"O povo é quem mais ordena" es uno de los versos más conocidos de Grândola, Villa Morena, el himno de la revolución portuguesa. Esta reivindicación de la soberanía popular es claramente un mensaje democrático. Decir que el pueblo es quien más manda es afirmar que solo es legítimo el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Pero de hecho, la idea de la soberanía popular es más que un ideal democrático. Que el pueblo es quien tiene el poder (se entiende, la mayoría, dado que siempre ha habido y habrá pluralismo) no es solo un principio de legitimación. Es una realidad más allá de los sistemas democráticos. También en sistemas no democráticos el pueblo es quien más manda, aunque no se le reconozca. Tiene siempre, en última instancia, la capacidad de decidir si obedece o no.
Lo que diferencia a los sistemas democráticos es la existencia de procedimientos para cambiar el gobierno de forma pacífica y aceptada por todo el mundo. Pero ni siquiera las dictaduras pueden mantenerse en el poder con una mayoría sostenida de la gente en contra. La revolución portuguesa es un buen ejemplo de ello, pero hay muchos más. Cuando la gente se subleva de forma masiva, no hay poder (democrático o autoritario) que se pueda imponer, ni por la fuerza.
Esta reflexión vale para el momento de incertidumbre sobre el futuro del "territorio en disputa" [Wikipedia dixit] denominado Catalunya. Después de la declaración de independencia y de la activación del art. 155 por parte del gobierno español, sabremos quién manda en función de quién intente dar órdenes y quién las obedezca. La teoría es fácil, pero la práctica admite grises y momentos de confusión.
La forma en que se ha activado el art. 155 por parte del Estado, anunciando que se convocan elecciones el primer día disponible, demuestra debilidad. El apoyo popular a la suspensión de la autonomía es tan minoritario que se han visto obligados a admitir que no pueden gobernar Catalunya desde Madrid ni nombrar un gobierno títere. Solo dos senadores catalanes de 24 han dado su apoyo. Ni un 10%.
El gobierno catalán fue escogido por los ciudadanos democráticamente, y la UE ha dicho públicamente que no se lo puede derribar a la fuerza. En Madrid han tenido que aceptar que solo se lo pueda sustituir pasando por las urnas. Existen muchas preguntas sobre la validez de las elecciones anunciadas para el 21 de diciembre, pero una lección es importante: después de todo lo que se ha dicho, no hay gobierno viable sin pasar por las urnas.
La otra reflexión que corresponde hacer es que, mirado con perspectiva, no hay alternativa posible al proyecto republicano. No sabemos si la República se consolidará ahora o más adelante. Lo que sabemos es que no se puede gobernar Catalunya contra la voluntad de los que la apoyan. Los independentistas han gobernado legítimamente hasta ahora y han proclamado la independencia. Y pase lo que pase seguirán dominando la inmensa mayoría del poder institucional (ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, etc.), las calles y el relato público.
Se ha dicho que la independencia no puede triunfar porque la sociedad está dividida al 50%, pero no es cierto. Catalunya no se puede gobernar contra los partidarios de la independencia. Pero ellos sí gobiernan y gobernarán siempre que se lo propongan y adopten las estrategias correctas. A diferencia de lo que pasa con el gobierno de Madrid, que tiene la oposición expresa y movilizada de una mayoría de catalanes, no todos los contrarios a la independencia se opondrán abiertamente. La suspensión de la autonomía tiene garantizada una resistencia masiva y mayoritaria. La República, no.
La República lo tiene difícil para imponerse a corto plazo. El reconocimiento internacional siempre requiere más tiempo del que hay disponible para desplegar la logística que necesita un nuevo estado. Hay que ver cuáles serán los próximos movimientos del Govern y del Parlament. A fin de que un estado exista, debe tener un gobierno que gobierne. A partir de ahí, hace falta que la gente lo obedezca. Y solo si tiene el reconocimiento interno, podrá pensar en obtener el de la comunidad internacional.
Que el gobierno español ponga unas elecciones encima de la mesa forma parte de las astucias que hasta ahora no le han funcionado. Comete otra vez el error recurrente de fiarlo todo a una división estratégica de los independentistas. Esta decisión no hace sino reconocer el poder que tienen. Sabemos que estas elecciones solo pueden escoger un gobierno legítimo si participa todo el mundo. Si los partidarios de la República participan con una estrategia unitaria, las ganarán. Si no lo hacen, y promueven el boicot, quedarán invalidadas.
Queda claro, pues, que tener una imprenta o una web donde publicar documentos no es ninguna fuente de autoridad. Quien más quien menos puede tener un diario oficial. El BOE y el DOGC, por ellos mismos, no tienen ningún poder. El pueblo es quien más manda.
Josep Costa es letrado y profesor asociado de Teoría Política a la UPF (@josepcosta)