¿Usted tenía previsto comprar "Grossa" o lotería de Navidad? Pues no hace falta, es mucho mejor jugar a la loto TSJ. Diversión y emoción asegurados gracias a los diversos Tribunales Superiores de Justicia de cada autonomía que deciden aprobar o no el pasaporte COVID dependiendo de su propio pojyocreoque de cada uno. Un gobierno decide obligar a los ciudadanos que quieren entrar en ciertos establecimientos a presentar un documento que confirme que están vacunados y un TSJ dice pojyocreoque sí y el del lado dice pojyocreoque no. Hombre, la ley es interpretable, pero no estaría de más que en una cuestión tan evidente como esta todo el mundo la interpretara de la misma manera. Incluso por elegancia.
Ya era muy curioso que la justicia tuviera que decidir sobre cuestiones relacionadas con la salud pero, va, aceptamos pulpo como animal de compañía. Y, como que la cosa va de dejar de ejercer algunos derechos, que este llamado pasaporte pase por la ley. Ahora bien, aparte de hacerlo bien y con un criterio, se trataría de no acabar redactando cosas excesivamente extrañas. Pero no. Eso es imposible. Volvemos a encontrarnos con el número de la cabra que da vueltas encima de una escalera plegable mientras un señor toca la trompeta con una mano y un teclado con la otra.
Sí, claro que hablo de la argumentación del juez del TSJ del País Vasco para negar que a los clientes de bares y restaurantes les pregunten si se han vacunado o no. El señor habla de los "derechos fundamentales afectados" citando los de igualdad e intimidad, el de reunión, el de libertad ambulatoria y... ¡ATENCIÓN!... "las libertades de expresión y creación artística por ejemplo cuando de Karaokes (sic) se trata e incluso, en la medida que en estos establecimientos se desarrolla la vida social del individuo, personal y colectivamente según los casos, se puede afectar al libre desarrollo de la personalidad, eso es, uno de los pilares del orden político y de la paz social". ¡Ojo! Esto lo ha escrito, textualmente, un juez para negar desde el punto de vista jurídico el pasaporte Covid. Una vez más siento mucho no poder calificar esta ocurrencia porque ningún idioma, ni de los existentes en la Tierra ni en ningún otro planeta descubierto o por descubrir, tiene un adjetivo para definirla.
Total, que aquí todo tiene que pasar por la justicia. La salud, las pandemias y... ¡como se debe enseñar en las escuelas! ¿Cuántas horas de matemáticas tienen que recibir nuestros hijos? ¿Y de química? ¿Y de lengua? Pues eso lo tiene que decidir un juez. Ahora el Supremo confirma que el 25% de las clases tienen que ser en castellano. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. ¿Y con qué criterio? Con el del pojyocreoque, también conocido como "los cuñados al poder". Que, ya se lo digo ahora, en algunas aulas de algunos lugares ya nos gustaría a muchos que el 25% de las clases fueran en catalán. ¿Dónde se tiene que firmar?
Pues nada, que si me lo permite voy a mirar si tengo algún auto judicial que me diga qué tengo que comer mañana y a qué hora, en qué idioma tengo que hablar y si tengo que ir al Karaoke (con mayúscula) a desarrollar mi personalidad en nombre de la paz social y si como solista o haciendo un dúo con la cabra del señor de la trompeta.