivencia entre los ciudadanos con pasaporte español. El pacto constitucional ha sido una estafa, como pudimos ver con el Estatuto recortado, como vemos cada vez que ganan las elecciones los que no quieren que las ganen. Sobre el papel todo es perfecto, pero solo sobre el papel, como cuando la Carta Magna consagra el derecho a la vivienda y, al mismo tiempo, vivimos más desahucios que nunca, algunos con víctimas mortales. La Constitución ha sido más un arma para la represión política, patrimonializada por el posfranquismo, que un marco de libertades y de diálogo, hecha más para el enfrentamiento interterritorial que no para la convivencia entre naciones. La ley de leyes proclama que vivimos en un Estado de derecho, pero la evidencia cotidiana han sido el autoritarismo y la represión ilegal, el espíritu permanente de los GAL. Con el GAL no es que España se pusiera al mismo nivel que ETA, sino muy por debajo. Y es que el GAL y la aplicación del artículo 155 sobre Catalunya, en definitiva, son lo mismo. Parten del mismo principio expeditivo: es la misma manera de manipular y de destruir la democracia, de retorcer y de despreciar la ley según convenga. Es la misma manera abusiva de gestionar el Estado, al margen de la legalidad democrática internacional. Tanto da que los adversarios del Estado utilicen la violencia o no, la respuesta es siempre la misma. El GAL fue terrorismo de Estado y el 155 terrorismo, de baja intensidad, afortunadamente sin víctimas, pero igualmente ha sido terrorismo de Estado. El famoso artículo 155 de la Constitución, en ningún caso, faculta al Ejecutivo de Madrid para aplastar ninguna autonomía tal como se hizo, pero que al final se hizo, siguiendo el principio de la impunidad y de los hechos consumados. Ningún representante electo puede ser privado de sus derechos políticos y, como hemos visto, es exactamente lo que sucedió y lo que sigue sucediendo. Lo mismo podríamos decir en tantos y tantos otros casos que nada tienen que ver con el conflicto independentista: la persecución de payasos, el ataque sistemático a las culturas españolas distintas de la castellana, el ensañamiento sobre ciudadanos como el rapero Valtònyc, hoy en el exilio solo por haber cantado canciones antisistema. Da igual que la Constitución española diga tal o cual cosa si, a la hora de la verdad, los intérpretes de la ley, abusando de la semántica y del sentido común, hacen decirle al texto exactamente lo que ellos quieren. A los legalistas de toda condición habría que recordarles que el papel todo lo sostiene y que George Orwell escribió para denunciar la manipulación del lenguaje en las dictaduras con apariencia de democracia.

¿Y qué decir del 11-M? ¿Y qué decir de los atentados de La Rambla y Cambrils? ¿Podemos estar seguros de que los servicios secretos españoles, la policía secreta, las cloacas del Estado, están completamente al margen? ¿Cómo se explica que el famoso imán de Ripoll fuera un confidente de la policía española y que se intentara ensuciar el buen nombre de los Mossos de l’Esquadra responsabilizándolos de negligencia durante los atentados? Un gran cínico como Miquel Iceta negaría de pies a cabeza lo que digo en este artículo. Pero es que él, recordémoslo, trabajaba en un cargo muy importante para la Presidencia del Gobierno del PSOE, a la sombra, durante los tiempos del GAL, y recientemente él ha sido uno de los principales organizadores de la aplicación del artículo 155 contra la Generalitat de Catalunya. Que tengan un excelente día. Y piensen realmente si esto de la Constitución española es tan admirable como dicen algunas personas harto imaginativas.