La visita de la consellera Laura Vilagrà a la Moncloa para reunirse con su homólogo Félix Bolaños ha servido para bien poca cosa, más allá de la pirotecnia dialéctica que suele acompañar este tipo de reuniones. Ningún avance en la agenda del Govern que se constituyó hace más de un año y que estaba basada en la amnistía, un referéndum acordado y el fin de la represión. Tampoco ninguna respuesta satisfactoria que permita pasar página al CatalanGate, el mayor escándalo de espionaje ilegal conocido en Europa y que solo podría pasar por la creación de una comisión de investigación independiente en el Congreso de los Diputados y la asunción de responsabilidades políticas. La famosa mesa de diálogo parece haber ido directamente a alguna de las hogueras de esta noche de Sant Joan ya que ninguno de los dos gobiernos tuvo especial interés en convocarla. La única concesión de la Moncloa a la Generalitat ha sido una reunión, sin fecha, cuando la agenda de Pedro Sánchez lo permita, con el president Aragonès. Una cita que la consellera Vilagrà situó antes de las vacaciones de verano y que, evidentemente, no ha timbrado como una carpeta urgente habida cuenta de que la solicitó el pasado 6 de mayo.

El hecho de que Vilagrà y Bolaños comparecieran ante la prensa separadamente y en sitios diferentes —la consellera, en la delegación de la Generalitat en Madrid y el ministro, en la Moncloa— ya daba una idea de la necesidad que tenían ambos de enviar mensajes distintos y de que no se estaba ante un gran anuncio a realizar. Y menos, positivo. Las vaguedades de Vilagrà resaltando que se tenía que trabajar en las garantías y que eran una condición mínima para restablecer el marco de negociación —que no ha existido nunca— y su insistencia en la agenda antirrepresiva no tuvieron una concreción. Sí, en cambio, la preocupación porque el Tribunal Supremo pueda modificar su doctrina respecto a los indultos concedidos por el Gobierno y, en concreto, a los presos políticos catalanes. Con demasiada antelación y potencia, la carpeta de los indultos ha reaparecido en el marco de un diálogo entre ambos gobiernos.

El ministro Bolaños, tocado como todo el gobierno español y el PSOE por los desastrosos resultados electorales del pasado domingo en Andalucía, utilizó el encuentro para hacer un ejercicio, así lo dijo, de estabilidad institucional y política, algo de lo que los socialistas van faltados en el Congreso de los Diputados. Y emitir el discurso vacío que el Gobierno utiliza para desactivar el movimiento independentista. Así, Bolaños repitió varias veces la necesidad de que se genere confianza entre Catalunya y España ya que la sociedad catalana está necesitada de acuerdos. Habló de la necesidad de un tiempo nuevo que mire al futuro y que proyecte nuevos acuerdos, y resaltó que en este marco nunca debe volverse a la tensión insoportable que se generó en Catalunya en 2017. En esta Catalunya idílica del futuro basada en una agenda autonómica, se podrá volver al liderazgo económico, a hablar de protección social y de inversiones estratégicas. Todos los conceptos son del ministro Bolaños y una copia de la agenda para la reconciliación de Pedro Sánchez.

Hasta aquí, en líneas generales, lo que dijeron unos y otros desde sus respectivos atriles. En la agenda oculta, además de los indultos, seguro que están los presupuestos generales del Estado para 2023. El gobierno español desea saber si se dan las condiciones para contar con Esquerra antes de abrir un melón para el que no sabe si cuenta con aliados pero que, en cambio, sí sabe que necesita que sean expansivos ante la crisis económica del próximo invierno. Mientras se abre esa vía, la Moncloa y los barones socialistas deberán evaluar si de cara a las elecciones municipales de mayo próximo la alianza de estos últimos años que tanta estabilidad  le ha dado al PSOE es el camino adecuado ante su retroceso electoral andaluz. Retroceso que proyecta en España una más que probable derrota electoral cuando se celebren los comicios  que han de decidir el próximo inquilino de la Moncloa.