El juego de las parejas

“¡Debemos aplicarnos a nosotros mismos las mismas normas que aplicamos a los demás; en realidad, unas más estrictas.”
Noam Chomsky

Hoy me he propuesto entretenerles. Así que voy a proponerles un juego. Las soluciones, como es tradición, al final. Seguro que todos han jugado alguna vez de niños a un juego de parejas. A mí me encantaba el de las familias, en el que había parejas, parejas de abuelos, de padres, de tíos y de hijos —dame abuelo japonés, te robo padre esquimal...—. No quedarte con cartas sueltas era el reto.

Lo de las parejas está montando mucho revuelo últimamente. La necesidad o no de investigar a los políticos por las actividades de sus parejas. Si uno lee aquí y allí, acaba por pensar que la idea general es que esas investigaciones y las responsabilidades derivadas dependen para cada uno de si el afectado es de su bando o no. Eso es lo que no puede ser. Los listones judiciales, políticos, éticos o estéticos pueden ser discutibles y hasta pueden variar, pero deben ser únicos y comunes para todos; lo contrario es arbitrariedad, hooliganismo y falta de seriedad democrática. El listón es para todos.

Por eso voy a proponerles este juego. Les voy a retar a una cata a ciegas democrática. Pretendo que de cada caso que les voy a dar decidan si es preciso explicarlo, si el político concernido debería dimitir y si la justicia debe investigarlo. Así, a lo loco, sin saber si beneficia a unos u a otros. Las soluciones, ya digo, al final.

CASO 1.- Funcionarios benefician el prestigio de un político del que depende su organismo público con un acto administrativo. Se duda si el cargo beneficiado ha pretendido ese favor, si ha habido una demanda directa o indirecta para que los funcionarios prevariquen a su favor.

CASO 2.- Un político es pillado haciendo trampa en uno de los actos con repercusión administrativa que ha llevado a cabo. No es un acto que afecte ni al servicio público ni a dinero público.

CASO 3.- Imputan a los subordinados de un político en un juzgado y en el transcurso de la investigación judicial se sospecha que él mismo se vea comprometido. No hay pruebas aún de si conocía o no de las actividades delictivas.

CASO 4.- Imputan a los subordinados de un político y se duda de si el comportamiento anómalo de estos ha tenido como objeto hacerle un favor. Inicialmente se desconoce si había dado instrucciones para beneficiar a uno de los implicados, que es su pareja y que luego resultó condenado por un comportamiento grave.

CASO 5.- Un político tiene una pareja que ostenta un cargo en un organismo público para el que no tiene cualificación. Este cargo según la normativa sólo puede obtenerse de forma excepcional con una decisión razonada del funcionario de máxima autoridad. No se conoce esa justificación. La pareja del político realiza además actividades con personas físicas o jurídicas que luego han obtenido beneficios del órgano por él regido. No hay explicaciones sobre el nivel de conocimiento del político afectado.

CASO 6.- Un político tiene una pareja que ha sido imputado por un asunto que, en principio, no tiene que ver con su cargo aún cuando alguna de sus actividades profesionales, que no figuran en ese procedimiento, sí podrían estar relacionadas con empresas que contratan con esa administración.

CASO 7.- Un político ha tenido un problema de índole administrativa y no penal doce años antes de llegar al cargo que quedó solventado. Sólo es conocido públicamente cuando llega al poder.

CASO 8.- Un político participa en una operación internacional acorde con su cargo que es denunciada como ilegal cuando se conoce. Una investigación judicial acaba por abrirse al respecto. Un tiempo después se cierra sin que haya delito.

CASO 9.- Un político lleva a cabo acciones que benefician a un conocido con contratos. La investigación judicial se acaba dirigiendo contra él y, finalmente, llega el momento de sentarse en el banquillo.

La refriega de acusaciones actual, las comisiones de investigación que serán un circo y tantas cosas sólo tienen como objeto desgastar al opositor y evitar condenar al propio

El juego empieza ya: ¿en cuál de los casos el político debe asumir responsabilidades políticas? ¿En cuál de ellos debe iniciarse una investigación judicial que afecte al propio político? ¿Debe dimitir este por el mero hecho de ser investigado y en qué casos? ¿Debe dimitir por las actividades de su pareja y en qué casos?

No conozco su respuesta, pero ya les digo que en España hay personas que entre casos muy similares sólo ven el pecado cuando los protagonistas no son de su misma idea política. Con este juego pretendo demostrar que si uno no conoce los nombres, acaba aplicando la razón. La refriega de acusaciones actual, las comisiones de investigación que serán un circo y tantas cosas sólo tienen como objeto desgastar al opositor y evitar condenar al propio. Una vergüenza que se convierte en costumbre.

Les voy a dar más pistas: en el caso 1 se forzó una dimisión, en el caso 2 hubo dimisión, en el caso 3 hubo una expulsión, en el caso 4 hubo dimisión y ahora se pretende que no debió producirse, en el caso 5 no hay ni investigación ni explicación ni dimisión, en el caso 6 hay explicación pero increíble; en el caso 7 hubo dimisión; en el caso 8 hubo cese y en el 9 también se separó del cargo al afectado.

No sé si habrán acertado, pero podrán ahora comprobar que perdieron el cargo García Laya (8), que resultó luego exonerada, y Laura Borràs (9), y que fueron forzados a dimitir por su partido Cifuentes (1), la ministra Montón (2), el ministro Màxim Huerta (7) y Mónica Oltra (4), y expulsado del partido Ábalos (3), mientras que no ha sucedido nada ni parece que vaya a suceder con Ayuso (6) ni con Sánchez (5). Esto arroja un alto índice de responsabilidad política de la ministra que plagió parte de un trabajo de máster, del ministro que tuvo una multa de Hacienda doce años antes o de la que llevó a cabo una decisión de diplomacia y de gobierno, como era acoger al líder del Frente Polisario herido. Sólo se cae cuándo y cómo quieren los compañeros de partido o de gobierno y que la actitud varía desde mantener imputados hasta la apertura de juicio oral al empujón cuando ni siquiera hay procedimiento judicial como en el caso de Ábalos, primero cesado y luego expulsado del partido.

Seguro que ustedes han optado porque la investigación se produzca en todos los casos y porque no se espere al banquillo para hacer salir de las listas al candidato. Esto es lo que sucedió con Mónica Oltra, a la que no quedaba más remedio que investigar y a la que no se podía llamar a declarar sino como imputada. Ahora sus fans pretenden que se trata de un caso de lawfare porque el juez ha decidido sobreseer una vez llevadas a cabo todas las diligencias de investigación. Así debe funcionar la justicia y no lo ha hecho mal. Extraer frases sueltas de un auto en el que el propio juez afirma que sin la declaración de Oltra no hubiera podido nunca atar los cabos de lo sucedido, no es de recibo. Fue su partido el que la empujó a irse. Su gestión como consejera a cargo de los centros de menores tampoco queda muy lucida porque a la menor de 14 años abusada por su entonces marido no la creyeron y por ellos el delito sexual hubiera quedado impune, mientras que la policía, con una mera conversación en la calle con la niña, puso en marcha un protocolo que acabó con la condena firme del abusador.

Un solo listón. Uno para todos. Y que el único anillo que lo gobierne sea la objetividad.