Dice el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias que España no es una democracia plena y se echan encima desde la parte del gobierno que no es de Unidas Podemos, o sea,  la socialista, hasta la amplia derecha del hemiciclo de las Cortes pasando por esa prensa irredenta de la capital española que evolucionó tecnológicamente pero su ideario se detuvo en los años del pensamiento reaccionario con la sacrosanta unidad, los rojos y la conspiraciones judeo-masónicas. Sucede, sin embargo, que Iglesias no es un tertuliano, ni un opinador, sino que está en un sitio -el Consejo de Ministros- en el que se deciden cosas, se aprueban leyes, se conceden o se bloquean indultos... Y eso es, en definitiva, más importante que hablar por las radios y las televisiones. Y tiene razón Iglesias en que España no es una democracia plena, bien que lo sabe el conjunto del independentismo catalán, y no lo será mientras el búnquer que controla el verdadero poder del Estado no sea desactivado y las leyes, y sobre todo su aplicación, tengan una mirada democrática y no retrógrada y represiva.

La detención este martes del rapero Pablo Hasél  por orden de la Audiencia Nacional y su inmediato ingreso en prisión tras una condena por la letra de sus canciones no solo es un escándalo monumental sino que es un ejemplo más de los déficits de calidad de la democracia española. La izquierda correrá -o, al menos, lo hará ver- para despenalizar este y otros delitos relacionados con la libertad de expresión en el marco de una reforma más amplia del Código Penal. Pero muy poca legitimidad tiene para estas propuestas cuando en el tiempo que lleva este ejecutivo al frente del gobierno de España bien poco ha hecho en esta dirección. Solo hace falta recordar que Valtònyc se fue a Bélgica en la primavera de 2018 para evitar pena de prisión de tres años también por la letra de unas canciones y allí sigue.

España es en muchos aspectos irreformable y pasan gobiernos de uno y otro signo y algunas cosas son intocables. La expresión coloquial "con la justicia hemos topado" no hace más que esconder la evidencia que hay demasiadas cosas a reformar en un estamento clave en cualquier estado. Aunque ya no es una novedad que España salga últimamente en la prensa internacional por noticias que tienen que ver con la falta de libertades, su posición intolerante, la impune libertad de actuación de la extrema derecha y la represión a los independentistas, este martes ha conseguido dar realmente la vuelta al mundo. Pero es que la semana pasada era el alto comisionado para la Política Exterior, Josep Borrell, el que estaba en todas las portadas del viejo continente por su choque con las autoridades de Moscú por los presos catalanes. Y el sábado pasado por las calles del centro de Madrid, en un homenaje  a la División Azul, se produjeron insultos y proclamas antisemitas con absoluta normalidad en una manifestación autorizada de fascistas hasta desembocar en el cementerio de la Almudena. Un hecho que ha aprovechado la embajada rusa en España para calificarlo de acto inaceptable.

No sé muy bien hasta cuándo podrá España seguir haciendo camino encima de tanta torpeza, desprestigio internacional y represión indiscriminada a sus ciudadanos. Y es que el guion parece escrito para no cambiar nunca y dejarlo todo tal como está. Cuando, este martes, a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo se le preguntó tras el Consejo de Ministros sobre el hecho de que en Catalunya el independentismo hubiera superado el 50% de los votos en las elecciones del domingo pasado, su respuesta, no por esperada, fue menos decepcionante: "Es un dato irrelevante, es igual el porcentaje porque nada va a cambiar". Y así es imposible cualquier diálogo y cualquier solución.